El Parlamento israelí ha aprobado este lunes sentenciar a pena de muerte a los palestinos que los tribunales militares israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania encuentren culpables de matar a israelíes en el marco del conflicto de Oriente Próximo. En una decisión casi impensable hace años, la pena capital pasa así de figura legal residual e inactiva (la justicia israelí lleva un cuarto de siglo sin pronunciarla, la abolió para los asesinatos en 1954 y nunca la ha aplicado a palestinos) a castigo por defecto en las cortes castrenses para estos casos: por ahorcamiento y sin necesidad de unanimidad entre los jueces. Los tribunales militares solo juzgan a palestinos (los colonos israelíes en Cisjordania están sujetos a la legislación civil) y representan un 96% de condenas, a veces con base en confesiones obtenidas con maltratos y torturas, según organizaciones de derechos humanos.
La ley obliga a los tribunales militares a llevar a la horca, salvo casos excepcionales, a quienes asesinen israelíes en “actos de terrorismo”. La pena capital no requiere unanimidad
El Parlamento israelí debate este lunes —y tiene previsto votar en lectura definitiva— una drástica ampliación de la pena de muerte para los palestinos que los tribunales militares israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania condenen por matar a israelíes. De aprobarse, la pena capital pasará de figura legal residual (la justicia israelí lleva un cuarto de siglo sin pronunciarla, la abolió para los asesinatos en 1954 y nunca la ha aplicado a palestinos) a castigo por defecto en las cortes castrenses para estos casos: por ahorcamiento y sin necesidad de unanimidad entre los jueces. Los tribunales militares solo juzgan a palestinos (los colonos israelíes en Cisjordania están sujetos a la legislación civil) y presentan un 96% de condenas, a veces con base en confesiones obtenidas con maltratos y torturas, según organizaciones de derechos humanos.
El proyecto de ley obliga a los tribunales militares en Cisjordania a castigar el asesinato de israelíes con la pena capital. Solo pueden optar por la cadena perpetua si aprecian “circunstancias especiales”. La decisión no debe ser unánime: basta con mayoría simple. La medida incluye disposiciones que exigen la sentencia en un plazo de 90 días, sin derecho a indulto.
Es la propuesta estrella del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que hizo campaña electoral en 2022 con lemas como “Muerte a los terroristas”. Este lunes, en el Parlamento, la ha defendido como “una medida disuasoria” y una “ley histórica”. “[La UE la critica porque] no le gusta que Israel se defienda a sí misma ni […] vernos con vida”, ha afirmado. “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en esa UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”. Como él, varios diputados llevaban insignias con forma de soga en la solapa.
Ben Gvir ha venido amenazando al primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante la legislatura (que concluye este año) con dejar el Gobierno si la bloqueaba por miedo a la repercusión internacional. El primer ministro se pronunció en 2022 a favor de la pena de muerte, con el argumento de que hay personas que “no merecen vivir” por haber “cometido crímenes abominables”. El Likud ha votado a favor ya en la segunda lectura, lo que señala los apoyos necesarios (junto con el resto de formaciones, ultraortodoxas y ultranacionalistas) para su aprobación.
Netanyahu ha venido suavizando la propuesta inicial, aún más radical, al contemplar la pena de muerte como único castigo posible. El texto revisado, el que se debate este lunes, deja abierta la puerta, de forma excepcional, a la cadena perpetua. Será, ha subrayado Ben Gvir, la “excepción” a la norma: el ahorcamiento.
El proyecto de ley se ha movido recientemente a velocidad de crucero, a siete meses de las próximas elecciones legislativas, en las que los sondeos no dan los números para una reedición del actual Gobierno de coalición. El pasado noviembre fue aprobado en primera lectura y recibió luz verde de la comisión parlamentaria de Justicia la semana pasada.
Diversos grupos de derechos humanos han anunciado que, si sale adelante, impugnarán la ley ante el Tribunal Supremo. Tiene entre sus prerrogativas tumbar la legislación que contradiga las leyes básicas (Israel carece de Constitución), en un rol similar al del Tribunal Constitucional en España.
La votación va en sentido contrario al mundo. Según Amnistía Internacional, 54 países mantienen la pena de muerte, en medio de una tendencia global a la abolición: 113 la han prohibido para todos los delitos.
Críticas
La propuesta inquieta profundamente a una Europa que lleva días llamando a Israel a dar marcha atrás. Los últimos en pronunciarse han sido los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido que, en un comunicado conjunto, han advertido este lunes de que, si el proyecto de ley sale adelante, “Israel correría el riesgo de socavar sus compromisos con los principios democráticos”, informa Silvia Ayuso.
De manera similar se manifestó durante el fin de semana el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, quien, en sendas cartas a los presidentes de Israel, Isaac Herzog, y de la Knesset, Amir Ohana, les llamó a “desistir” de la propuesta y recordó que el Consejo de Europa (del que Israel no forma parte pero sí participa en varias convenciones y mecanismos de cooperación) “se opone a la pena de muerte en cualquier lugar y en cualquier circunstancia”. Y advirtió de que la propuesta legislativa “supondría un grave retroceso con respecto a la moratoria de facto que Israel mantiene desde hace tiempo”.
En similares términos se ha pronunciado también la UE. El portavoz de Exteriores Anouar El Anouni calificó la semana pasada el proyecto de ley de “profundamente preocupante” y un “grave paso atrás” en la práctica israelí que, indicó, podría contravenir al compromiso israelí con los principios democráticos y el derecho internacional consagrado en el Acuerdo de Asociación UE-Israel.
Las críticas no solo han llegado desde el extranjero. En el ámbito político, buena parte de la oposición a Netanyahu y todos los partidos árabes han criticado la propuesta durante el debate en la Knesset.
También organizaciones israelíes y palestinas de derechos humanos. La directora ejecutiva de Btselem, Yuli Novak, ha asegurado que “Israel está alcanzando un nuevo nivel de deshumanización hacia los palestinos” al “consagrar su trato cruel en la legislación estatal”. “Ya asesina palestinos sistemáticamente y no se le exige que rinda cuentas […] El sistema israelí se está convirtiendo día a día en un sistema que normaliza el asesinato”, ha añadido en un comunicado.
Los tribunales militares israelíes ya tienen, sobre el papel, la facultad de imponer la pena de muerte, pero no lo hacen. También los civiles, pero circunscrita desde los años cincuenta a delitos muy excepcionales, entre los que no figura el asesinato. Las escasas sentencias han acabado, de hecho, tumbadas por el Supremo o conmutadas por cadena perpetua.
Solo se ha aplicado en dos ocasiones. La más conocida es el ahorcamiento, en 1962, del nazi Adolf Eichmann, tras su secuestro por el Mosad en Buenos Aires, porque la filósofa Hannah Arendt acuñó, al cubrirlo, el concepto de banalidad del mal. En 1948, durante la primera guerra árabe-israelí, el judío Meir Tobianski fue ejecutado por espionaje, por decisión de un tribunal castrense improvisado. Un año más tarde, fue exonerado a título póstumo.
Feed MRSS-S Noticias
