A la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le gustaría recurrir al Artículo 155 de la Constitución para obligar a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda de 2023 a hacerlo. Así lo ha afirmado en una entrevista en TVE esta mañana, en la que ha venido a decir que lo único que separa a las regiones reticentes -léase, las del PP- de una intervención es la actual composición del Senado.«Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado», ha aseverado Rodríguez, antes de añadir que, en ocasiones, «todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional» y que, «como demócrata», tiene que «cumplir la ley». Noticia Relacionada Vivienda estandar Si Los precios se disparan un 40% en cinco años, pero construir no es rentable Susana Alcelay El endurecimiento de los estándares técnicos y energéticos han disparado los costes de edificación y más del 95% del suelo queda fuera de la construcción residencialSegún se lee en el referido artículo de la Carta Magna, en efecto, el recurso a esta medida excepcional necesita, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma en cuestión, de una mayoría absoluta en la Cámara Alta; es decir, el ‘sí’ de 105 senadores, y actualmente el PSOE solo cuenta con 89. Más allá de esto, que es más circunstancial, cabe preguntarse hasta qué punto las advertencias de la ministra plantean un problema de legitimidad democrática, pues el Artículo 155 es una norma excepcional y de muy raro uso. Desde que se aprobara la Constitución de 1978, el Gobierno central solo ha empleado esta prerrogativa una vez , cuando el parlamento catalán votó una resolución -anulada unos segundos después por el presidente Carles Puigdemont- que declaró la independencia de esa región, en octubre de 2017. En ese caso, el gobierno de Mariano Rajoy estimó que se daban las circunstancias previstas en el texto constitucional, que establece que si una comunidad autónoma «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», dicho cumplimiento se puede conseguir de manera forzosa. No es un atentado «grave» contra el interés generalLógicamente, el caso al que se ha referido hoy Rodríguez es bien distinto. Bien es cierto que la ministra solamente ha expresado un deseo, pero también lo es que, la última vez que el PSOE propuso aplicar el 155 a las regiones que no cumplieran la Ley de Vivienda -en boca de la misma ministra, el pasado octubre-, numerosos juristas alzaron la voz para recordar que en este caso no concurren los supuestos de atentado «grave» contra el interés general. Artículo 155 de la Constitución «Si una CC.AA. no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España…»Sea como fuere, lo que está claro es que las declaraciones de la titular de Vivienda suponen un claro embate a las comunidades gobernadas por el Partido Popular , que, a excepción de Galicia, se han negado en bloque a adherirse a la polémica normativa que prevé topes en el precio de los alquileres, entre otras medidas de control del mercado. A partir de ahí, el dardo apuntaba hacia una presidenta autonómica en concreto: «Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda», ha dicho Rodríguez, antes de añadir que «le llevan los demonios» tener un mecanismo como la Ley de Vivienda, «que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler» y que existan situaciones como la de la Comunidad de Madrid«. Pulla del PP de Ayuso: «Se nos ha acoplado a un acto»El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tardado muy poco en recoger el guante. El secretario general del partido a nivel regional, Alfonso Serrano, ha calificado las declaraciones de «indigencia intelectual» y «vicio totalitario», a la vez que ha defendido que Madrid no incumple «ninguna ley» y que las competencias del Estado en vivienda, que son compartidas con las CC.AA., llegan «donde llegan». Así las cosas, para el portavoz popular, las veleidades de Rodríguez con el Artículo 155 «demuestran que el Gobierno de España pretende intervenir aquellas administraciones que no practiquen el socialismo », ha dicho en unas declaraciones recogidas por Europa Press.Como remate de su respuesta, Serrano ha recordado que Madrid ya ha entregado 6.000 de un total de 15.000 viviendas proyectadas y que el Ejecutivo central no está «para dar lecciones de nada». En la misma línea, y en tono algo más jocoso, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha acusado a la ministra de «acoplarse» a sus actos: «Mañana mismo se nos ha acoplado a un acto en Aranjuez para hacerse una foto en una promoción de la Comunidad de Madrid», ha afirmado en la rueda de prensa tras la reunión semanal de los consejeros (según ha recogido Europa Press). A la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le gustaría recurrir al Artículo 155 de la Constitución para obligar a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda de 2023 a hacerlo. Así lo ha afirmado en una entrevista en TVE esta mañana, en la que ha venido a decir que lo único que separa a las regiones reticentes -léase, las del PP- de una intervención es la actual composición del Senado.«Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado», ha aseverado Rodríguez, antes de añadir que, en ocasiones, «todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional» y que, «como demócrata», tiene que «cumplir la ley». Noticia Relacionada Vivienda estandar Si Los precios se disparan un 40% en cinco años, pero construir no es rentable Susana Alcelay El endurecimiento de los estándares técnicos y energéticos han disparado los costes de edificación y más del 95% del suelo queda fuera de la construcción residencialSegún se lee en el referido artículo de la Carta Magna, en efecto, el recurso a esta medida excepcional necesita, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma en cuestión, de una mayoría absoluta en la Cámara Alta; es decir, el ‘sí’ de 105 senadores, y actualmente el PSOE solo cuenta con 89. Más allá de esto, que es más circunstancial, cabe preguntarse hasta qué punto las advertencias de la ministra plantean un problema de legitimidad democrática, pues el Artículo 155 es una norma excepcional y de muy raro uso. Desde que se aprobara la Constitución de 1978, el Gobierno central solo ha empleado esta prerrogativa una vez , cuando el parlamento catalán votó una resolución -anulada unos segundos después por el presidente Carles Puigdemont- que declaró la independencia de esa región, en octubre de 2017. En ese caso, el gobierno de Mariano Rajoy estimó que se daban las circunstancias previstas en el texto constitucional, que establece que si una comunidad autónoma «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», dicho cumplimiento se puede conseguir de manera forzosa. No es un atentado «grave» contra el interés generalLógicamente, el caso al que se ha referido hoy Rodríguez es bien distinto. Bien es cierto que la ministra solamente ha expresado un deseo, pero también lo es que, la última vez que el PSOE propuso aplicar el 155 a las regiones que no cumplieran la Ley de Vivienda -en boca de la misma ministra, el pasado octubre-, numerosos juristas alzaron la voz para recordar que en este caso no concurren los supuestos de atentado «grave» contra el interés general. Artículo 155 de la Constitución «Si una CC.AA. no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España…»Sea como fuere, lo que está claro es que las declaraciones de la titular de Vivienda suponen un claro embate a las comunidades gobernadas por el Partido Popular , que, a excepción de Galicia, se han negado en bloque a adherirse a la polémica normativa que prevé topes en el precio de los alquileres, entre otras medidas de control del mercado. A partir de ahí, el dardo apuntaba hacia una presidenta autonómica en concreto: «Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda», ha dicho Rodríguez, antes de añadir que «le llevan los demonios» tener un mecanismo como la Ley de Vivienda, «que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler» y que existan situaciones como la de la Comunidad de Madrid«. Pulla del PP de Ayuso: «Se nos ha acoplado a un acto»El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tardado muy poco en recoger el guante. El secretario general del partido a nivel regional, Alfonso Serrano, ha calificado las declaraciones de «indigencia intelectual» y «vicio totalitario», a la vez que ha defendido que Madrid no incumple «ninguna ley» y que las competencias del Estado en vivienda, que son compartidas con las CC.AA., llegan «donde llegan». Así las cosas, para el portavoz popular, las veleidades de Rodríguez con el Artículo 155 «demuestran que el Gobierno de España pretende intervenir aquellas administraciones que no practiquen el socialismo », ha dicho en unas declaraciones recogidas por Europa Press.Como remate de su respuesta, Serrano ha recordado que Madrid ya ha entregado 6.000 de un total de 15.000 viviendas proyectadas y que el Ejecutivo central no está «para dar lecciones de nada». En la misma línea, y en tono algo más jocoso, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha acusado a la ministra de «acoplarse» a sus actos: «Mañana mismo se nos ha acoplado a un acto en Aranjuez para hacerse una foto en una promoción de la Comunidad de Madrid», ha afirmado en la rueda de prensa tras la reunión semanal de los consejeros (según ha recogido Europa Press).
