La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha constatado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solamente consigue llegar a un 20% de hogares en situación de pobreza aunque podría alcanzar a mucha más población que tiene derecho a este apoyo económico pero que no lo consigue por las debilidades «estructurales» que tiene desde que se puso en marcha. La institución presidida por Cristina Herrero considera que el Ingreso Mínimo podría llegar al 50% de los hogares en situación de pobreza si el Gobierno considerara modificar su actual diseño. Apunta en su informe de evaluación técnica sobre la medida, solicitado por el Gobierno, a problemas vinculados a las solicitudes, el análisis de los datos para cumplir con los requisitos y la autorización definitiva, que actúan como obstáculos para su recepción. Noticia Relacionada estandar Si Fedea corrige el optimismo del Gobierno: el IMV llega a menos de la mitad de las personas en pobreza severa Susana AlcelayLa Autoridad Fiscal pone sobre la mesa problemas como la definición de la renta computable a partir de los ingresos del año anterior, en lugar de los percibidos en periodos más recientes. También incide en la definición de la unidad de convivencia, que genera dificultades para su acreditación automática y continúa siendo la principal causa de denegación de solicitudes. Además, considera que el IMV se diseñó como una prestación poco integrada en el sistema asistencial, por ejemplo, en su relación con las rentas mínimas autonómicas, lo que ha generado «solapamientos y reconfiguraciones desiguales entre territorios».La institución advierte de que han ido emergiendo nuevas dificultades después de su puesta en marcha, como el impacto negativo que genera la prestación en la participación laboral, que refuerza la necesidad de reformular el diseño del incentivo al empleo para evitar «la formación de trampas de la pobreza».El análisis muestra que la prestación ha contribuido a reducir en un 30% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza, mientras que su impacto sobre la tasa de pobreza ha sido más limitado, situándose en el 9,5%. «Estas cifras se elevarían al 58% y 16,2%, respectivamente, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial», calcula la institución.Si consiguiera ese despliegue total, el coste de la prestación alcanzaría los 6.145 millones de euros al año frente a los 3.106 millones que desembolsa hasta ahora la Administración. Para erradicar la pobreza, medida con el umbral del 40% de la renta mediana, harían falta destinar unos 9.100 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha constatado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solamente consigue llegar a un 20% de hogares en situación de pobreza aunque podría alcanzar a mucha más población que tiene derecho a este apoyo económico pero que no lo consigue por las debilidades «estructurales» que tiene desde que se puso en marcha. La institución presidida por Cristina Herrero considera que el Ingreso Mínimo podría llegar al 50% de los hogares en situación de pobreza si el Gobierno considerara modificar su actual diseño. Apunta en su informe de evaluación técnica sobre la medida, solicitado por el Gobierno, a problemas vinculados a las solicitudes, el análisis de los datos para cumplir con los requisitos y la autorización definitiva, que actúan como obstáculos para su recepción. Noticia Relacionada estandar Si Fedea corrige el optimismo del Gobierno: el IMV llega a menos de la mitad de las personas en pobreza severa Susana AlcelayLa Autoridad Fiscal pone sobre la mesa problemas como la definición de la renta computable a partir de los ingresos del año anterior, en lugar de los percibidos en periodos más recientes. También incide en la definición de la unidad de convivencia, que genera dificultades para su acreditación automática y continúa siendo la principal causa de denegación de solicitudes. Además, considera que el IMV se diseñó como una prestación poco integrada en el sistema asistencial, por ejemplo, en su relación con las rentas mínimas autonómicas, lo que ha generado «solapamientos y reconfiguraciones desiguales entre territorios».La institución advierte de que han ido emergiendo nuevas dificultades después de su puesta en marcha, como el impacto negativo que genera la prestación en la participación laboral, que refuerza la necesidad de reformular el diseño del incentivo al empleo para evitar «la formación de trampas de la pobreza».El análisis muestra que la prestación ha contribuido a reducir en un 30% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza, mientras que su impacto sobre la tasa de pobreza ha sido más limitado, situándose en el 9,5%. «Estas cifras se elevarían al 58% y 16,2%, respectivamente, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial», calcula la institución.Si consiguiera ese despliegue total, el coste de la prestación alcanzaría los 6.145 millones de euros al año frente a los 3.106 millones que desembolsa hasta ahora la Administración. Para erradicar la pobreza, medida con el umbral del 40% de la renta mediana, harían falta destinar unos 9.100 millones de euros.
La Autoridad Fiscal considera que esta ayuda podría abarcar al 50% de esas familias si se descongestionase la burocracia que conlleva
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