Dos familias en Trinidad y Tobago han interpuesto una demanda contra el Gobierno en Washington por la muerte de dos de sus miembros en uno de los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, el pasado 14 de octubre. Es la primera que se interpone en los juzgados de Estados Unidos contra la campaña de lucha contra el narcotráfico con la que Washington argumentó durante meses el hostigamiento cada vez mayor contra el régimen chavista en Venezuela y que acabó con una operación militar que capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado día 3.
Chad Joseph y Rishi Samaroo murieron en el bombardeo contra la embarcación en la que regresaban a sus hogares desde Venezuela
Dos familias en Trinidad y Tobago han interpuesto una demanda contra el Gobierno en Washington por la muerte de dos de sus miembros en uno de los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, el pasado 14 de octubre. Es la primera que se interpone en los juzgados de Estados Unidos contra la campaña de lucha contra el narcotráfico con la que Washington argumentó durante meses el hostigamiento cada vez mayor contra el régimen chavista en Venezuela y que acabó con una operación militar que capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado día 3.
En la demanda, interpuesta en nombre de las familias por abogados de derechos civiles en Estados Unidos, se indica que Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41 años, ambos originarios del pueblo pesquero de Las Cuevas, en Trinidad, regresaban a su hogar desde Venezuela, donde habían estado trabajando, cuando la lancha en la que se desplazaban resultó alcanzada. Ellos dos y otras cuatro personas murieron en el bombardeo, el quinto que reconocía Washington en la campaña militar contra el narcotráfico que lanzó el 2 de septiembre para presionar al gobierno venezolano.
La Administración de Donald Trump se ha limitado a aportar mínimos detalles sobre cada uno de estos ataques. Habitualmente los anuncia en un breve mensaje en redes sociales, acompañado de un vídeo en el que se ve estallar una lancha. En el texto incluye el número de muertos y sostiene que la embarcación hundida pertenecía a alguna organización del narcotráfico y transportaba droga. No identifica a las víctimas, ni el tipo de narcótico supuestamente a bordo, ni el cartel que supuestamente haya organizado el viaje.
Aunque el Gobierno estadounidense sostiene que ese tipo de ataques son perfectamente legales y una respuesta adecuada a unos carteles incluidos en su lista de organizaciones terroristas internacionales, numerosos expertos y diversos legisladores -la mayoría, de la oposición demócrata- consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional y las leyes estadounidenses.
La demanda de los familiares de Samaroo y Joseph, interpuesta en un tribunal de Massachussetts, llega cuatro días después de que el Pentágono informara del ataque número 36, el pasado viernes en aguas del Pacífico oriental. Hasta el momento hay constancia de al menos 117 muertos en esos bombardeos.
En la demanda, los representantes de las familias explican que Joseph había pasado los últimos meses de su vida trabajando en Venezuela, como peón agrícola y pescando. Había empezado a buscar un bote que le llevara de regreso a Las Cuevas, donde tenía esposa y tres hijos, pero Estados Unidos lanzó su campaña. El trabajador “cada vez estaba más asustado” ante la perspectiva de embarcarse, según contaba en las llamadas a su familia. El último telefonazo llegó el 12 de octubre, cuando contó a su esposa que había conseguido una embarcación y llegaría en cuestión de días. El 14, un misil estadounidense hundía otra lancha a la que acusaba de traficar con droga. Los Joseph creen que Chad viajaba a bordo: cuando intentaron conectarle, el teléfono estaba desconectado. No han vuelto a saber más de él.
“Estas muertes premeditadas e intencionadas carecen de cualquier justificación legal plausible”, señala el texto de la demanda. “Por tanto, son llanamente asesinatos, ordenados en los niveles más altos del Gobierno y acatados por los oficiales militares en la cadena de mando”.
En diciembre, la familia de un ciudadano colombiano, Alejandro Carranza Medina, también optó por la vía legal tras la muerte de su allegado en otro ataque contra una narcolancha. En este caso, la familia presentó una queja por violación de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Feed MRSS-S Noticias
