Nueva batalla en las guerras del gerrymandering en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Virginia dio este viernes un duro golpe a las aspiraciones demócratas en las elecciones del próximo mes de noviembre, las midterms, al considerar ilegal una enmienda a la Constitución estatal. Fue aprobada en abril mediante un referéndum que los jueces han declarado “nulo y sin efecto”.
El rediseño restaba cuatro escaños a los republicanos en las elecciones del próximo noviembre. El Congreso de Tennessee aprueba la eliminación de un distrito de mayoría negra
Nueva batalla en las guerras del gerrymandering en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Virginia dio este viernes un duro golpe a las aspiraciones demócratas en las elecciones del próximo mes de noviembre, las midterms, al considerar ilegal una enmienda a la Constitución estatal. Fue aprobada en abril mediante un referéndum que los jueces han declarado “nulo y sin efecto”.
Los votantes apoyaron en las urnas una medida que daba a los demócratas la capacidad para rediseñar los distritos de voto en los que se divide el Estado, y de hacerlo en su propio beneficio. Con la decisión del Supremo de este viernes, los republicanos de Virginia, que interpusieron la demanda, se garantizan cuatro escaños en las elecciones de medio mandato, en las que se renuevan los 435 diputados de la Cámara de Representantes.
En la penúltima escaramuza de esas guerras del gerrymandering, la mayoría republicana del Congreso estatal de Tennessee aprobó el jueves la fragmentación de una circunscripción electoral de mayoría negra y signo demócrata. Lo hizo en una sesión extraordinaria convocada de urgencia por su gobernador, también republicano, y a partir de la sentencia de la semana pasada del Supremo de Washington, que tumbó un distrito afroamericano del mapa de Luisiana, y sentó un precedente para que otros Estados del Sur puedan suprimir el voto de las minorías.
Tennessee es el primer Estado en recoger el guante de un fallo que altera las reglas del juego democrático que han imperado en Estados Unidos desde la era de los derechos civiles, uno de cuyos mayores logros fue la promulgación de la Ley de Derecho al Voto (1965). El Supremo acaba de dejar herida de muerte esa norma con el argumento de que la Constitución es “color blind” (literalmente, ciega ante el color de la piel).
El Supremo sí considera legal el gerrymandering partidista; es decir, que el partido en el poder diseñe mapas electorales con circunscripciones de formas imposibles, que diluyen el voto del rival o suprimen el de las minorías para crearse un escenario favorable a sus aspiraciones.
Eso es lo que pretendían los demócratas de Virginia con la redacción de la enmienda que ahora les ha tumbado el Supremo estatal. Aquel movimiento fue una respuesta al anuncio de Texas del verano pasado. Su gobernador, Greg Abbott, propuso un mapa que, en principio, dará a los republicanos cinco escaños más. Abbott lo hizo siguiendo las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lleva meses incitando a los suyos a emplear cualquier treta para evitar la derrota en noviembre que les auguran las encuestas.
Por el lado demócrata, California también recurrió a las urnas para cambiar su mapa electoral. Varios Estados republicanos, como Florida, cuyo gobernador firmó una ley la semana pasada, se sumaron a la batalla o están listos para hacerlo.
La sentencia del Supremo de Virginia salió adelante con cuatro votos a favor y tres en contra. Su argumentación considera que la enmienda impugnada “carece de precedentes” y “socava irreparablemente la integridad del voto resultante en el referéndum”.
Cada 10 años, con la actualización del censo estadounidense, se redistribuyen los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una cantidad fija congelada desde 1929. Entonces, los Estados que ganan población crecen en asientos, y viceversa. Las disputas de estos últimos meses se dirimen en el campo del «gerrymandering a mitad de década», que es el que se da entre censo y censo. Normalmente, se pone en práctica por orden de un juez, cuando los mapas se impugnan en los tribunales.
El número y alcance de las alteraciones de los distritos a los que Estados Unidos está asistiendo tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca carece de precedentes y habla de un clima político extraordinariamente enconado, en el que los partidos de ambos signos están dispuestos a cualquier cosa para garantizarse el poder.
En estos meses, el presidente de Estados Unidos, que alentó el 6 de enero de 2021 una insurrección tras perder en las urnas en 2020, ha llamado a “nacionalizar” las elecciones, despojando a los Estados de un derecho que les otorga la Constitución, ha declarado que mejor sería si no se celebraran y ha jugado con la idea de desplegar agentes de su policía migratoria (ICE) en torno a los colegios electorales.
Está, además, obsesionado con sacar adelante una ley que endurecerá las exigencias para participar. En marzo, dijo en un acto en Miami que aprobarla “garantizaría” no solo la victoria en noviembre, sino que los demócratas no ganen una elección “en los próximos 50 años y quizá en más tiempo”.
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