Una decena de instrucciones judiciales investigan el espionaje al independentismo catalán con el programa Pegasus. Llevan más de tres años, pero las pesquisas apenas han avanzado. Chocan con una ley de 1968, la de Secretos Oficiales, que protege la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su directora, Esperanza Casteleiro, ha testificado en dos ocasiones y su aportación al caso ha sido casi nula. Y su antecesora, Paz Esteban, que consta como imputada en cinco causas y fue cesada cuando trascendió que uno de los espiados había sido el expresident Pere Aragonès, ha comparecido en cuatro ocasiones también por videoconferencia con contribuciones similares. Ambas se han amparado en que se trata de información reservada.
La instrucción de una decena de causas prosigue sin que la imputación de una exjefa del CNI sirva para aclarar dudas sobre el uso del programa espía
Una decena de instrucciones judiciales investigan el espionaje al independentismo catalán con el programa Pegasus. Llevan más de tres años, pero las pesquisas apenas han avanzado. Chocan con una ley de 1968, la de Secretos Oficiales, que protege la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su directora, Esperanza Casteleiro, ha testificado en dos ocasiones y su aportación al caso ha sido casi nula. Y su antecesora, Paz Esteban, que consta como imputada en cinco causas y fue cesada cuando trascendió que uno de los espiados había sido el expresident Pere Aragonès, ha comparecido en cuatro ocasiones también por videoconferencia con contribuciones similares. Ambas se han amparado en que se trata de información reservada.
El Gobierno se comprometió con ERC a desclasificar esa información para facilitar las investigaciones, pero tal y como reconocen fuentes judiciales, la desclasificación aprobada por el Consejo de Ministros fue más bien formal: apenas la admisión del espionaje a Aragonès, argumentando que estaría asumiendo conductas “ajenas a sus competencias oficiales y contrarias a la seguridad nacional”. La institución canadiense Citizen Lab, la que sacó a la luz el masivo caso de espionaje a integrantes del independentismo catalán, acreditó que fueron al menos 65 las víctimas de ese proceso, mientras que el Gobierno apenas ha reconocido 18. ¿Esos 47 que están en el limbo fueron espiados sin la pertinente autorización judicial? Para que el CNI pueda intervenir una comunicación ha de contar con el beneplácito de un juez del Tribunal Supremo. La existencia de ese permiso es justo uno de los interrogantes básicos de la investigación y el motivo por el que ERC pidió la desclasificación.
Aragonès solo es uno más en la lista oficiosa de espiados. Jordi Sànchez fue una de sus primeras víctimas en 2015, cuando faltaban unas semanas para las elecciones autonómicas que llevaron al independentismo a su cenit, y en el otoño caliente de 2017, antes del referéndum, cuando ocupaba la presidencia de la Assemblea Nacional Catalana y era una de las figuras capitales del independentismo. Pero hay otros políticos de ERC, Junts y la CUP y activistas diversos, además de Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, cuyo móvil fue infectado justo en el momento en el que distintos abogados del juicio del procés se reunían para consensuar un frente común. El mayor número de espionajes, de hecho, se produjo a partir de 2019. Fuera de Cataluña, incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue víctima del programa espía.
Muchas de las personas que han presentado demandas han acreditado mediante informes periciales elaborados por empresas especializadas o los Mossos d’Esquadra haber sido infectados por el potente programa espía que solo podría utilizar el CNI. Sus teléfonos fueron infectados con “enlaces maliciosos” escondidos en noticias enlazadas en mensajes con rastros similares a los dejados por Pegasus.
Algún magistrado ha enviado un suplicatorio al Consejo de Ministros para que autorizara la declaración de Paz Esteban sin tantos límites. No ha podido ser así y los titulares de los juzgados que instruyen las diferentes causas (el del 32 de Barcelona se opuso a unirlas todas y convertir el caso en una causa general) se van mirando por el retrovisor, a la espera de cómo avanza cada uno su propia pieza. Por su parte, algún letrado de los demandantes no esconde su pesimismo ante la escasa evolución de las indagaciones y la falta de colaboración de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Existe un precedente que argumenta esa actitud. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos despachó con un párrafo el caso del exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, que también había denunciado el caso en los juzgados ordinarios. Según la institución basada en Estrasburgo, no había pruebas de la violación de derechos o libertades del político y archivó la denuncia. Hay otro elemento, en cambio, que les abre la puerta al optimismo: que una sección de la Audiencia de Barcelona señalara que existen indicios “para construir una fundada sospecha de autoría criminal” contra Paz Esteban, pese a que los riesgos de prescripción crecen a la par que el transcurso del tiempo.
Pese al elemento común (el espionaje utilizando Pegasus), las diferentes instrucciones judiciales cuentan con sus singularidades. Un grupo de afectados bajo el nombre de Sentinel Alliance ha ampliado el círculo de investigación a la cadena de mando de la Guardia Civil, consiguiendo la reciente imputación de sus exdirectores Félix Vicente Azón y María Gámez por una posible constitución de delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos. Van den Eynde intenta, por su lado, que testifique el predecesor de Paz Esteban, Félix Sanz.
Ya son varios los que han pedido también las empresas que están detrás del programa espía Pegasus, y también de otro menos conocido, Candiru: NSO Group Technologies (Pegasus), Q Cyber Technologies, OSY Technologies, Sayto Tech (creador del software Candiru) y sus directivos: Shalev Hulio, Yuval Somekh, Eran Shorer, Ya’akov Weizman y Eitan Achlow. La asociación Irídia, que lleva la defensa del abogado de Oriol Junqueras (entre otros líderes de ERC), Andreu Van den Eynde, considera ese flanco imprescindible para llegar al fondo de la cuestión. Han pedido cuestiones rogatorias a Israel y a Luxemburgo (donde se encuentra la filial europea del grupo) para contar con más información sobre el caso. La ayuda israelí se da por imposible, pero no la del ducado.
Implicación directa de las empresas
Señalar a las empresas y a los directivos no busca únicamente tener información sobre el espionaje, sino señalarlos como una parte imprescindible en todo el proceso. La base de esa apreciación se encuentra en una sentencia en California de mayo pasado, según la cual NSO Group tenía que pagar 167 millones de dólares a Meta (como propietario de WhatsApp) por haber hackeado 1.400 cuentas de abogados, activistas de derechos humanos y funcionarios gubernamentales. Durante el juicio, sus ejecutivos argumentaron que el trabajo era para agencias de inteligencia que luchaban por la seguridad nacional.
Toda la polémica sobre Pegasus, y programas similares, estalla después de que la Comisión de Venecia cuestionara sus superpoderes ante una regulación anticuada en un informe de diciembre de 2024: “Es crucial establecer límites claros sobre el uso de software espía por parte del Estado para prevenir y erradicar prácticas abusivas”. El órgano consultivo de la Unión Europea concluía que, sin regulación, corre el riesgo de convertirse “en un arma de vigilancia” que podría utilizarse para restringir los derechos humanos, censurar y criminalizar la crítica y la disidencia, o acosar y reprimir. Demanda un informe anual en el que clarifique si se utilizan programas espías y, sobre todo, que se asegure que la agencia no accede a más información de la que está autorizada a investigar.
