El expediente que la Comisión Europea abrió a España por la capacidad de veto del Gobierno en fusiones bancarias , justamente después de que interviniera de esa manera en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell , cayó como un jarro de agua fría en el Ejecutivo . El Ministerio de Economía, para frenar una posible sanción futura, prometió a Bruselas que iba a abolir esa parte de la legislación bancaria pero, tres meses después y con la ventana de oportunidad de transposición de una directiva ya vencida, el compromiso no se ha cumplido. A finales de junio, el Consejo de Ministros prohibió durante tres años la fusión de BBVA y Sabadell , lo cual atacaba de lleno la línea de flotación del sentido de esa operación, que acabó fracasando. Aquello fue la gota que colmó el vaso en Bruselas, que menos de un mes después decidió incoar un procedimiento de infracción contra España. «La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE», señaló Bruselas, al tiempo que añadía que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales» .Noticia Relacionada estandar Si BBVA se enfocará en el crecimiento interno, pero sin cerrarse opciones Daniel Caballero El banco quiere finiquitar cuanto antes este capítulo y lanza guiños con la remuneración a sus accionistasBruselas menciona dos legislaciones. Por una parte, la de competencia se refiere a la capacidad que tiene el Ejecutivo de endurecer, mantener o suavizar las condiciones que fije la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en operaciones corporativas; por otra, la bancaria, que es la que expresamente dota al ministro de Economía de la facultad de poder vetar fusiones. Lo que hizo el Gobierno en la opa de BBVA fue utilizar la primera de esas normativas, pero ‘de facto’ estaba recurriendo también a la segunda.Bruselas denunció que los poderes de veto del Gobierno suponen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales»Ante la amenaza de sanción, a finales de octubre y ya con la opa fracasada, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo , se comprometió con Bruselas a cambiar la normativa doméstica para garantizar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial . Esta formulación intrincada con la que se pronunció el ministerio venía a significar que la autorización o no de operaciones recaería exclusivamente en los supervisores, eliminando así el poder de veto político. El Ejecutivo, eso sí, dejaba la puerta abierta a seguir pudiendo intervenir en operaciones corporativas en el seno del análisis de la CNMC, aunque la posibilidad de prohibir fusiones quedaría eliminada.Directiva sin transponerAsimismo, el Gobierno no solo está presionado por este procedimiento de infracción sino por la transposición de la directiva CRD VI , la cual tiene entre sus objetivos precisamente que la capacidad de autorizar o prohibir fusiones bancarias recaiga sobre los supervisores y no sobre los gobiernos. Esta norma debía estar transpuesta el pasado 11 de enero, pero el Ejecutivo no ha movido ficha. Hace algunos meses, el Ministerio de Economía señalaba que la transposición pasaría por Consejo de Ministros en pocas semanas, como publicó ABC, para después sacar la modificación legal a audiencia pública. Nada de eso ha ocurrido, incumpliendo la promesa expresa a Bruselas y también el plazo de transposición. Y lo cierto es que la directiva deja claras muchas cosas sobre la regulación bancaria. Esta directiva supone cierto cambio de paradigma en lo que se refiere a las autorizaciones de fusiones. La norma recoge que son los supervisores los que han de disponer de «todas las facultades necesarias» sobre las entidades de crédito y que por tanto son estos los que deben revisar las operaciones. El hecho de que esas facultades recaigan sobre el ministro de Economía es algo de lo que lleva años quejándose el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y más en términos generales, el propio BCE se ha mostrado a favor de que sean los supervisores los que tengan que evaluar las fusiones bancarias, tal como queda patente en el dictamen que emitió sobre la directiva CRD VI en 2022.El FMI y el BCE apoyan que la autorización o no de las fusiones bancarias recaiga exclusivamente en el supervisorTodo apunta y presiona a Carlos Cuerpo para que elimine su poder de veto en estas operaciones. Pero, por el momento, el Ministerio de Economía ha hecho caso omiso. Ahora mismo, fuentes del sector financiero tienen dudas de que esta modificación legal vaya a salir adelante en un periodo corto de tiempo y se resignan a que España mantenga la intervención política en las uniones entre bancos al menos por un tiempo más. Una de las principales razones que esgrimen en el sector para dudar de que esto vaya a salir adelante pronto es la fragmentación del Congreso y la falta de apoyo del Gobierno para sacar adelante cualquier normativa. Asimismo, añaden que acometer este cambio legal no sería rápido por la tramitación parlamentaria, con lo que podría extenderse la transposición de la directiva al final de la legislatura. Mientras tanto, el Gobierno deberá confiar en que Bruselas no avanzará con el procedimiento de infracción ni tomará medidas adicionales por no transponer a tiempo la citada directiva pero lo cierto es que, de no hacerse, España se expone a duras sanciones por parte de la Comisión Europea , como ha ocurrido en otros casos en que no se ha adaptado a tiempo la legislación comunitaria. Respecto al expediente, según ha podido comprobar ABC, en la Comisión Europea sigue abierto el procedimiento y no se prevé que se cierre hasta que el Ejecutivo saque adelante lo comprometido. El