El Palacio de la Moncloa ha sido esta mañana escenario de una iniciativa poco habitual en los márgenes del Consejo de Ministros . Coincidiendo con la reunión semanal del Ejecutivo, alcaldes y alcaldesas del Campo Arañuelo extremeño, de distintas sensibilidades políticas, han entregado una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y advertir del impacto «difícilmente reversible» que tendría su cierre en una comarca especialmente castigada por la despoblación.En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, los regidores subrayan que Almaraz «no puede cerrar» y apelan directamente al presidente para que reconsidere una decisión que, a su juicio, no responde ni a criterios técnicos ni económicos, sino a un posicionamiento político fijado hace tiempo, antes de que las principales economías del mundo reafirmasen la apuesta por la nuclear ante la realidad energética. «Nuestra preocupación no se limita únicamente a la continuidad de la central —que consideramos plenamente justificada—, sino a que la decisión de cierre se mantenga como un marco inamovible», señalan en el texto.Unidos por una poco habitual causa común, los mandatarios locales , con distintos intereses políticos, recuerdan que la central sostiene más de 4.000 empleos directos e indirectos, actúa como principal motor económico del entorno y permite «mirar al futuro con una mínima certidumbre» en un territorio donde la pérdida de población es estructural. «Prescindir de este activo supondría un golpe de enorme magnitud, con efectos sociales y económicos duraderos», advierten los alcaldes, que firman un documento que no distingue entre siglas.Pero el núcleo del mensaje va más allá del impacto local. Los firmantes responden de forma explícita a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, en las que reiteró su voluntad de mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares, y sostienen que Almaraz cumple de forma objetiva las tres condiciones que el propio Ejecutivo ha fijado como requisito previo para autorizar una prórroga: seguridad, garantía energética y territorial, y ausencia de costes para los ciudadanos o la Administración.Según exponen en la carta, la central ha operado durante décadas bajo elevados estándares de seguridad , con supervisión constante de los organismos reguladores; contribuye de manera decisiva a la estabilidad del sistema eléctrico; y las empresas titulares han manifestado formalmente su disposición a realizar las inversiones necesarias para prolongar su vida útil sin trasladar costes al erario ni a los consumidores. «No estamos ante un debate técnico ni económico», subrayan, «sino ante una decisión que corre el riesgo de ignorar una realidad que cumple escrupulosamente los criterios establecidos por el propio Gobierno».Documento PDFEl texto también denuncia la falta de interlocución por parte del Ejecutivo. Los alcaldes recuerdan que han solicitado hasta en cinco ocasiones ser recibidos por distintos ministerios —Transición Ecológica, Economía y Trabajo— sin haber obtenido respuesta. Una ausencia de diálogo que, según avisan, alimenta en la región la sensación de que «no todos los territorios reciben la misma atención», incluso cuando están en juego decisiones con un impacto social y económico de gran alcance.Fuentes municipales explican a este periódico que la entrega de la carta y el previsto despliegue simbólico de una pancarta reivindicativa en las inmediaciones de La Moncloa buscan abrir un espacio político antes de que el calendario administrativo quede definitivamente cerrado. «No pedimos un trato de favor ni una excepción», dice a ABC Fernando Sánchez, alcalde de localidades cacereñas de Belvís de Monroy y Casas de Belvís y presidente de la plataforma ciudadana «Sí a Almaraz, sí al futuro»; que ha llegado incluso a plantear la irracionalidad del cierre ante el Parlamento Europeo. Un grupo de eurodiputados visitará en las próximas semanas las instalaciones y la comarca para analizar las potenciales consecuencias de un eventual cierre. «Pedimos coherencia con los criterios que el propio Gobierno ha fijado y que se escuche a un territorio que habla de forma unánime».La referencia a ejemplos internacionales refuerza este planteamiento. La misiva recuerda que centrales de características prácticamente idénticas, como la de North Anna, en Estados Unidos, tienen prevista su operación al menos hasta 2060, siempre que cumplan los requisitos técnicos y regulatorios. «Demuestra que, con inversiones y controles adecuados, estas instalaciones pueden seguir aportando energía segura y estabilidad durante décadas», recoge el texto.Con esta iniciativa, los alcaldes del Campo Arañuelo pretenden desplazar el foco del debate : no tanto si Almaraz puede continuar, sino por qué el Gobierno mantiene una decisión de cierre incluso cuando se cumplen las condiciones que él mismo ha establecido. Una pregunta que llega ya directamente a la mesa del presidente. El