Miles de personas, entre ellas presuntas víctimas de trata y de otros numerosos abusos, han logrado escapar o han sido liberadas en las últimas semanas de la vasta red de centros dedicados al ciberfraude diseminados por Camboya. En estos complejos, los ahora liberados eran a menudo forzados a trabajar en el multimillonario negocio ilícito del timo en línea, del que el país asiático se ha convertido en uno de los epicentros mundiales.
Las víctimas, de numerosas nacionalidades, se encuentran varadas en el país asiático y sin recursos, alerta Amnistía Internacional
Miles de personas, entre ellas presuntas víctimas de trata y de otros numerosos abusos, han logrado escapar o han sido liberadas en las últimas semanas de la vasta red de centros dedicados al ciberfraude diseminados por Camboya. En estos complejos, los ahora liberados eran a menudo forzados a trabajar en el multimillonario negocio ilícito del timo en línea, del que el país asiático se ha convertido en uno de los epicentros mundiales.
La embajada de Indonesia en Phnom Penh, la capital camboyana, aseguraba la semana pasada que solo en cinco días más de 1.400 de sus nacionales habían logrado abandonar estos centros, y acudido a la legación diplomática en busca de ayuda, según recogeJakarta Post. En las redes sociales de China se han publicado imágenes que muestran a decenas de ciudadanos de este país haciendo cola y durmiendo también a las puertas de su embajada.
Amnistía Internacional, a través de testimonios recabados sobre el terreno y de vídeos que ha logrado geolocalizar, asegura que hay “miles” de supervivientes de numerosas nacionalidades en esta situación, que supuestamente han salido de al menos 17 complejos de viviendas ilegales diferentes.
Muchos proceden de China y del sudeste asiático, pero hay quienes llegan de lugares tan alejados como Uganda o incluso Brasil. Y ahora se enfrentan a un nuevo problema: centenares vagan sin rumbo, sin apenas dinero y sin pasaporte, por las calles del país. No encuentran la manera de regresar a sus lugares de origen.
“De pronto, hace diez días, los jefes chinos del complejo ya no estaban. Se habían escapado. Así que huimos”, cuenta por videollamada Kabir, un joven de 24 años de Bangladesh, que llevaba dos años recluido, junto a unas 500 personas, en uno de estos centros en Sihanoukville, una ciudad costera de Camboya.
No está claro el motivo de las fugas y liberaciones masivas, ni su vinculación directa con operaciones policiales de las autoridades camboyanas. Pero estas llegan tras la reciente detención y extradición a Pekín de Chen Zhi, presunto capo de origen chino de un “imperio de la ciberestafa” (denominación de la justicia estadounidense, que también lo tenía en su radar) en Camboya. Y coincide también con la creciente presión internacional sobre este país para poner coto a esta cruel maquinaria, sostenida mediante un sistema de semiesclavitud trasnacional del siglo XXI.
Kabir sí cree que la huida de sus captores tiene que ver con la operación contra Chen Zhi, aunque no tiene pruebas. “Los chinos trabajan juntos; son como gánsteres”. Originario de Meherpur, un distrito agrícola y pobre de Bangladesh, llegó a Camboya atraído por un anuncio que vio en redes sociales de un supuesto trabajo en un casino. “Creí que iba a ser como los que hay en Europa y Estados Unidos”, dice en inglés. Nunca llegó a uno de ellos.
Los “jefes chinos”, armados con pistolas y picanas, le retiraron el pasaporte. Fue recluido en un complejo y obligado a abrir decenas de perfiles en redes sociales: Facebook, Whatsapp, aplicaciones de citas. Su objetivo era contactar con clientes de todo el globo, fingiendo ser una mujer, y seguir el guion que le indicaban sus captores. Tras intimar, debía convencer a las víctimas de que hicieran inversiones inexistentes en criptomonedas.
Kabir, que no da su nombre completo por miedo a ser ubicado, describe la relación ambivalente con los responsables de los centros. Al principio incluso le pagaban una pequeña suma, aunque no se le permitía abandonar el recinto. Sufrió y vio torturas, palizas y extorsiones. Lo acabaron vendiendo a otra empresa, también regida por chinos, donde siguió la violencia, y ya no recibió ningún dinero. En este centro, donde trabajaban unas 500 personas, amanecieron sin guardias hace 10 días.
De modo que ahora duerme en un refugio para gente en su misma situación en la capital, Phnom Penh, que lleva una ONG internacional. No tienen dinero ni pasaporte. Son más de un centenar. “Hay una mujer de Georgia que se ha vuelto loca por las torturas. Está traumatizada. Solo llora y repite que quiere volver a casa”. Está en contacto con su embajada para regularizar su situación y regresar. Será un proceso lento.
