La primera vez que se reunieron el entonces ministro del Interior, el socialista José Antonio Alonso, y el recién nombrado director general de Tráfico, Pere Navarro, fue allá por 2004. El titular de Interior le hizo tres encargos muy claros: acaba con las enormes colas que hay en la sede de Tráfico en la madrileña calle de Arturo Soria, reduce el número de fallecidos en siniestros de seguridad vial y pon en marcha el permiso por puntos. Este último era “una prioridad absoluta” del Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero recién llegado al poder. A partir de ahí, Navarro y todo el equipo de la Dirección General de Tráfico (DGT) se pusieron a trabajar contra el reloj para sacarlo adelante. Fueron necesarios 18 meses para que entrara en vigor. De aquel 1 de julio de 2006 han pasado ya 20 años. “En ese tiempo hemos salvado más de 10.000 vidas. No sabemos quiénes son y ellos no saben que les hemos salvado, pero lo cierto es que podríamos ser cualquiera de nosotros”, afirma con contundencia Navarro.
La velocidad, las distracciones, el alcohol y las drogas, saltarse el semáforo rojo y el no utilizar el cinturón o el casco, principales infracciones sancionadass en estas dos décadas
La primera vez que se reunieron el entonces ministro del Interior, el socialista José Antonio Alonso, y el recién nombrado director general de Tráfico, Pere Navarro, fue allá por 2004. El titular de Interior le hizo tres encargos muy claros: acaba con las enormes colas que hay en la sede de Tráfico en la madrileña calle de Arturo Soria, reduce el número de fallecidos en siniestros de seguridad vial y pon en marcha el permiso por puntos. Este último era “una prioridad absoluta” del Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero recién llegado al poder. A partir de ahí, Navarro y todo el equipo de la Dirección General de Tráfico (DGT) se pusieron a trabajar contra el reloj para sacarlo adelante. Fueron necesarios 18 meses para que entrara en vigor. De aquel 1 de julio de 2006 han pasado ya 20 años. “En ese tiempo hemos salvado más de 10.000 vidas. No sabemos quiénes son y ellos no saben que les hemos salvado, pero lo cierto es que podríamos ser cualquiera de nosotros”, afirma con contundencia Navarro.
España se situaba en 2004 en la cola de la siniestralidad vial de Europa, con una media de más de 11 muertos al día en las carreteras y en las calles, lo que arrojaba una cifra escalofriante: 128 fallecidos por cada millón de habitantes al año. En esa época hacerse un viaje entre Madrid y Alicante en menos de tres horas a toda velocidad estaba bien visto y los conductores que lo lograban no dudaban en vanagloriarse de ello en público. La mitad de los países europeos ya había implantado el permiso por puntos con unos resultados positivos, pese a tener un marcado carácter sancionador. El equipo de la DGT y el propio Navarro se fijaron como modelo en Francia, que lo aprobó en 1992.
Un punto importante es que se pedía al conductor que fuera responsable de sus actos. El pago de una sanción de tráfico no resultaba suficiente, ya que, una vez que se hacía efectivo, los infractores podían seguir al volante. Eso no ocurre con el permiso por puntos, dado que su pérdida obliga a pasar cursos para recuperarlos o examinarse de nuevo ante Tráfico. “Hubo un cambio importante. Antes parecía que la responsabilidad de la seguridad vial solo recaía en la Administración. Entonces le dijimos a los conductores que tenían que ser responsables de sus puntos y de la confianza que la sociedad había depositado en ellos. Si lo hacían mal, tendrían que examinarse de nuevo. Pasamos esa responsabilidad al conductor para que conservara los puntos”, destaca Navarro.
El carné por puntos fue aprobado el 29 de junio de 2005 en el Congreso de los Diputados por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. Votaron a favor 310 congresistas y se opusieron 7, los del PNV. Esta formación alegó que se oponía por “cuestiones competenciales”. Fuentes consultadas por EL PAÍS reconocen que en actualidad sería casi imposible aprobarlo, dada la situación política de confrontación continua que se vive en sendas Cámaras y la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. El gran consenso que se mostró con la salida del proyecto de ley en aquel 2005 se ha echado en falta el pasado 18 de marzo, cuando el PP, Vox, Junts y UPN rechazaron la reducción de la tasa de alcoholemia a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre, recuerdan esas fuentes.
Desde un principio, el Gobierno intentó que el nuevo permiso entrara en vigor el 1 de enero de 2006, pero, según llegaba la fecha, se vio que iba a resultar muy precipitado. Se optó entonces por retrasarlo y hacer una gran campaña de comunicación, de forma que todos los conductores estuvieran bien informados de su puesta en marcha. El 1 de julio de aquel año, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se fue a pie de carretera en Gajano (Cantabria) para informar en persona a los conductores del inicio del nuevo permiso. Igual hicieron los delegados y subdelegados del Gobierno en sus respectivas comunidades y provincias.
