Siete mujeres se tiraron al suelo esta semana para evitar ser desalojadas por los policías. Desde hace dos semanas viven sobre carpas y colchonetas frente al calabozo de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, fuertemente resguardada por equipos antidisturbios. No han perdido su casa, sino parte de su familia. Allí pasan las horas a la espera de que liberen a decenas de presos políticos recluidos en esa comisaría. Son un puñado de personas que ya han improvisado un baño en una alcantarilla y que comparten comida, oraciones, cargadores de teléfono, cansancio acumulado y preguntas. Los oficiales, por su lado, han ido redoblando la vigilancia de las instalaciones con camiones blindados.
En los últimos 15 días, decenas de familias han mantenido vigilias frente a las cárceles, un desafío al aparato represivo
Siete mujeres se tiraron al suelo esta semana para evitar ser desalojadas por los policías. Desde hace dos semanas viven sobre carpas y colchonetas frente al calabozo de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, fuertemente resguardada por equipos antidisturbios. No han perdido su casa, sino parte de su familia. Allí pasan las horas a la espera de que liberen a decenas de presos políticos recluidos en esa comisaría. Son un puñado de personas que ya han improvisado un baño en una alcantarilla y que comparten comida, oraciones, cargadores de teléfono, cansancio acumulado y preguntas. Los oficiales, por su lado, han ido redoblando la vigilancia de las instalaciones con camiones blindados.
La escena se repite en varias cárceles del país. Madres, hermanas, esposas, hijas reclaman que el giro que ha dado la crisis venezolana desde el 3 de enero, tras la salida por la fuerza de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante una intervención militar de Estados Unidos, no signifique solo una apertura de las negociaciones petroleras. Piden que se abran las celdas que se han llenado los últimos años por la escalada represiva del chavismo, que ha encarcelado en los dos últimos años a más de un millar de personas, entre civiles y militares, señalándolos como terroristas.
Raidelis Chourio llegó hasta el calabozo de la PNB con ayuda de Google Maps. Es de Maracaibo y está en la capital de Venezuela por primera vez en su vida. En noviembre pasado su familia se rompió. Se llevaron preso a su hermano Renny Jesús Chourio Zambrano, luego de recibir amenazas de que se irían por su mamá. Es policía y fue candidato independiente a una alcaldía en el estado Zulia. Eso lo convirtió en un blanco político. No hay un expediente ni una orden judicial, pero las familias que están ahí han ido atando cabos.
“Aquí hay gente detenida por enviar un mensaje por WhatsApp, a otros por ser abogado. Pero la mayoría los detuvieron entre noviembre y diciembre pasado, cuando estaban pensando que cualquiera les iba a dar un golpe”, dice Raidelis, de 38 años, que ha dejado a sus dos hijos en casa para acompañar a su madre en Caracas. En medio del incremento de las tensiones con Estados Unidos, la represión del régimen de Maduro se intensificó. Los enemigos estaban en todos lados, pero antes de eso, el chavismo ya acumulaba un grueso expediente de detenciones arbitrarias de opositores, activistas y periodistas. Ha sido luego del ataque militar estadounidense, sin embargo, que se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones.
Las excarcelaciones anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ocurren a cuentagotas. El Gobierno asegura que han liberado a 626 personas, pero hasta el momento no se ha presentado una lista. En la contabilidad de las ONG que asisten a las víctimas de persecución, los números de liberaciones son menores mientras aumenta la lista de presos. Hay quienes solo se han atrevido a denunciar ahora, cuando pareciera haber una posibilidad de que todos salgan libres.
Desde el 8 de enero, cuando Rodríguez aseguró que un “importante número” de detenidos saldría, Foro Penal ha confirmado 230 excarcelaciones, pero ha sumado a sus listas de presos 122 casos que no tenían en el registro. En su conteo quedan 700 presos políticos aún. Otras organizaciones dan cuenta de 949 detenidos aún.
Los que esperan en la Zona 7 de la PNB, así como los que han hecho vigilias frente el Helicoide, Rodeo I, Tocorón o Yare han recorrido varios lugares para saber dónde estaba su preso. Casi ninguno tiene confirmación oficial. Las ONG contabilizan a unas 66 personas en desaparición forzada, de las que no hay indicios siquiera extraoficiales de a dónde las llevaron los que las detuvieron. Han hecho listas de nombres que han entregado en las prisiones. Les han respondido con silencio. En el Rodeo los funcionarios dicen que no hay nadie detenido, pero algunas veces se oye a los detenidos gritando. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado este viernes que pedirá al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que verifique los listados.
La resistencia de los familiares de los presos políticos frente a las cárceles ha encendido una movilización que desafía el miedo a expresarse de los venezolanos y pone a prueba la intención de apertura del Gobierno.
Esta semana las protestas han ido reapareciendo de a poco. Quedaron apagadas totalmente luego de la represión vivida tras las elecciones presidenciales de 2024. Este viernes en 11 universidades de 7 estados del país, los estudiantes hicieron manifestaciones para exigir la libertad para todos. En Caracas, una enorme pancarta se desplegó en una de las fachadas de la Universidad Central de Venezuela. “La universidad no calla. La libertad es el cimiento de la democracia”, se leía. Dirigentes estudiantiles y activistas hicieron una declaración ante los medios en medio de la autopista principal de la ciudad. Esta vez no fueron reprimidos por cuerpos policiales.
La incertidumbre es una especie de tortura, se comentan entre quienes esperan. “Siento que no aguanto más este dolor en las entrañas”, dice Evelis Cano, una de las siete mujeres que se tiró al suelo para evitar que desalojaran el campamento. Con dolores en el cuerpo por varias enfermedades crónicas, no se ha despegado de las puertas de la cárcel donde su hijo Jack Tantak fue encerrado, ni del teléfono ni de las cámaras de los periodistas que han recogido su historia.
El joven figuraba entre los contactos del exdiputado opositor Fernando Orozco, que terminó detenido en diciembre pasado junto con toda su familia. El hijo de Evelis solo lo había visto una vez, porque lo contactó por Facebook para vender un carro. “Cuando se lo llevaron detenido solo dijeron que era un preso político, que se iba por traición a la patria y terrorismo. No dieron más explicación”, recuerda la madre. “Esto es orden presidencial”, coinciden algunos familiares sobre el momento de las detenciones a las que siguió una búsqueda angustiosa. La liberación, también lo es. Y como Raidelis, luego de 15 días a la intemperie fuera de casa, todos dicen: “De aquí no nos vamos hasta que sean libres”.
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