Palacio de la Moncloa ha sido esta mañana escenario de una iniciativa poco habitual en los márgenes del Consejo de Ministros . Coincidiendo con la reunión semanal del Ejecutivo, alcaldes y alcaldesas del Campo Arañuelo extremeño, de distintas sensibilidades políticas, han entregado una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y advertir del impacto «difícilmente reversible» que tendría su cierre en una comarca especialmente castigada por la despoblación.En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, los regidores subrayan que Almaraz «no puede cerrar» y apelan directamente al presidente para que reconsidere una decisión que, a su juicio, no responde ni a criterios técnicos ni económicos, sino a un posicionamiento político fijado hace tiempo, antes de que las principales economías del mundo reafirmasen la apuesta por la nuclear ante la realidad energética. «Nuestra preocupación no se limita únicamente a la continuidad de la central —que consideramos plenamente justificada—, sino a que la decisión de cierre se mantenga como un marco inamovible», señalan en el texto.Unidos por una poco habitual causa común, los mandatarios locales , con distintos intereses políticos, recuerdan que la central sostiene más de 4.000 empleos directos e indirectos, actúa como principal motor económico del entorno y permite «mirar al futuro con una mínima certidumbre» en un territorio donde la pérdida de población es estructural. «Prescindir de este activo supondría un golpe de enorme magnitud, con efectos sociales y económicos duraderos», advierten los alcaldes, que firman un documento que no distingue entre siglas.Pero el núcleo del mensaje va más allá del impacto local. Los firmantes responden de forma explícita a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, en las que reiteró su voluntad de mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares, y sostienen que Almaraz cumple de forma objetiva las tres condiciones que el propio Ejecutivo ha fijado como requisito previo para autorizar una prórroga: seguridad, garantía energética y territorial, y ausencia de costes para los ciudadanos o la Administración.Según exponen en la carta, la central ha operado durante décadas bajo elevados estándares de seguridad , con supervisión constante de los organismos reguladores; contribuye de manera decisiva a la estabilidad del sistema eléctrico; y las empresas titulares han manifestado formalmente su disposición a realizar las inversiones necesarias para prolongar su vida útil sin trasladar costes al erario ni a los consumidores. «No estamos ante un debate técnico ni económico», subrayan, «sino ante una decisión que corre el riesgo de ignorar una realidad que cumple escrupulosamente los criterios establecidos por el propio Gobierno».Documento PDFEl texto también denuncia la falta de interlocución por parte del Ejecutivo. Los alcaldes recuerdan que han solicitado hasta en cinco ocasiones ser recibidos por distintos ministerios —Transición Ecológica, Economía y Trabajo— sin haber obtenido respuesta. Una ausencia de diálogo que, según avisan, alimenta en la región la sensación de que «no todos los territorios reciben la misma atención», incluso cuando están en juego decisiones con un impacto social y económico de gran alcance.Fuentes municipales explican a este periódico que la entrega de la carta y el previsto despliegue simbólico de una pancarta reivindicativa en las inmediaciones de La Moncloa buscan abrir un espacio político antes de que el calendario administrativo quede definitivamente cerrado. «No pedimos un trato de favor ni una excepción», dice a ABC Fernando Sánchez, alcalde de localidades cacereñas de Belvís de Monroy y Casas de Belvís y presidente de la plataforma ciudadana «Sí a Almaraz, sí al futuro»; que ha llegado incluso a plantear la irracionalidad del cierre ante el Parlamento Europeo. Un grupo de eurodiputados visitará en las próximas semanas las instalaciones y la comarca para analizar las potenciales consecuencias de un eventual cierre. «Pedimos coherencia con los criterios que el propio Gobierno ha fijado y que se escuche a un territorio que habla de forma unánime».La referencia a ejemplos internacionales refuerza este planteamiento. La misiva recuerda que centrales de características prácticamente idénticas, como la de North Anna, en Estados Unidos, tienen prevista su operación al menos hasta 2060, siempre que cumplan los requisitos técnicos y regulatorios. «Demuestra que, con inversiones y controles adecuados, estas instalaciones pueden seguir aportando energía segura y estabilidad durante décadas», recoge el texto.Con esta iniciativa, los alcaldes del Campo Arañuelo pretenden desplazar el foco del debate : no tanto si Almaraz puede continuar, sino por qué el Gobierno mantiene una decisión de cierre incluso cuando se cumplen las condiciones que él mismo ha establecido. Una pregunta que llega ya directamente a la mesa del presidente.