20 millones de sanciones
Desde su puesta en marcha se han impuesto más de 20 millones de sanciones que han conllevado la pérdida de puntos, de los 15 con los que cuenta cada conductor.. A la cabeza de las denuncias que más puntos detraen se encuentran los excesos de velocidad, seguidos de las distracciones al volante, el consumo de alcohol y drogas, el saltarse el semáforo en rojo y el no llevar puestos el cinturón de seguridad o el casco. El alto número de puntos por la velocidad se ha visto favorecido por la instalación de radares fijos y de tramo (914 en la actualidad) desde entonces. En el caso de los semáforos, se trata de una competencia de los ayuntamientos que, en el caso de las grandes ciudades como Madrid, están haciendo subir esa retirada de puntos.
Entre 2006 y 2024 —último año con los datos consolidados—, los excesos de velocidad han supuesto la pérdida de más de 24 millones de puntos. Le siguen el alcohol (9 millones), el semáforo en rojo (8,5), el uso del teléfono móvil y el no utilizar el cinturón o los sistemas de retención infantil (unos 7 millones, cada uno). Mucho más lejos están la ingesta de drogas (2,5), el no detenerse en un stop o no ceder la prioridad de paso (2,2) y la conducción temeraria (1,1).
España ha mutado en estas dos décadas y se encuentra a la cabeza de seguridad vial en Europa. Se ha convertido en un referente a nivel continental y en Latinoamérica, según fuentes de la DGT. Ahora, de media, pierden la vida al día tres personas en siniestros viales. La tasa es de 37 muertos por cada millón de habitantes, según datos de 2024 —los últimos consolidados disponibles—. Eso sí, pese a que los datos son mejores que hace 20 años, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha tachado de “inasumible” esta cifra cuando ha presentado los balances anuales de fallecidos en las carreteras.
El permiso por puntos ha sufrido pocas modificaciones desde su entrada en vigor. Se eliminó el detraer puntos a los conductores que aparcaban en el carril-bus, al constatar que muchas veces no tenían otra alternativa para que subieran y bajaran personas o para descargar mercancías. Lo que sí se ha añadido es el uso del teléfono móvil mientras se conduce, una infracción que ha causado miles de muertes. Supone retirar de un plumazo seis puntos, igual que si se han consumido drogas, el negarse a hacer la prueba de alcoholemia o de estupefacientes o el arrojar objetos —colillas, sobre todo— que puedan causar incendios, entre otras.
“Goza de buena salud”
Pere Navarro, director general durante su puesta en marcha y en la actualidad, considera que el permiso por puntos “goza de buena salud” y que en principio no necesita ninguna revisión ni actualización: “Creamos un sistema igualitario y se demostró que, si al ciudadano le explicas bien las cosas, responde. Eso nos ha permitido pasar de estar a la cola de Europa con más de 5.000 muertos en siniestros viales al año a ser un referente en nuestro entorno y tener 1.785 fallecidos en 2024”. Navarro también defiende que en España “somos imaginativos y creativos”: “Aquí hemos mejorado el permiso por puntos y hemos inventado la cerveza 0,0 y la baliza V-16″.
El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Mario Sanz Fernández-Vega, coincide con el director general y califica el permiso por puntos como “un instrumento fundamental para la seguridad vial”, junto con la protección penal de los delitos contra la seguridad vial por la conducción tras la pérdida de esos puntos. Y lo afirma, según confiesa, “sin ánimo triunfalista”. “Habría que estudiar si cambiamos el número de puntos que se detraen por ciertas infracciones o si introducimos otras infracciones que lleven aparejada la retirada de puntos”, concluye.
Las asociaciones de víctimas también se han mostrado siempre muy a favor de su implantación y de los resultados que han arrojado en estos años. Entre ellas se encuentra la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme). Para su directora, Mar Cogollos, el permiso por puntos “ha sido una de las herramientas más eficaces para mejorar la seguridad vial en España”: “Ha contribuido a reducir conductas de riesgo y ha ayudado a trasladar a la sociedad un mensaje fundamental: conducir es una responsabilidad”. Su asociación participa, desde 2006, en los cursos de recuperación de puntos aportando el testimonio directo de víctimas de siniestros viales. “Su objetivo no ha sido únicamente sancionar las infracciones, sino fomentar un cambio de actitud entre los conductores, premiando los comportamientos seguros y promoviendo la reeducación de quienes han perdido puntos. Como resultado, la forma de conducir de los españoles ha evolucionado hacia una mayor prudencia, con un mayor respeto por normas como el uso del cinturón, una menor aceptación social del consumo de alcohol al volante y una percepción más clara de los riesgos asociados al exceso de velocidad o al uso del teléfono móvil mientras se conduce”, concluye Cogollos.
La Dirección General de Tráfico dispone del teléfono 018 para atender a víctimas de siniestros viales. Ofrece información, orientación y acompañamiento a las víctimas y a sus familiares. Es gratuito, accesible, con cobertura nacional y está atendido en más de 50 idiomas. Funciona entre las 8.00 y las 21.00 todos los días de la semana. También se puede contactar por WhatsApp en el número 645 713 823, en el correo victimastrafico@dgt.es o en la página de la DGT.
