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Consejos para el juicio del 23-F: exhibir “juego limpio” para garantizar una “sentencia justa”
Los papeles desclasificados por el Gobierno incluyen un análisis de los primeros días del juicio del 23-F, que arrancó el 19 de febrero de 1982 en el Servicio Geográfico del Ejército (actual Centro Geográfico del Ejército), en el barrio de Campamento, en Madrid. El texto, incorporado dentro de la carpeta denominada “Otra documentación del Ministerio del Interior”, está sin firmar, pero el autor habla en nombre de “una plataforma de observación” que evalúa el desarrollo de la vista oral con la información disponible a través de los medios de comunicación y da consejos para garantizar la credibilidad del proceso dentro y fuera de España. “El balance de los primeros días del juicio es positivo en su conjunto, tanto en su desarrollo interno como en su proyección pública”, señala el texto, que, no obstante, recalca que han surgido “problemas” que hay que solucionar. “Es preciso concienciarse plenamente de que, para llegar al resultado final de la sentencia justa hay que recorrer un largo y espinoso camino […] donde el juego limpio (que no otra cosa representan las formalidades procesales del juicio) debe garantizarse con un arbitraje imparcial y ecuánime de quien dirime los debates. De esta actuación depende, en gran manera,a través del testimonio de los medios de comunicación, la credibilidad de la sociedad en la justicia material del Tribunal”, advierte el documento.
El autor subraya la importancia de asegurar el cumplimiento de “las formalidades” del juicio para evitar que la sentencia pueda ser recurrida por “quebrantamiento de forma” ante el Tribunal Supremo” por las “consecuencias demoledoras” que tendría su estimación. El texto expone que en este proceso se confronta el “interés público” de cerrar “definitivamente” el capítulo del 23-F en el plazo más corto posible, “pero con la servidumbre de tener que lograrlo respetando las garantías procesales de los acusados”; y el “interés particular”, de los acusados y sus defensas, en forzar plazos más largos, “utilizando en su provecho cuantos caminos o recovecos les permita la legalidad del procedimiento”. “Doblar el año 1982 sin que haya sentencia firme, es acaso abrirse a la esperanza de obtener de la sociedad el refrendo nue no van a alcanzar de los jueces”, afirma el autor, que advierte de que los acusados podrían incluso presentarse a las elecciones si estas se convocan antes de que estén condenados.
Sobre el desarrollo del juicio, el documento analiza algunos episodios de los primeros días, como la retirada de la acreditación al Diario 16 por la publicación de una información que recogía el testimonio de uno de los policías militares que entraron en el Congreso. El texto considera “asumible” esa decisión, pero advierte de que la suspensión no puede mantenerse “indefinidamente” y debe ser revocada “cuanto antes” porque “la prudencia que la prensa, en general, ha mostrado frente al hecho, correría el riesgo de deteriorarse en breve plazo”. El texto detalla también cómo se debería actuar ante distintas situaciones que podrían producirse en el juicio, como la incomparecencia voluntaria de testigos o la posibilidad de “plante” por parte de los procesados a ser trasladados a la vista oral. Si esto ocurriera, advierte el tribunal debería actuar con firmeza, forzar la presencia de los procesados y, si fuera necesario, continuar el juicio a puerta cerrada.
