Los fondos de inversión en instalaciones renovables que desde hace años litigan con España para cobrar las compensaciones millonarias que les reconoció la Corte de Arbitraje Internacional del Ciadi pero que el Gobierno se niega a pagar han encontrado un filón en los tribunales belgas. Según fuentes de los fondos afectados, la Justicia belga ha resuelto bloquear el pago de 482 millones de euros desde la agencia europea de navegación aérea, Eurocontrol, al gestor estatal español, Enaire, en prenda por las compensaciones no abonadas por el Estado español al fondo de inversión en renovables domiciliado en Malta, Opera Fund, al que un laudo arbitral reconoció en 2019 el derecho a recibir 29,3 millones de euros en concepto de resarcimiento por la derogación unilateral de las primas a la generación de energía renovable que se les habían prometido cuando decidió invertir en España.No es la primera vez que los tribunales belgas aprueban bloquear el pago de los derechos de vuelo que Eurocontrol abona regularmente a Enaire por las tasas que la empresa estatal española factura a las aerolíneas a cuenta de los servicios de navegación en ruta y aproximación a los aeropuertos que les presta, pero que recauda la agencia europea. El pasado mes de julio un tribunal de primera instancia ya embargó 197 millones de euros de esas tasas a instancias de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, también con el objetivo de cobrar el laudo que se le adeuda.Noticia Relacionada editorial opinion No España, en el podio de los países con laudos impagados Editorial En el tablero de la seguridad jurídica y la credibilidad exterior, el coste de no cumplir es mucho más alto que el monto de la sanciónEn este ocasión, la Justicia belga ha autorizado el embargo de esos 482 millones también en garantía de la compensación que Opera Fund reclama a España, tras considerar que se trata de una vía adecuada y legítima para conseguir el cobro de esa compensación que el Estado español se niega a asumir.Las fuentes consultadas revelan que los representantes jurídicos del fondo maltés han decidido recurrir a la vía del embargo , cansados de esperar el cumplimiento del laudo dictado por el Ciadi, y que presentaron demandas ante tribunales de varias jurisdicciones con la esperanza de que se ordenara el embargo de bienes y activos del Estado español hasta que se hiciera efectiva esa compensación. En este caso la Justicia belga ha entrado al ser Eurocontrol una agencia que opera dentro de su jurisdicción.¿Qué son los derechos de vuelo? La decisión de la Justicia belga suspende el cobro por parte de Enaire de los llamados derechos de vuelo, que son las tasas que los gestores nacionales de navegación aérea facturas a la aerolíneas por los servicios de navegación en ruta y aproximación que les prestan, pero que se ingresan en la agencia europea, Eurocontrol. Esa recaudación centralizada es la que ha permitido a los acreedores instar el embargo de esos fondos.Desde hace unos meses los fondos acreedores de España han optado por acudir a la vía del embargo de bienes para hacer efectivos los laudos pendientes de pago, que según los últimos datos oficiales disponibles ascienden a 1.754,7 millones de euros y afectan a 27 empresas que en su día invirtieron en el sector renovable español atraídos por las primas que garantizaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.El Gobierno esquiva el pago amparado en un criterio asentado hace no demasiado tiempo por la Comisión Europea, que entiende que los conflictos entre compañías europeas deben resolverse según la legislación europea y no a través de arbitrajes comerciales internacionales. Se da la circunstancia de que la mayoría de las empresas y fondos que invirtieron en renovables en España lo hicieron desde establecimientos radicadas en Europa, aunque se tratara de firmas de capital ajeno a la Unión Europea.El choque de legitimidades, ya que España era firmante de la Carta de la Energía y por tanto está sujeto a las jurisdicción de las cortes arbitrales, está haciendo que tribunales de Estados Unidos, Australia o el Reino Unido estén reconociendo el derecho de los afectados a cobrar e inflando una factura que según el último cálculo realizado por la IGAE podría suponer a las arcas del Estado un perjuicio de más de 2.000 millones de euros. Los