expediente que la Comisión Europea abrió a España por la capacidad de veto del Gobierno en fusiones bancarias , justamente después de que interviniera de esa manera en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell , cayó como un jarro de agua fría en el Ejecutivo . El Ministerio de Economía, para frenar una posible sanción futura, prometió a Bruselas que iba a abolir esa parte de la legislación bancaria pero, tres meses después y con la ventana de oportunidad de transposición de una directiva ya vencida, el compromiso no se ha cumplido. A finales de junio, el Consejo de Ministros prohibió durante tres años la fusión de BBVA y Sabadell , lo cual atacaba de lleno la línea de flotación del sentido de esa operación, que acabó fracasando. Aquello fue la gota que colmó el vaso en Bruselas, que menos de un mes después decidió incoar un procedimiento de infracción contra España. «La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE», señaló Bruselas, al tiempo que añadía que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales» .Noticia Relacionada estandar Si BBVA se enfocará en el crecimiento interno, pero sin cerrarse opciones Daniel Caballero El banco quiere finiquitar cuanto antes este capítulo y lanza guiños con la remuneración a sus accionistasBruselas menciona dos legislaciones. Por una parte, la de competencia se refiere a la capacidad que tiene el Ejecutivo de endurecer, mantener o suavizar las condiciones que fije la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en operaciones corporativas; por otra, la bancaria, que es la que expresamente dota al ministro de Economía de la facultad de poder vetar fusiones. Lo que hizo el Gobierno en la opa de BBVA fue utilizar la primera de esas normativas, pero ‘de facto’ estaba recurriendo también a la segunda.Bruselas denunció que los poderes de veto del Gobierno suponen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales»Ante la amenaza de sanción, a finales de octubre y ya con la opa fracasada, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo , se comprometió con Bruselas a cambiar la normativa doméstica para garantizar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial . Esta formulación intrincada con la que se pronunció el ministerio venía a significar que la autorización o no de operaciones recaería exclusivamente en los supervisores, eliminando así el poder de veto político. El Ejecutivo, eso sí, dejaba la puerta abierta a seguir pudiendo intervenir en operaciones corporativas en el seno del análisis de la CNMC, aunque la posibilidad de prohibir fusiones quedaría eliminada.Directiva sin transponerAsimismo, el Gobierno no solo está presionado por este procedimiento de infracción sino por la transposición de la directiva CRD VI , la cual tiene entre sus objetivos precisamente que la capacidad de autorizar o prohibir fusiones bancarias recaiga sobre los supervisores y no sobre los gobiernos. Esta norma debía estar transpuesta el pasado 11 de enero, pero el Ejecutivo no ha movido ficha. Hace algunos meses, el Ministerio de Economía señalaba que la transposición pasaría por Consejo de Ministros en pocas semanas, como publicó ABC, para después sacar la modificación legal a audiencia pública. Nada de eso ha ocurrido, incumpliendo la promesa expresa a Bruselas y también el plazo de transposición. Y lo cierto es que la directiva deja claras muchas cosas sobre la regulación bancaria. Esta directiva supone cierto cambio de paradigma en lo que se refiere a las autorizaciones de fusiones. La norma recoge que son los supervisores los que han de disponer de «todas las facultades necesarias» sobre las entidades de crédito y que por tanto son estos los que deben revisar las operaciones. El hecho de que esas facultades recaigan sobre el ministro de Economía es algo de lo que lleva años quejándose el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y más en términos generales, el propio BCE se ha mostrado a favor de que sean los supervisores los que tengan que evaluar las fusiones bancarias, tal como queda patente en el dictamen que emitió sobre la directiva CRD VI en 2022.El FMI y el BCE apoyan que la autorización o no de las fusiones bancarias recaiga exclusivamente en el supervisorTodo apunta y presiona a Carlos Cuerpo para que elimine su poder de veto en estas operaciones. Pero, por el momento, el Ministerio de Economía ha hecho caso omiso. Ahora mismo, fuentes del sector financiero tienen dudas de que esta modificación legal vaya a salir adelante en un periodo corto de tiempo y se resignan a que España mantenga la intervención política en las uniones entre bancos al menos por un tiempo más. Una de las principales razones que esgrimen en el sector para dudar de que esto vaya a salir adelante pronto es la fragmentación del Congreso y la falta de apoyo del Gobierno para sacar adelante cualquier normativa. Asimismo, añaden que acometer este cambio legal no sería rápido por la tramitación parlamentaria, con lo que podría extenderse la transposición de la directiva al final de la legislatura. Mientras tanto, el Gobierno deberá confiar en que Bruselas no avanzará con el procedimiento de infracción ni tomará medidas adicionales por no transponer a tiempo la citada directiva pero lo cierto es que, de no hacerse, España se expone a duras sanciones por parte de la Comisión Europea , como ha ocurrido en otros casos en que no se ha adaptado a tiempo la legislación comunitaria. Respecto al expediente, según ha podido comprobar ABC, en la Comisión Europea sigue abierto el procedimiento y no se prevé que se cierre hasta que el Ejecutivo saque adelante lo comprometido.
