Los vecinos de Montecarmelo se anotan otra pequeña victoria en su larga contienda contra el ayuntamiento madrileño de José Luis Martínez-Almeida, que quiere construir un cantón de limpieza del tamaño de un campo de fútbol y medio en pleno corazón de ese barrio. La sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido la demanda que presentó la Plataforma No al Cantón el pasado diciembre, costeada por la aportación de 4.000 residentes de ese barrio del norte de la capital. En el texto que presentaron los vecinos acusan al consistorio de estar aplicando una supuesta “táctica de tierra quemada”. Es decir, adelantar todos los procedimientos para culminar su proyecto cuanto antes y de este modo hacerlo irreversible, aunque la Justicia considere finalmente que no debería estar allí. Desde el Ayuntamiento señalan que esto “no tiene implicación” para ellos e inciden en que en esa instalación “no va a haber residuos peligrosos, ni incineración”, sino que simplemente serán “unas instalaciones para los operarios de limpieza”.
El Tribunal de Instancia admite una demanda de 4.000 vecinos y da el visto bueno a investigar la actuación del consistorio para avanzar con la obra y así blindarla aunque se declarase ilegal
Los vecinos de Montecarmelo se anotan otra pequeña victoria en su larga contienda contra el ayuntamiento madrileño de José Luis Martínez-Almeida, que quiere construir un cantón de limpieza del tamaño de un campo de fútbol y medio en pleno corazón de ese barrio. La sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido la demanda que presentó la Plataforma No al Cantón el pasado diciembre, costeada por la aportación de 4.000 residentes de ese barrio del norte de la capital. En el texto que presentaron los vecinos acusan al consistorio de estar aplicando una supuesta “táctica de tierra quemada”. Es decir, adelantar todos los procedimientos para culminar su proyecto cuanto antes y de este modo hacerlo irreversible, aunque la Justicia considere finalmente que no debería estar allí. El ayuntamiento, hasta el momento, no ha respondido las preguntas de EL PAÍS sobre este asunto.
La polémica por ese gran cantón arrastra ya más resoluciones judiciales. El Colegio Alemán, ubicado a solo 60 metros del lugar elegido para el proyecto, también demandó al ayuntamiento por esa decisión y consiguió que el Contencioso-Administrativo de Madrid le diera la razón el pasado abril. Según dictó el juez entonces después de leer el proyecto en el que se reflejaba que es exactamente lo que quería hacer allí el ayuntamiento, esa futura instalación tiene características para ser considerada industrial. Es justo en ese punto donde surge el problema. El juez dijo que si se va a construir cerca de colegios y viviendas, como es el caso, se debería haber hecho un estudio de impacto ambiental. Pero no se hizo.
Este fallo, sin embargo, no frenó al ayuntamiento, que continuó y continúa en este momento con los trabajos para urbanizar la parcela. En su lugar, el ayuntamiento recurrió entonces esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque la apelación tiene un recorrido difícil, según los juristas consultados por este periódico, porque la defensa del consistorio se basa en que la actividad que se hará allí no es industrial, cuando lo que el propio ayuntamiento ha hecho público hasta ahora del proyecto reconoce que sí.
Es en este contexto en el que surge esta otra demanda de los vecinos, la que ahora ha sido admitida por el Tribunal de Instancia. Mientras esa otra sentencia no ha sido ratificada porque aún se tiene que resolver el recurso, el consistorio ha pisado el acelerador para seguir aprobando trámites en contra del criterio del juez, de los vecinos y de todos los partidos de la oposición que se han opuesto reiteradamente a ese proyecto en uno de los pocos asuntos municipales en los que Vox, PSOE y Más Madrid se han puesto de acuerdo. Esa voluntad del ayuntamiento de sacar adelante el proyecto a paso acelerado y en contra del criterio de todos los demás actores públicos es a lo que los vecinos de Montecarmelo se refieren como “táctica de tierra quemada”.
El recurso se centra especialmente en cuestionar el decreto que aprobó el consistorio el 3 de junio, dos meses después de conocer la sentencia del Contencioso, en el que, en contra de lo dictado entonces, ratifica la ubicación elegida y desarrolla cómo va a ser el proyecto. “El decreto municipal impugnado adolece del respaldo de la mínima fundamentación jurídica o urbanística legalmente exigible y está viciado de nulidad de pleno derecho”, escriben en el texto de la demanda. En él también acusan al ayuntamiento de tener una “actitud carente del respeto necesario al Poder Judicial” por actuar sin esperar a que TSJM resuelva el asunto.
“Confiamos plenamente en que la Justicia ponga sensatez y freno a un proyecto municipal que es una aberración urbanística”, señala un portavoz de la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo. Señala que esa instalación “atenta plenamente contra la vida de un barrio residencial de 20.000 personas”. Desde la plataforma vecinal destacan también que cerca de la parcela reservada para los caminos y compactadoras de basura hay colegios, institutos y guarderías, que suman cerca de 4.500 alumnos menores de edad.
Esta situación también queda recogida en la demanda que ahora ha admitido la justicia. Los vecinos piden que se atienda el principio de “interés superior del menor”. “El riesgo de accidentes de tráfico se incrementaría de manera exponencial”, señalan. “En casos como el que nos ocupa, en el que están en juego los derechos, la salud y la integridad física de niños menores de edad, es cuando más debe quedar acreditado de manera indubitable, que la defensa del ‘Interés Superior del Menor’ preside y guía las actuaciones de las Administraciones Públicas en España”, añaden.
En este mismo sentido actuaron las Asociaciones de Madres y Padres de tres colegios de Montecarmelo en octubre, que redactaron tres escritos dirigidos al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, para pedir al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que tome cartas en este asunto, ya que hasta ahora se ha mantenido al margen. En esos textos hablan de la “gran alarma social” que se ha generado entre los progenitores por el riesgo que puede suponer para sus hijos vivir cerca de una instalación de ese tipo por los 117 vehículos de limpieza que habrá allí, de los cuales 80 serán maquinaria pesada.
En cualquier caso, la preocupación entre los residentes del barrio de Montecarmelo por este proyecto va más allá de aquellos que tienen hijos en edad escolar. Según una encuesta del grupo Análisis e Investigación encargada por los propios vecinos, el 94% de ellos consideran que la ubicación elegida para el cantón es poco o nada adecuada. Además, nueve de cada 10 consideran que su instalación “supondrá un problema grave para la calidad de vida y el entorno del barrio” por los olores que se desprenderán, las “sustancias peligrosas”, el “ruido constante” y el “tráfico intenso de camiones”.
Desde el Ayuntamiento dicen que esto “no tiene implicación” para ellos e inciden en que en esa instalación “no va a haber residuos peligrosos, ni incineración”, sino que simplemente serán “unas instalaciones para los operarios de limpieza”.