fondos de inversión en instalaciones renovables que desde hace años litigan con España para cobrar las compensaciones millonarias que les reconoció la Corte de Arbitraje Internacional del Ciadi pero que el Gobierno se niega a pagar han encontrado un filón en los tribunales belgas. Según fuentes de los fondos afectados, la Justicia belga ha resuelto bloquear el pago de 482 millones de euros desde la agencia europea de navegación aérea, Eurocontrol, al gestor estatal español, Enaire, en prenda por las compensaciones no abonadas por el Estado español al fondo de inversión en renovables domiciliado en Malta, Opera Fund, al que un laudo arbitral reconoció en 2019 el derecho a recibir 29,3 millones de euros en concepto de resarcimiento por la derogación unilateral de las primas a la generación de energía renovable que se les habían prometido cuando decidió invertir en España.No es la primera vez que los tribunales belgas aprueban bloquear el pago de los derechos de vuelo que Eurocontrol abona regularmente a Enaire por las tasas que la empresa estatal española factura a las aerolíneas a cuenta de los servicios de navegación en ruta y aproximación a los aeropuertos que les presta, pero que recauda la agencia europea. El pasado mes de julio un tribunal de primera instancia ya embargó 197 millones de euros de esas tasas a instancias de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, también con el objetivo de cobrar el laudo que se le adeuda.Noticia Relacionada editorial opinion No España, en el podio de los países con laudos impagados Editorial En el tablero de la seguridad jurídica y la credibilidad exterior, el coste de no cumplir es mucho más alto que el monto de la sanciónEn este ocasión, la Justicia belga ha autorizado el embargo de esos 482 millones también en garantía de la compensación que Opera Fund reclama a España, tras considerar que se trata de una vía adecuada y legítima para conseguir el cobro de esa compensación que el Estado español se niega a asumir.Las fuentes consultadas revelan que los representantes jurídicos del fondo maltés han decidido recurrir a la vía del embargo , cansados de esperar el cumplimiento del laudo dictado por el Ciadi, y que presentaron demandas ante tribunales de varias jurisdicciones con la esperanza de que se ordenara el embargo de bienes y activos del Estado español hasta que se hiciera efectiva esa compensación. En este caso la Justicia belga ha entrado al ser Eurocontrol una agencia que opera dentro de su jurisdicción.¿Qué son los derechos de vuelo? La decisión de la Justicia belga suspende el cobro por parte de Enaire de los llamados derechos de vuelo, que son las tasas que los gestores nacionales de navegación aérea facturas a la aerolíneas por los servicios de navegación en ruta y aproximación que les prestan, pero que se ingresan en la agencia europea, Eurocontrol. Esa recaudación centralizada es la que ha permitido a los acreedores instar el embargo de esos fondos.Desde hace unos meses los fondos acreedores de España han optado por acudir a la vía del embargo de bienes para hacer efectivos los laudos pendientes de pago, que según los últimos datos oficiales disponibles ascienden a 1.754,7 millones de euros y afectan a 27 empresas que en su día invirtieron en el sector renovable español atraídos por las primas que garantizaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.El Gobierno esquiva el pago amparado en un criterio asentado hace no demasiado tiempo por la Comisión Europea, que entiende que los conflictos entre compañías europeas deben resolverse según la legislación europea y no a través de arbitrajes comerciales internacionales. Se da la circunstancia de que la mayoría de las empresas y fondos que invirtieron en renovables en España lo hicieron desde establecimientos radicadas en Europa, aunque se tratara de firmas de capital ajeno a la Unión Europea.El choque de legitimidades, ya que España era firmante de la Carta de la Energía y por tanto está sujeto a las jurisdicción de las cortes arbitrales, está haciendo que tribunales de Estados Unidos, Australia o el Reino Unido estén reconociendo el derecho de los afectados a cobrar e inflando una factura que según el último cálculo realizado por la IGAE podría suponer a las arcas del Estado un perjuicio de más de 2.000 millones de euros.