El expediente que la Comisión Europea abrió a España por la capacidad de veto del Gobierno en fusiones bancarias, justamente después de que interviniera de esa manera en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, cayó como un jarro de agua fría en … el Ejecutivo. El Ministerio de Economía, para frenar una posible sanción futura, prometió a Bruselas que iba a abolir esa parte de la legislación bancaria pero, tres meses después y con la ventana de oportunidad de transposición de una directiva ya vencida, el compromiso no se ha cumplido.
A finales de junio, el Consejo de Ministros prohibió durante tres años la fusión de BBVA y Sabadell, lo cual atacaba de lleno la línea de flotación del sentido de esa operación, que acabó fracasando. Aquello fue la gota que colmó el vaso en Bruselas, que menos de un mes después decidió incoar un procedimiento de infracción contra España. «La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE», señaló Bruselas, al tiempo que añadía que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».
Bruselas menciona dos legislaciones. Por una parte, la de competencia se refiere a la capacidad que tiene el Ejecutivo de endurecer, mantener o suavizar las condiciones que fije la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en operaciones corporativas; por otra, la bancaria, que es la que expresamente dota al ministro de Economía de la facultad de poder vetar fusiones. Lo que hizo el Gobierno en la opa de BBVA fue utilizar la primera de esas normativas, pero ‘de facto’ estaba recurriendo también a la segunda.
Bruselas denunció que los poderes de veto del Gobierno suponen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales»
Ante la amenaza de sanción, a finales de octubre y ya con la opa fracasada, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se comprometió con Bruselas a cambiar la normativa doméstica para garantizar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial. Esta formulación intrincada con la que se pronunció el ministerio venía a significar que la autorización o no de operaciones recaería exclusivamente en los supervisores, eliminando así el poder de veto político. El Ejecutivo, eso sí, dejaba la puerta abierta a seguir pudiendo intervenir en operaciones corporativas en el seno del análisis de la CNMC, aunque la posibilidad de prohibir fusiones quedaría eliminada.
Directiva sin transponer
Asimismo, el Gobierno no solo está presionado por este procedimiento de infracción sino por la transposición de la directiva CRD VI, la cual tiene entre sus objetivos precisamente que la capacidad de autorizar o prohibir fusiones bancarias recaiga sobre los supervisores y no sobre los gobiernos. Esta norma debía estar transpuesta el pasado 11 de enero, pero el Ejecutivo no ha movido ficha.
Hace algunos meses, el Ministerio de Economía señalaba que la transposición pasaría por Consejo de Ministros en pocas semanas, como publicó ABC, para después sacar la modificación legal a audiencia pública. Nada de eso ha ocurrido, incumpliendo la promesa expresa a Bruselas y también el plazo de transposición.
Y lo cierto es que la directiva deja claras muchas cosas sobre la regulación bancaria. Esta directiva supone cierto cambio de paradigma en lo que se refiere a las autorizaciones de fusiones. La norma recoge que son los supervisores los que han de disponer de «todas las facultades necesarias» sobre las entidades de crédito y que por tanto son estos los que deben revisar las operaciones.
El hecho de que esas facultades recaigan sobre el ministro de Economía es algo de lo que lleva años quejándose el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y más en términos generales, el propio BCE se ha mostrado a favor de que sean los supervisores los que tengan que evaluar las fusiones bancarias, tal como queda patente en el dictamen que emitió sobre la directiva CRD VI en 2022.
El FMI y el BCE apoyan que la autorización o no de las fusiones bancarias recaiga exclusivamente en el supervisor
Todo apunta y presiona a Carlos Cuerpo para que elimine su poder de veto en estas operaciones. Pero, por el momento, el Ministerio de Economía ha hecho caso omiso. Ahora mismo, fuentes del sector financiero tienen dudas de que esta modificación legal vaya a salir adelante en un periodo corto de tiempo y se resignan a que España mantenga la intervención política en las uniones entre bancos al menos por un tiempo más.
Una de las principales razones que esgrimen en el sector para dudar de que esto vaya a salir adelante pronto es la fragmentación del Congreso y la falta de apoyo del Gobierno para sacar adelante cualquier normativa. Asimismo, añaden que acometer este cambio legal no sería rápido por la tramitación parlamentaria, con lo que podría extenderse la transposición de la directiva al final de la legislatura.
Mientras tanto, el Gobierno deberá confiar en que Bruselas no avanzará con el procedimiento de infracción ni tomará medidas adicionales por no transponer a tiempo la citada directiva pero lo cierto es que, de no hacerse, España se expone a duras sanciones por parte de la Comisión Europea, como ha ocurrido en otros casos en que no se ha adaptado a tiempo la legislación comunitaria. Respecto al expediente, según ha podido comprobar ABC, en la Comisión Europea sigue abierto el procedimiento y no se prevé que se cierre hasta que el Ejecutivo saque adelante lo comprometido.
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