A la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le gustaría recurrir al Artículo 155 de la Constitución para obligar a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda de 2023 a hacerlo. Así lo ha afirmado en una entrevista en TVE esta … mañana, en la que ha venido a decir que lo único que separa a las regiones reticentes -léase, las del PP- de la intervención del Estado es la actual composición del Senado.
«Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado», ha aseverado Rodríguez, antes de añadir que, en ocasiones, «lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional» y que, «como demócrata», tiene que «cumplir la ley».
En efecto. Según se lee en el referido artículo de la Carta Magna, el recurso a esta medida excepcional necesita, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma en cuestión, de una mayoría absoluta en la Cámara Alta; es decir, el ‘sí’ de 105 senadores, y actualmente el PSOE solo cuenta con 89.
Sin embargo, más allá del hecho circunstancial de que la cámara territorial esté en manos de la oposición, cabe preguntarse hasta qué punto las advertencias de la ministra plantean un problema de legitimidad democrática, pues el Artículo 155 es una norma de muy raro uso, equivalente al concepto de «coerción federal» previsto en la Ley fundamental de Bonn (Constitución alemana) para situaciones de deslealtad grave. Desde que se aprobara la Constitución de 1978, el Gobierno central solo ha empleado esta prerrogativa una vez, cuando el parlamento catalán votó una resolución -anulada unos segundos después por el presidente Carles Puigdemont- que declaró la independencia de esa región, en octubre de 2017.
En ese caso, el gobierno de Mariano Rajoy estimó que se daban las circunstancias previstas en el texto constitucional, que establece que si una comunidad autónoma «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», dicho cumplimiento se puede conseguir de manera forzosa.
No es un atentado «grave» contra el interés general
Lógicamente, el caso al que se ha referido hoy Rodríguez es aparentemente distinto. Bien es cierto que la ministra solamente ha expresado un deseo, pero también lo es que, la última vez que el PSOE propuso aplicar el 155 a las regiones que no cumplieran la Ley de Vivienda -en boca de la misma ministra, el pasado octubre-, numerosos juristas alzaron la voz para recordar que en este caso no concurren los supuestos de atentado «grave» contra el interés general.
Artículo 155 de la Constitución
«Si una CC.AA. no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España…»
Sea como fuere, lo que está claro es que las declaraciones de la titular de Vivienda suponen un claro embate a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que, a excepción de Galicia, se han negado en bloque a adherirse a la polémica normativa que prevé topes en el precio de los alquileres, entre otras medidas de control del mercado.
A partir de ahí, el dardo apuntaba hacia una presidenta autonómica en concreto: «Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda», ha dicho Rodríguez, antes de añadir que «le llevan los demonios» tener un mecanismo como la Ley de Vivienda, «que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler» y que existan situaciones como la de la Comunidad de Madrid«.
Pulla del PP de Ayuso: «Se nos ha acoplado a un acto»
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tardado muy poco en recoger el guante. El secretario general del partido a nivel regional, Alfonso Serrano, ha calificado las declaraciones de «indigencia intelectual» y «vicio totalitario», a la vez que ha defendido que Madrid no incumple «ninguna ley» y que las competencias del Estado en vivienda, que son compartidas con las CC.AA., llegan «donde llegan». Así las cosas, para el portavoz popular, las veleidades de Rodríguez con el Artículo 155 «demuestran que el Gobierno de España pretende intervenir aquellas administraciones que no practiquen el socialismo», ha dicho en unas declaraciones recogidas por Europa Press.
Como remate de su respuesta, Serrano ha recordado que Madrid ya ha entregado 6.000 de un total de 15.000 viviendas proyectadas y que el Ejecutivo central no está «para dar lecciones de nada». En la misma línea, y en tono algo más jocoso, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha acusado a la ministra de «acoplarse» a sus actos: «Mañana mismo se nos ha acoplado a un acto en Aranjuez para hacerse una foto en una promoción de la Comunidad de Madrid», ha afirmado en la rueda de prensa tras la reunión semanal de los consejeros (según ha recogido Europa Press).
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