“Es lo que llamamos una crisis [humanitaria] agravada”, describe al teléfono Montse Ferrer, directora regional de investigación de Amnistía Internacional. A la actual situación de vulnerabilidad, se unen los durísimos episodios sufridos. Entre los testimonios que han recabado hay asesinatos, violaciones, embarazos indeseados, muerte por complicaciones tras abortos forzados, torturas, palizas y extorsiones cotidianas. “Hay mucha gente traumatizada”. Reclama mayor cooperación de los Estados, y denuncia un escenario complicado por la caída generalizada de las ayudas internacionales, siguiendo la estela del cierre de USAID.
Las historias de los supervivientes no siguen un patrón fijo, algunos aseguran que se unieron libremente a estos centros. Pero la mayoría describe un carrusel similar, propio de una película de terror: fueron atraídos con engaños, secuestrados contra su voluntad y forzados a meterse en los crueles engranajes del timo electrónico para comprar su libertad.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU calculaba en 2023 que solo en Camboya podría haber hasta 100.000 víctimas retenidas, y otras 120.000 en Myanmar. Conforman el eslabón más débil de una gigantesca red criminal transnacional con capacidad de actuar en todos los rincones del planeta. “Es el tema más global en el que he trabajado, de largo”, dice Ferrer. “La gente estafada financieramente está en todo el mundo, y quienes están en estos centros también son de todo el mundo”.
Solo en Camboya se estima que los beneficios de las estafas cibernéticas superan los 12.500 millones de dólares anuales —unos 10.430 millones de euros: más de un cuarto del PIB de Camboya—, según un informe de 2024 del United States Institute of Peace.
Para China, el gran país del entorno, supone un creciente problema de seguridad que se ha ido extendiendo en sus fronteras meridionales con Myanmar y Camboya, donde operan auténticos enclaves criminales. La respuesta de Pekín se ha ido volviendo más contundente en los últimos meses ante un asunto que implica a sus nacionales como víctimas y verdugos.
El jueves, la República Popular anunció la ejecución de 11 personas condenadas por formar parte de estas mafias dedicadas al ciberfraude asentadas en el norte de Myanmar. Encabezados por la “familia Ming”, los ejecutados establecieron múltiples complejos, contrataron un sistema de “protección armada”, y la justicia los halló responsables de cometer asesinatos, agresiones y detenciones ilegales para controlar las operaciones y castigar a personas implicadas en estafas, “lo que causó la muerte de 14 ciudadanos chinos y heridas a varias personas más”, según los medios estatales chinos.
En Camboya, no está del todo clara la implicación directa de las fuerzas policiales en la reciente liberación de los centros. Ninguno de los entrevistados por Amnistía Internacional habla de presencia policial ni militar durante ni después de su huida o liberación. “Sugiere una falta de intervención de las autoridades camboyanas en el éxodo masivo”, relata la organización humanitaria en un reciente informe.
“Nunca antes habíamos visto tantas huidas al mismo tiempo”, agrega Ferrer, que sí cree que el movimiento puede reflejar la existencia de comunicaciones entre los distintos complejos, y una conexión con la operación de la policía camboyana contra Chen Zhi.
Presunto capo de una de las mayores redes criminales de Asia, este ciudadano chino fue detenido el 6 de enero en Camboya y entregado a los dos días a las autoridades de Pekín. Chen, de 38 años, es fundador y presidente de Prince Group, un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya, que supuestamente actuaba como pantalla para cometer estafas de inversión en criptomonedas mediante las cuales robó miles de millones de euros a víctimas de todo el mundo. Su negocio fue levantado, según las pesquisas, gracias al cruel sistema de centros de trabajo forzados repartidos por Camboya.
Era “el cerebro detrás de un extenso imperio del ciberfraude que operaba bajo el paraguas del Grupo Prince, una organización criminal basada en el sufrimiento humano”, declaró el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John A. Eisenberg en octubre. Las fuerzas del orden de este país acababan de destapar un caso de fraude a gran escala con origen en Camboya, y acusaban a Chen de estar en el vértice superior de la pirámide. “Las personas retenidas contra su voluntad en los recintos participaban en estafas de inversión en criptomonedas […] que robaron miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo”, aseguró el Departamento de Justicia.
La justicia estadounidense anunció además que había confiscado 127.271 bitcoins almacenados en carteras de criptomonedas propiedad de Chen. Con un valor estimado en unos 15.000 millones de dólares (unos 12.843 millones de euros), fue presentada como la mayor incautación de criptoactivos en la historia de Estados Unidos.
Ante la creciente presión internacional, el Gobierno camboyano ha asegurado en los últimos meses que la “erradicación” de estos centros ilegales es una de sus prioridades. Pero las autoridades del país han sido acusadas en numerosas ocasiones de complicidad con la industria del fraude. “Algunos altos funcionarios y asesores del Gobierno eran propietarios, ya fuera directamente o a través de empresas, de inmuebles e instalaciones que se sabía que eran utilizados por operadores de estafas en línea para explotar a víctimas de tráfico laboral, y se beneficiaban económicamente de estos delitos”, denunciaba el informe estadounidense de 2024 sobre el tráfico de personas en Camboya.
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