El nuevo registro horario laboral impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegará al Consejo de Ministros con matices y una fisionomía parcialmente distinta a la que había planteado la ministra de Trabajo como respuesta al veto de la reducción de jornada laboral. Varios ministerios del área económica están cerrando en las últimas semanas cómo será el modelo de fichajes para todos los trabajadores para que combine todos los requisitos políticos posibles: una herramienta más efectiva con respecto la que había hasta ahora, como quiere Díaz; pero al mismo tiempo sin traspasar líneas rojas que puedan derivar en una impugnación judicial a tenor de los movimientos anticipados por la patronal si el Ejecutivo decide ponerlo en marcha tal y como estaba planteado hasta ahora. Para lograr esta cuadratura del círculo, responsables de varios ministerios están desplegando reuniones para llevar definitivamente el texto del real decreto al Consejo de Ministros. Previsiblemente será antes del verano, cuando la actividad gubernamental se paraliza. Estos encuentros los están protagonizando responsables de departamentos como el de Economía, Trabajo y Seguridad Social, pero también otros organismos están inmersos en estas conversaciones, como la Inspección de Trabajo y responsables de digitalización, indican diversas fuentes ministeriales a ABC.El texto definitivo llegará con cambios cuando pase por la mesa del Consejo de Ministros, indican esas mismas fuentes, porque el objetivo es «blindarlo» frente a la judicialización que pueda sufrir. El Gobierno quiere evitar que el nuevo registro horario suponga un calvario jurídico de consecuencias imprevisibles. Aunque «los elementos centrales» de esta reforma se mantendrán, apuntan a este diario. Es decir, no dejará de ser un modelo de fichajes que cumpla con los criterios de digitalización, interoperabilidad y con acceso directo a los inspectores laborales. En la reconversión del texto participan responsables de Economía, Trabajo, Seguridad Social, Inspección y digitalizaciónEl temor a esa judicialización se encuentra encima de la mesa desde el momento en que la CEOE ha mostrado su intención de acudir a la Justicia en el caso de que el Gobierno aprobara el nuevo registro sin pasar por el Congreso. Al tratarse de un real decreto , el Ministerio de Trabajo evita tener que superar al Poder Legislativo. Una vía normativa que la patronal, y numerosos bufetes de abogados, han puesto en entredicho, lo que podría derivar en un choque judicial. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz insisten en que solo es obligatorio tener el aval de las Cortes en lo relativo a las sanciones , pero no en el cambio en sí mismo de los fichajes que quiere aplicar la vicepresidenta segunda. Varios contratiempos seguidosEl camino que está recorriendo el registro no está siendo precisamente placentero después de que el Consejo de Estado concluyera que la reforma no debería ser aprobada al no haber calibrado correctamente el impacto que tendrá sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. El dictamen, fechado a finales de marzo, ha provocado que el Gobierno siga intentando a fecha de hoy, dos meses después, salvar la reforma con cambios en su contenido, aunque las indicaciones del Consejo de Estado no eran vinculantes , pero sí supusieron un jarro de agua fría para los intereses de la ministra de Trabajo, que había confiado en esta reforma.También los legalistas consultados por ABC han puesto en duda que el Estatuto de los Trabajadores permita una tramitación que no pase por el Congreso. Lo puede hacer, acogiéndose al artículo 34 de este texto, si es excepcionalmente, pero no para todos los casos. Porque el Estatuto aclara que el Gobierno puede cambiarlo «para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran». Y ahí reside la clave de una impugnación más que probable contra el real decreto en la que ya están trabajando algunos de estos despachos de abogados laboralistas. En Trabajo aseguran que la parte central del decreto se mantiene con la digitalización, interoperatibilidad y acceso directo a la Inspección laboralDesde que comenzó a recorrer su camino gubernamental, el registro horario ha tenido que superar varias trabas. Entre otras, la relativa a la protección de datos de los trabajadores , un derecho que se podría ver afectado por cómo estaba planteada la norma inicialmente. De hecho, el recelo por los resquicios legales llevaron a Trabajo a consultar a la Agencia de Protección de Datos hasta dónde podía llegar el rastreo de fichajes