El juicio contra el “mayor estafador hipotecario de España”, el “estafador de los pobres”, ha dejado al descubierto la escenografía, la puesta en escena, los papeles y los actores protagonistas y secundarios de una presunta estafa multitudinaria dirigida y promovida supuestamente por Antonio Arroyo Arroyo, un afamado prestamista de 72 años. Por la sala, que ha presidido durante ocho intensas y extensas sesiones el magistrado José Luis Sánchez Trujillano, han pasado los 29 presuntos perjudicados y después el propio Arroyo, supuesto director de una suerte de “gran teatro” de la estafa, y todo su elenco, otros ocho acusados. Ha sido “el juicio del año” de la Audiencia Provincial de Madrid, aseguraba Trujillano antes de dejarlo visto para sentencia la tarde del pasado jueves.
Acusados y víctimas descubren la operativa del fraude del mayor prestamista de España en un macrojuicio. Unas actuaciones protagonizadas por intermediarios financieros en el escenario de unas notarías de Madrid
El juicio contra el “mayor estafador hipotecario de España”, el “estafador de los pobres”, ha dejado al descubierto la escenografía, la puesta en escena, los papeles y los actores protagonistas y secundarios de una presunta estafa multitudinaria dirigida y promovida supuestamente por Antonio Arroyo Arroyo, un afamado prestamista de 72 años. Por la sala, que ha presidido durante ocho intensas y extensas sesiones el magistrado José Luis Sánchez Trujillano, han pasado los 29 presuntos perjudicados y después el propio Arroyo, supuesto director de una suerte de “gran teatro” de la estafa, y todo su elenco, otros ocho acusados. Ha sido “el juicio del año” de la Audiencia Provincial de Madrid, aseguraba Trujillano antes de dejarlo visto para sentencia la tarde del pasado jueves.
“Yo seguí las instrucciones del señor Arroyo para engañar a los clientes, les vendíamos préstamos en cómodos plazos, pero les hacíamos firmar otra cosa, los perjudicados llegaron a venir a mi casa a pedirme cuentas, el señor Arroyo lo sabe, y sabe que tuve que cambiarme de domicilio, y ahora ha pretendido inculparnos a nosotras. Por eso he confesado. Lo he hecho libremente. Pido perdón a las víctimas por el daño que les haya podido causar”, resumió el viernes en su derecho a la última palabra María Antonia Muñoz, una de las dos intermediarias de las supuestas estafas que han delatado al “rey del dinero rápido”.
“Asumo totalmente las acusaciones de la Fiscalía y siento el daño que haya podido ocasionar a los denunciantes”, remató su compañera, María Carmen Camblor.
Arroyo, que lleva a gala ser el número uno en el registro de prestamistas de España, vio un nicho de negocio en la necesidad de financiación de la gente en los años de la crisis (2008-2014), cuando los bancos no daban créditos, y realizó más de 1.100 operaciones en diez años, según presumió él mismo. Consta, de hecho, con un número similar de derechos hipotecarios de inmuebles en el Registro de la Propiedad.
Según se desprende de los relatos de sus colaboradores y de sus presuntas víctimas, el engaño se gestaba mediante una teatralización, una obra de tres actos, con la actuación coordinada de todos los protagonistas dirigidos por el propio Arroyo. El primer acto era la captación de los clientes. El segundo, la firma de los supuestos préstamos ante unos notarios de unas notarías habituales. Y el tercer acto, la espiral de una deuda creciente e impagable y la angustia de las víctimas.
Acto 1: La captación. En esta primera escena tiene un especial protagonismo la exmujer de Antonio Arroyo, Rebeca Pacheco, y su hermana, Clara Pacheco. Ambas trabajaban en una oficina de asesoría financiera en la Avenida del Mediterráneo de Madrid captando potenciales clientes: “Yo les explicaba la operación, antes de que entrara el señor Arroyo, que iba directamente a la firma en notaría. El cliente lo sabía todo: Que había unos intereses del 28%, que se trataba de una ”hipoteca cambiaria», y que era ejecutable a los seis meses mediante “letras de cambio”, defendió ante el juez Rebeca Pacheco, mientras su hermana se limitó a decir que cogía el teléfono y que la empresa estaba a su nombre.
“Sabíamos que era gente desesperada, algunos no tenían ni para comer o tenían hijos discapacitados, sabíamos que no iban a poder devolver el dinero”, asumió Camblor respondiendo a las preguntas de su abogado, Enrique Vilella. De hecho, “no les pedíamos ni la nómina, ni el contrato de trabajo, ni nada de nada, tan solo la escritura de la vivienda en propiedad”, reconoció.
Desde este primer acto, “todos lo sabían”, como aseveró María Antonia Muñoz, todos los mediadores sabían el secreto que guardaba la endiablada operación que les iban a hacer firmar después, tras caer en la trampa. El secreto era que no pudieran pagar nunca lo firmado, aunque quisieran hacerlo, para poder ir directos a por sus casas (que previamente habían puesto como aval del préstamo), y así vender los derechos hipotecarios tasándolas a precios irrisorios (algunas por 10.000 euros).