Los fondos de inversión en instalaciones renovables que desde hace años litigan con España para cobrar las compensaciones millonarias que les reconoció la Corte de Arbitraje Internacional del Ciadi pero que el Gobierno se niega a pagar han encontrado un filón en los tribunales … belgas. Según fuentes de los fondos afectados, la Justicia belga ha resuelto bloquear el pago de 482 millones de euros desde la agencia europea de navegación aérea, Eurocontrol, al gestor estatal español, Enaire, en prenda por las compensaciones no abonadas por el Estado español al fondo de inversión en renovables domiciliado en Malta, Opera Fund, al que un laudo arbitral reconoció en 2019 el derecho a recibir 29,3 millones de euros en concepto de resarcimiento por la derogación unilateral de las primas a la generación de energía renovable que se les habían prometido cuando decidió invertir en España.
No es la primera vez que los tribunales belgas aprueban bloquear el pago de los derechos de vuelo que Eurocontrol abona regularmente a Enaire por las tasas que la empresa estatal española factura a las aerolíneas a cuenta de los servicios de navegación en ruta y aproximación a los aeropuertos que les presta, pero que recauda la agencia europea. El pasado mes de julio un tribunal de primera instancia ya embargó 197 millones de euros de esas tasas a instancias de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, también con el objetivo de cobrar el laudo que se le adeuda.
En este ocasión, la Justicia belga ha autorizado el embargo de esos 482 millones también en garantía de la compensación que Opera Fund reclama a España, tras considerar que se trata de una vía adecuada y legítima para conseguir el cobro de esa compensación que el Estado español se niega a asumir.
Las fuentes consultadas revelan que los representantes jurídicos del fondo maltés han decidido recurrir a la vía del embargo, cansados de esperar el cumplimiento del laudo dictado por el Ciadi, y que presentaron demandas ante tribunales de varias jurisdicciones con la esperanza de que se ordenara el embargo de bienes y activos del Estado español hasta que se hiciera efectiva esa compensación. En este caso la Justicia belga ha entrado al ser Eurocontrol una agencia que opera dentro de su jurisdicción.
¿Qué son los derechos de vuelo?
La decisión de la Justicia belga suspende el cobro por parte de Enaire de los llamados derechos de vuelo, que son las tasas que los gestores nacionales de navegación aérea facturas a la aerolíneas por los servicios de navegación en ruta y aproximación que les prestan, pero que se ingresan en la agencia europea, Eurocontrol. Esa recaudación centralizada es la que ha permitido a los acreedores instar el embargo de esos fondos.
Desde hace unos meses los fondos acreedores de España han optado por acudir a la vía del embargo de bienes para hacer efectivos los laudos pendientes de pago, que según los últimos datos oficiales disponibles ascienden a 1.754,7 millones de euros y afectan a 27 empresas que en su día invirtieron en el sector renovable español atraídos por las primas que garantizaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Gobierno esquiva el pago amparado en un criterio asentado hace no demasiado tiempo por la Comisión Europea, que entiende que los conflictos entre compañías europeas deben resolverse según la legislación europea y no a través de arbitrajes comerciales internacionales. Se da la circunstancia de que la mayoría de las empresas y fondos que invirtieron en renovables en España lo hicieron desde establecimientos radicadas en Europa, aunque se tratara de firmas de capital ajeno a la Unión Europea.
El choque de legitimidades, ya que España era firmante de la Carta de la Energía y por tanto está sujeto a las jurisdicción de las cortes arbitrales, está haciendo que tribunales de Estados Unidos, Australia o el Reino Unido estén reconociendo el derecho de los afectados a cobrar e inflando una factura que según el último cálculo realizado por la IGAE podría suponer a las arcas del Estado un perjuicio de más de 2.000 millones de euros.
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