que quiere implantar el Gobierno.Además, las discrepancias mostradas por el Consejo de Estado, un organismo que tiene que analizar las normas que salgan del Gobierno aunque su opinión no implica una parálisis de la misma, vienen a refrendar las críticas que había venido vertiendo la patronal sobre esta reforma; así como las reticencias que el propio Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo , había puesto encima de la mesa al presentar sus conclusiones sobre el proyecto.Meses de choque con CuerpoEl nuevo registro horario ha llegado a generar dudas «organizativas» y «legales» en el Ministerio de Economía, revelando la compleja relación entre su titular, el ahora vicepresidente primero del Gobierno, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Al igual que ocurrió con el intento de puesta en marcha de la jornada laboral de 37,5 horas, desde Economía, en el Ministerio de Economía han puntualizado siempre la necesidad de limar algunas aristas del documento ante los indicios de que rozan la normativa sobre todo en lo relativo a la protección de datos de los empleados. La ministra de Trabajo ha encontrado importantes resistencias tanto en lo relativo al ámbito legal, como al operativo y en el coste empresarial vinculado a la medida. Porque no todas las pymes y pequeños autónomos, que constituyen el 90% del tejido productivo español, están preparados para asumir un cambio de fichaje tan importante como el que quiere implantar Díaz cuando una parte de las empresas aún no se han adaptado al sistema actual, con muchas menos obligaciones legales de registro. El nuevo registro horario laboral impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegará al Consejo de Ministros con matices y una fisionomía parcialmente distinta a la que había planteado la ministra de Trabajo como respuesta al veto de la reducción de jornada laboral. Varios ministerios del área económica están cerrando en las últimas semanas cómo será el modelo de fichajes para todos los trabajadores para que combine todos los requisitos políticos posibles: una herramienta más efectiva con respecto la que había hasta ahora, como quiere Díaz; pero al mismo tiempo sin traspasar líneas rojas que puedan derivar en una impugnación judicial a tenor de los movimientos anticipados por la patronal si el Ejecutivo decide ponerlo en marcha tal y como estaba planteado hasta ahora. Para lograr esta cuadratura del círculo, responsables de varios ministerios están desplegando reuniones para llevar definitivamente el texto del real decreto al Consejo de Ministros. Previsiblemente será antes del verano, cuando la actividad gubernamental se paraliza. Estos encuentros los están protagonizando responsables de departamentos como el de Economía, Trabajo y Seguridad Social, pero también otros organismos están inmersos en estas conversaciones, como la Inspección de Trabajo y responsables de digitalización, indican diversas fuentes ministeriales a ABC.El texto definitivo llegará con cambios cuando pase por la mesa del Consejo de Ministros, indican esas mismas fuentes, porque el objetivo es «blindarlo» frente a la judicialización que pueda sufrir. El Gobierno quiere evitar que el nuevo registro horario suponga un calvario jurídico de consecuencias imprevisibles. Aunque «los elementos centrales» de esta reforma se mantendrán, apuntan a este diario. Es decir, no dejará de ser un modelo de fichajes que cumpla con los criterios de digitalización, interoperabilidad y con acceso directo a los inspectores laborales. En la reconversión del texto participan responsables de Economía, Trabajo, Seguridad Social, Inspección y digitalizaciónEl temor a esa judicialización se encuentra encima de la mesa desde el momento en que la CEOE ha mostrado su intención de acudir a la Justicia en el caso de que el Gobierno aprobara el nuevo registro sin pasar por el Congreso. Al tratarse de un real decreto , el Ministerio de Trabajo evita tener que superar al Poder Legislativo. Una vía normativa que la patronal, y numerosos bufetes de abogados, han puesto en entredicho, lo que podría derivar en un choque judicial. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz insisten en que solo es obligatorio tener el aval de las Cortes en lo relativo a las sanciones , pero no en el cambio en sí mismo de los fichajes que quiere aplicar la vicepresidenta segunda. Varios contratiempos seguidosEl camino que está recorriendo el registro no está siendo precisamente placentero después de que el Consejo de Estado concluyera que la reforma no debería ser aprobada al no haber calibrado correctamente el impacto que tendrá sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. El dictamen, fechado a finales de marzo, ha provocado que el Gobierno siga intentando a fecha de hoy, dos meses después, salvar la reforma con cambios en su contenido, aunque las indicaciones del Consejo de Estado no eran vinculantes , pero sí supusieron un jarro de agua fría para los intereses de la ministra de Trabajo, que había confiado en esta reforma.También los legalistas consultados por ABC han puesto en duda que el Estatuto de los Trabajadores permita una tramitación que no pase por el Congreso. Lo puede hacer, acogiéndose al artículo 34 de este texto, si es excepcionalmente, pero no para todos los casos. Porque el Estatuto aclara que el Gobierno puede cambiarlo «para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran». Y ahí reside la clave de una impugnación más que probable contra el real decreto en la que ya están trabajando algunos de estos despachos de abogados laboralistas. En Trabajo aseguran que la parte central del decreto se mantiene con la digitalización, interoperatibilidad y acceso directo a la Inspección laboralDesde que comenzó a recorrer su camino gubernamental, el registro horario ha tenido que superar varias trabas. Entre otras, la relativa a la protección de datos de los trabajadores , un derecho que se podría ver afectado por cómo estaba planteada la norma inicialmente. De hecho, el recelo por los resquicios legales llevaron a Trabajo a consultar a la Agencia de Protección de Datos hasta dónde podía llegar el rastreo de fichajes que quiere implantar el Gobierno.Además, las discrepancias mostradas por el Consejo de Estado, un organismo que tiene que analizar las normas que salgan del Gobierno aunque su opinión no implica una parálisis de la misma, vienen a refrendar las críticas que había venido vertiendo la patronal sobre esta reforma; así como las reticencias que el propio Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo , había puesto encima de la mesa al presentar sus conclusiones sobre el proyecto.Meses de choque con CuerpoEl nuevo registro horario ha llegado a generar dudas «organizativas» y «legales» en el Ministerio de Economía, revelando la compleja relación entre su titular, el ahora vicepresidente primero del Gobierno, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Al igual que ocurrió con el intento de puesta en marcha de la jornada laboral de 37,5 horas, desde Economía, en el Ministerio de Economía han puntualizado siempre la necesidad de limar algunas aristas del documento ante los indicios de que rozan la normativa sobre todo en lo relativo a la protección de datos de los empleados. La ministra de Trabajo ha encontrado importantes resistencias tanto en lo relativo al ámbito legal, como al operativo y en el coste empresarial vinculado a la medida. Porque no todas las pymes y pequeños autónomos, que constituyen el 90% del tejido productivo español, están preparados para asumir un cambio de fichaje tan importante como el que quiere implantar Díaz cuando una parte de las empresas aún no se han adaptado al sistema actual, con muchas menos obligaciones legales de registro.
El nuevo registro horario laboral impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegará al Consejo de Ministros con matices y una fisionomía parcialmente distinta a la que había planteado la ministra de Trabajo como respuesta al veto de la reducción de jornada laboral. Varios ministerios … del área económica están cerrando en las últimas semanas cómo será el modelo de fichajes para todos los trabajadores para que combine todos los requisitos políticos posibles: una herramienta más efectiva con respecto la que había hasta ahora, como quiere Díaz; pero al mismo tiempo sin traspasar líneas rojas que puedan derivar en una impugnación judicial a tenor de los movimientos anticipados por la patronal si el Ejecutivo decide ponerlo en marcha tal y como estaba planteado hasta ahora.
Para lograr esta cuadratura del círculo, responsables de varios ministerios están desplegando reuniones para llevar definitivamente el texto del real decreto al Consejo de Ministros. Previsiblemente será antes del verano, cuando la actividad gubernamental se paraliza. Estos encuentros los están protagonizando responsables de departamentos como el de Economía, Trabajo y Seguridad Social, pero también otros organismos están inmersos en estas conversaciones, como la Inspección de Trabajo y responsables de digitalización, indican diversas fuentes ministeriales a ABC.