Acto 2: La firma en notaría. Una vez embaucados y convencidos con palabras que les sonaban a música celestial (“cómodos plazos”, “los primeros seis meses no se paga nada”, “reunificamos su deuda”, “tenemos la mejor solución para usted”…) se citaba a los clientes, con apremio y de cualquier parte de España, en unas notarías de Madrid: “Su operación ha sido aprobada, tiene usted que venir tal día a tal hora”, les decían, dándoles poco margen de tiempo para pensar y reaccionar. Nunca veían un papel antes de llegar a la notaría. “Todo verbal”, coincidieron todos los declarantes.
Casi siempre eran las dos mismas notarías de Madrid, en la calle del Buen Suceso 6 y en la calle Orense 68, y los mismos notarios, inicialmente imputados en el proceso pero eximidos en Instrucción. Dos de ellos, Julia Sanz y Ricardo Ferrer, declararon como testigos y aseguraron haber leído y explicado a los firmantes las condiciones de los contratos. “Las que les explicábamos todo éramos nosotras antes de entrar en la notaría, pero los documentos con las otras condiciones los elaboraba y los enviaba a la notaría Antonio Arroyo, nosotras llevábamos al cliente convencido y tratábamos de que no se enterase bien de lo que realmente firmaba, diciéndole que no se preocupara, que ahí ponía lo que le habíamos dicho antes, que no preguntara nada para no enfadar al notario y urgiéndole por la hora“, reconoció María Antonia Muñoz.
Incluso, si percibían que los clientes tenían dudas, introducían a nuevos personajes en la función que le dieran más verosimilitud al acto de la firma, como un presunto director de una sucursal de Caja Duero: Jorge Juan Cabrera Checa. En su declaración, dijo que él pasaba casualmente por la notaría y que cuando les detuvo la policía perpetrando el engaño in fraganti —como consta en un atestado incorporado a la causa— dijo: “Sí, el director de Caja Duero”, de manera irónica al agente.
Una vez en la sala de la notaría, entraba Antonio Arroyo y les daba una parte del préstamo concedido en metálico (en billetes de 50 o 500 euros), dentro de un sobre. “Me tiró el dinero encima de la mesa y me preguntó: ¿Quieres más?”, relató una de las perjudicadas. “Los clientes contaban el dinero y después firmaban, creyendo que lo hacían por el montante que se les acababa de entregar, pero en realidad en el documento ponía el doble o el triple de esa cantidad, con unos intereses del 28% y con un plazo de vencimiento de seis meses, los mismos que se les decía que no tenían que pagar nada”, asumieron las dos intermediarias. Su compañero, José María Martín Soblechero, aseguró en cambio que le explicaba todo bien a los clientes, que lo entendían todo, y que él nunca entraba en las firmas.
El último en entrar en la sala, tras contar los clientes el dinero con Arroyo, era el notario: “¿Ha recibido usted el dinero?”, preguntaba, y supuestamente asumía que era la cantidad que aparecía en el contrato para la firma.
Así, contentos con su sobre de dinero en metálico, salían clientes, intermediarios y el propio Arroyo de la notaría y se despedían. “La copia de la escritura ya se la enviaremos más adelante”, les decían antes de esfumarse para siempre.
Acto 3: La espiral de la deuda. Pasaban los meses y los clientes no sabían ni cuándo ni dónde tenían que empezar a pagar sus “cómodos plazos”. Mosqueados, llamaban a los teléfonos de las personas que habían intermediado en su operación, pero ya “nadie contestaba” a sus llamadas, ni a sus mensajes, ni a sus correos, ni a sus faxes… Y si lo hacían alguna vez: “No se preocupe, es que están preparando sus papeles en notaría”. “Les dábamos largas”, reconocieron las intermediarias. “Estábamos siempre dispuestos a ayudarles”, aseguró Arroyo.
A los seis meses les llegaba a los clientes una notificación del juzgado en la que se les informaba de la ejecución de su hipoteca por parte de una empresa de la que jamás habían oído hablar y a la que, previamente, Antonio Arroyo había vendido las letras de cambio correspondientes. “O pagas o te quitan la casa”, les informaba e incluso les volvía a ofrecer su “ayuda” y otra “refinanciación”.
La angustia se apoderaba de todos aquellos desesperados que creyeron haber solucionado sus acuciantes problemas económicos con Antonio Arroyo. Se habían adentrado en la espiral de una deuda creciente, buscaban cómo pagar cantidades imposibles, vendían apresuradamente sus casas para poder cancelar la deuda antes de que se las quitaran, pedían dinero a terceros, eran desahuciados, se suicidaban… La casuística del terror es variada. Se cierra el telón.
Se abre el telón. En la sala de vistas de la Audiencia Nacional, Antonio Arroyo Arroyo se defiende con soltura en en el banquillo de los acusados. Es el último en declarar. Él y su abogado, Enrique Ugarte, cuentan la historia al revés: los listos y estafadores son “los clientes”, que sabían todo y se llevaron un dinero que nunca han devuelto. Además, se han compinchado para contar la misma versión todos juntos y crear una macrocausa con la mediación de sus abogados y de un comisario de policía que promovió la denuncia colectiva. El abogado Javier Alberti, que representa a 19 de los perjudicados, presenta un informe demoledor y pide 6 años de cárcel para Arroyo, aparte del resarcimiento de las víctimas. La fiscal manifiesta sin ambages su “indignación” y su “dolor” ante lo acontecido en la sala y le pide 3,5 años.
Arroyo ha salido absuelto de múltiples causas por prescripción del delito de estafa. En esta ocasión el delito es “estafa continuada” y no ha prescrito, pese a que este macroproceso arrancó en 2011.
