La investigación judicial para determinar qué sucedió en el maltrato a un bebé de seis semanas que llegó el miércoles de la pasada semana al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona con lesiones severas no descarta ningún origen de las agresiones. Las pesquisas se han ampliado más allá de los padres, de 43 y 42 años, que desde el viernes pasado se encuentran en prisión provisional acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.
La víctima pasó por dos centros sanitarios antes de que saltaran las alarmas en el hospital de Sant Pau
La investigación judicial para determinar qué sucedió en el maltrato a un bebé de seis semanas que llegó el miércoles de la pasada semana al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona con lesiones severas no descarta ningún origen de las agresiones. Las pesquisas se han ampliado más allá de los padres, de 43 y 42 años, que desde el viernes pasado se encuentran en prisión provisional acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.
Que se haya decidido explorar cualquier vía de investigación no presupone que la acusación que recae sobre los padres quede descartada. En su declaración, los dos progenitores, una enfermera del mismo centro en el que está ingresado ahora la criatura y el empleado de una fábrica, aseguraron desconocer cómo pudieron ocurrir los hechos de los que se les acusa.
El miércoles fueron arrestados después de que el niño fuera tratado en el hospital Vall d’Hebron, centro de referencia en la atención a menores, donde llegó derivado del hospital de Sant Pau tras activarse el protocolo por maltrato. La consejera de Salud, Olga Pané, aseguró este jueves que el bebé, ingresado todavía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), evoluciona favorablemente, aunque esa situación no permite descartar que sea víctima de secuelas físicas y neurológicas el resto de su vida. La Fiscalía ha encargado un gran volumen de documentación para llevar a cabo su investigación, explican fuentes conocedoras de las actuaciones, por lo que es previsible que su informe se prolongue todavía en el tiempo.
La Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA, antigua DGAIA) ha asumido la patria potestad del niño y ha impedido el acceso a la UCI a cualquier familiar del niño. No obstante, está elaborando un Informe de Familia Extendida, para ver si es posible que algún miembro familiar, pueda asumir la tutoría. Si ese informe fuera negativo, se buscará una familia de acogida que pueda hacerse cargo. La plaza número 1 de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona decidió retirar la patria potestad ante la gravedad de los hechos a los padres, que siguen en prisión provisional y sin fianza ante el riesgo de fuga.
Antes de detectar los signos de maltrato, el sistema sanitario trató a la bebé por diferentes cuestiones sin que llamara la atención. Nacida a principios de febrero en el hospital Vall d’Hebron, donde trabajaba su madre, la bebé pasó las primeras revisiones ordinarias de forma satisfactoria.
No fue hasta un mes después, a principios de marzo, cuando la menor inició un periplo por varios dispositivos sanitarios. Primero acudió al hospital del Mar por vómitos y febrícula. Allí se le realizó un estudio de orina y le pusieron una sonda. Al cabo de seis días, la familia se personó en el Hospital Sant Joan de Déu, donde detectaron un hematoma que coincidía con la sonda. El 10 de marzo fueron a un ambulatorio de Barcelona y comprobaron que el hematoma se había esparcido y la derivaron al Hospital de Sant Pau. En el hospital se le practicó un hemograma y un test de maltratos que superó con resultados aparentemente normales.
Las alarmas saltaron el 16 de marzo. La familia regresó a Sant Pau por una inmovilidad de la pierna derecha y las pruebas detectaron entonces una fractura y un desgarro anal. El centro activó el protocolo: el bebé fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Vall d’Hebron, donde sigue actualmente ingresado; mientras que los padres se desplazaron en paralelo. La reacción de los progenitores, neutra, llamó la atención de los profesionales que les trataron.
A su llegada al centro barcelonés, agentes de los Mossos d’Esquadra los estaban esperando y procedieron a su detención. Dos días después, el 18 de marzo, el juez decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos, tras valorar los hechos y sus declaraciones.