El texto definitivo llegará con cambios cuando pase por la mesa del Consejo de Ministros, indican esas mismas fuentes, porque el objetivo es «blindarlo» frente a la judicialización que pueda sufrir. El Gobierno quiere evitar que el nuevo registro horario suponga un calvario jurídico de consecuencias imprevisibles. Aunque «los elementos centrales» de esta reforma se mantendrán, apuntan a este diario. Es decir, no dejará de ser un modelo de fichajes que cumpla con los criterios de digitalización, interoperabilidad y con acceso directo a los inspectores laborales.
En la reconversión del texto participan responsables de Economía, Trabajo, Seguridad Social, Inspección y digitalización
El temor a esa judicialización se encuentra encima de la mesa desde el momento en que la CEOE ha mostrado su intención de acudir a la Justicia en el caso de que el Gobierno aprobara el nuevo registro sin pasar por el Congreso. Al tratarse de un real decreto, el Ministerio de Trabajo evita tener que superar al Poder Legislativo. Una vía normativa que la patronal, y numerosos bufetes de abogados, han puesto en entredicho, lo que podría derivar en un choque judicial. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz insisten en que solo es obligatorio tener el aval de las Cortes en lo relativo a las sanciones, pero no en el cambio en sí mismo de los fichajes que quiere aplicar la vicepresidenta segunda.
Varios contratiempos seguidos
El camino que está recorriendo el registro no está siendo precisamente placentero después de que el Consejo de Estado concluyera que la reforma no debería ser aprobada al no haber calibrado correctamente el impacto que tendrá sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. El dictamen, fechado a finales de marzo, ha provocado que el Gobierno siga intentando a fecha de hoy, dos meses después, salvar la reforma con cambios en su contenido, aunque las indicaciones del Consejo de Estado no eran vinculantes, pero sí supusieron un jarro de agua fría para los intereses de la ministra de Trabajo, que había confiado en esta reforma.
También los legalistas consultados por ABC han puesto en duda que el Estatuto de los Trabajadores permita una tramitación que no pase por el Congreso. Lo puede hacer, acogiéndose al artículo 34 de este texto, si es excepcionalmente, pero no para todos los casos. Porque el Estatuto aclara que el Gobierno puede cambiarlo «para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran». Y ahí reside la clave de una impugnación más que probable contra el real decreto en la que ya están trabajando algunos de estos despachos de abogados laboralistas.
En Trabajo aseguran que la parte central del decreto se mantiene con la digitalización, interoperatibilidad y acceso directo a la Inspección laboral
Desde que comenzó a recorrer su camino gubernamental, el registro horario ha tenido que superar varias trabas. Entre otras, la relativa a la protección de datos de los trabajadores, un derecho que se podría ver afectado por cómo estaba planteada la norma inicialmente. De hecho, el recelo por los resquicios legales llevaron a Trabajo a consultar a la Agencia de Protección de Datos hasta dónde podía llegar el rastreo de fichajes que quiere implantar el Gobierno.
Además, las discrepancias mostradas por el Consejo de Estado, un organismo que tiene que analizar las normas que salgan del Gobierno aunque su opinión no implica una parálisis de la misma, vienen a refrendar las críticas que había venido vertiendo la patronal sobre esta reforma; así como las reticencias que el propio Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, había puesto encima de la mesa al presentar sus conclusiones sobre el proyecto.
Meses de choque con Cuerpo
El nuevo registro horario ha llegado a generar dudas «organizativas» y «legales» en el Ministerio de Economía, revelando la compleja relación entre su titular, el ahora vicepresidente primero del Gobierno, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Al igual que ocurrió con el intento de puesta en marcha de la jornada laboral de 37,5 horas, desde Economía, en el Ministerio de Economía han puntualizado siempre la necesidad de limar algunas aristas del documento ante los indicios de que rozan la normativa sobre todo en lo relativo a la protección de datos de los empleados.
La ministra de Trabajo ha encontrado importantes resistencias tanto en lo relativo al ámbito legal, como al operativo y en el coste empresarial vinculado a la medida. Porque no todas las pymes y pequeños autónomos, que constituyen el 90% del tejido productivo español, están preparados para asumir un cambio de fichaje tan importante como el que quiere implantar Díaz cuando una parte de las empresas aún no se han adaptado al sistema actual, con muchas menos obligaciones legales de registro.
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