El Palacio de la Moncloa ha sido esta mañana escenario de una iniciativa poco habitual en los márgenes del Consejo de Ministros. Coincidiendo con la reunión semanal del Ejecutivo, alcaldes y alcaldesas del Campo Arañuelo extremeño, de distintas sensibilidades políticas, han entregado una carta … dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y advertir del impacto «difícilmente reversible» que tendría su cierre en una comarca especialmente castigada por la despoblación.
En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, los regidores subrayan que Almaraz «no puede cerrar» y apelan directamente al presidente para que reconsidere una decisión que, a su juicio, no responde ni a criterios técnicos ni económicos, sino a un posicionamiento político fijado hace tiempo, antes de que las principales economías del mundo reafirmasen la apuesta por la nuclear ante la realidad energética. «Nuestra preocupación no se limita únicamente a la continuidad de la central —que consideramos plenamente justificada—, sino a que la decisión de cierre se mantenga como un marco inamovible», señalan en el texto.
Unidos por una poco habitual causa común, los mandatarios locales, con distintos intereses políticos, recuerdan que la central sostiene más de 4.000 empleos directos e indirectos, actúa como principal motor económico del entorno y permite «mirar al futuro con una mínima certidumbre» en un territorio donde la pérdida de población es estructural. «Prescindir de este activo supondría un golpe de enorme magnitud, con efectos sociales y económicos duraderos», advierten los alcaldes, que firman un documento que no distingue entre siglas.
Pero el núcleo del mensaje va más allá del impacto local. Los firmantes responden de forma explícita a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, en las que reiteró su voluntad de mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares, y sostienen que Almaraz cumple de forma objetiva las tres condiciones que el propio Ejecutivo ha fijado como requisito previo para autorizar una prórroga: seguridad, garantía energética y territorial, y ausencia de costes para los ciudadanos o la Administración.
Según exponen en la carta, la central ha operado durante décadas bajo elevados estándares de seguridad, con supervisión constante de los organismos reguladores; contribuye de manera decisiva a la estabilidad del sistema eléctrico; y las empresas titulares han manifestado formalmente su disposición a realizar las inversiones necesarias para prolongar su vida útil sin trasladar costes al erario ni a los consumidores. «No estamos ante un debate técnico ni económico», subrayan, «sino ante una decisión que corre el riesgo de ignorar una realidad que cumple escrupulosamente los criterios establecidos por el propio Gobierno».
El texto también denuncia la falta de interlocución por parte del Ejecutivo. Los alcaldes recuerdan que han solicitado hasta en cinco ocasiones ser recibidos por distintos ministerios —Transición Ecológica, Economía y Trabajo— sin haber obtenido respuesta. Una ausencia de diálogo que, según avisan, alimenta en la región la sensación de que «no todos los territorios reciben la misma atención», incluso cuando están en juego decisiones con un impacto social y económico de gran alcance.
Fuentes municipales explican a este periódico que la entrega de la carta y el previsto despliegue simbólico de una pancarta reivindicativa en las inmediaciones de La Moncloa buscan abrir un espacio político antes de que el calendario administrativo quede definitivamente cerrado. «No pedimos un trato de favor ni una excepción», dice a ABC Fernando Sánchez, alcalde de localidades cacereñas de Belvís de Monroy y Casas de Belvís y presidente de la plataforma ciudadana «Sí a Almaraz, sí al futuro»; que ha llegado incluso a plantear la irracionalidad del cierre ante el Parlamento Europeo.
Un grupo de eurodiputados visitará en las próximas semanas las instalaciones y la comarca para analizar las potenciales consecuencias de un eventual cierre. «Pedimos coherencia con los criterios que el propio Gobierno ha fijado y que se escuche a un territorio que habla de forma unánime».
La referencia a ejemplos internacionales refuerza este planteamiento. La misiva recuerda que centrales de características prácticamente idénticas, como la de North Anna, en Estados Unidos, tienen prevista su operación al menos hasta 2060, siempre que cumplan los requisitos técnicos y regulatorios. «Demuestra que, con inversiones y controles adecuados, estas instalaciones pueden seguir aportando energía segura y estabilidad durante décadas», recoge el texto.
Con esta iniciativa, los alcaldes del Campo Arañuelo pretenden desplazar el foco del debate: no tanto si Almaraz puede continuar, sino por qué el Gobierno mantiene una decisión de cierre incluso cuando se cumplen las condiciones que él mismo ha establecido. Una pregunta que llega ya directamente a la mesa del presidente.
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