La Generalitat Valenciana ha decidido sustituir la negociación por la propaganda. Y lo que es todavía más grave, ha decidido sustituir el respeto al profesorado por una campaña de desprestigio contra quienes sostienen cada día la educación pública.
La Generalitat Valenciana ha sustituido la negociación por la propaganda y el respeto al docente por una campaña de desprestigio
La Generalitat Valenciana ha decidido sustituir la negociación por la propaganda. Y lo que es todavía más grave, ha decidido sustituir el respeto al profesorado por una campaña de desprestigio contra quienes sostienen cada día la educación pública.
El vídeo difundido por la consellera de Educación no explica la realidad del conflicto educativo. La manipula. Presenta al profesorado valenciano como si hubiera rechazado una oferta magnífica por puro interés corporativo. Como si hubieran dicho no a bajar ratios, no a mejorar la educación y no a situarse entre los mejor pagados de España.
El profesorado valenciano no ha rechazado que bajen las ratios. Ha rechazado que se le venda como una gran conquista autonómica decir que aplicarán la ley que está impulsando el Gobierno de España para reducir el número máximo de alumnado por aula. Si la Generalitat quiere bajar ratios, puede hacerlo. Puede comprometer calendario, presupuesto, aumento de plantillas y aplicación inmediata. Lo que no puede hacer es envolver una futura obligación legal estatal en propaganda propia y presentarla como si fuera una concesión histórica de la consellera.
Más grave aún es la contradicción política. En València intentan vender esas medidas como un gran avance. En Madrid, el Partido Popular se prepara para combatir o rechazar la ley que las hace posibles. Esa es la doble vara de medir de siempre.
Tampoco es verdad que el profesorado haya rechazado convertirse en uno de los mejor pagados de España. Esa afirmación se construye con tablas interesadas, comparaciones confusas y una mezcla de conceptos salariales que impide saber exactamente qué se está comparando. Antigüedad, sexenios, complementos autonómicos, situaciones personales distintas y calendarios de aplicación se mezclan para fabricar un titular. Además, presentan una foto fija como si en los próximos tres años ninguna otra comunidad autónoma fuera a modificar sus complementos retributivos o a mejorar sus condiciones. Nadie puede afirmar eso seriamente. Pero la realidad es mucho más simple. La Generalitat empezó ofreciendo 75 euros en tres años cuando pensaban que la huelga iba a ser irrisoria, después pasó a 120 tras la mayor movilización educativa de la historia de la Comunitat Valenciana y de madrugada subió a 200. Esa evolución no demuestra generosidad. Demuestra que estaban jugando con el conflicto
Una administración seria no empieza lanzando una propuesta provocadora para luego ir subiendo a golpe de presión sindical y movilización social. Una administración seria negocia desde el principio con respeto, con datos claros y con voluntad real de acuerdo.
La consellera habla de una propuesta histórica. Pero los centros educativos no viven de adjetivos. Viven de profesorado suficiente, sustituciones rápidas, menos burocracia, ratios razonables, recursos para la inclusión, equipos directivos respaldados, aulas dignas, obras desbloqueadas y climatización. Y en esos temas, la propuesta de la Generalitat estaba llena de vaguedades.
El caso de las infraestructuras es especialmente claro. La reivindicación sindical no era que la Conselleria anunciara otro plan, otro estudio o otro compromiso genérico. Era muy concreta. Recuperar los 120 millones de euros anuales recortados del plan Edificant, dejar de paralizar obras, desbloquear actuaciones pendientes y poner en marcha un verdadero plan de climatización de los centros educativos.
Durante estos años, la política de la Generalitat en infraestructuras educativas ha sido paralizar proyectos que ya estaban en marcha. Y ahora pretende presentarse como la gran defensora de los centros educativos con promesas genéricas. No cuela.
Lo mismo ocurre con la burocracia y con el funcionamiento ordinario de los centros. Los equipos directivos no están protestando por capricho. Están desbordados. Hay sobrecarga administrativa, falta de apoyo, dificultades para cubrir necesidades, instrucciones cambiantes y una sensación creciente de abandono.
Pero lo más grave de todo es el intento deliberado de enfrentar al profesorado con las familias. Ahí se ha cruzado una línea.
El president Pérez Llorca ha llegado a decir en Les Corts que es intolerable que haya alumnado en los patios mientras hay profesores en las aulas que no quieren atenderlos. Esa frase es inaceptable. No es una crítica política. Es una acusación directa contra miles de profesionales que cada día atienden, acompañan, enseñan, cuidan y sostienen la escuela pública valenciana.
Además, revela una contradicción insoportable. ¿Cómo puede el Consell reconocer al profesorado como autoridad pública y, al mismo tiempo, permitir que el president de la Generalitat insulte de esa manera al profesorado desde la tribuna de Les Corts? No se puede pedir respeto en los centros y faltar al respeto desde la máxima responsabilidad institucional. No se puede hablar de autoridad docente y después acusar a los docentes de no querer atender a su alumnado. Pérez Llorca debe rectificar y pedir disculpas inmediatamente.
Intolerable es tener al profesorado en huelga durante días porque la Generalitat no ha querido negociar de verdad. Intolerable es utilizar a las familias para desgastar a los docentes. Intolerable es acusar de no atender al alumnado a quienes trabajan cada día con ratios altas, falta de recursos, aulas mal climatizadas, sustituciones tardías, exceso de burocracia y plantillas insuficientes. El profesorado no es el adversario de las familias. Es su principal aliado. Cuando reclama mejores condiciones, está defendiendo más tiempo para educar, más atención para cada alumno y alumna, más recursos para la inclusión y centros públicos más dignos.
Por eso molesta tanto la movilización docente. Porque desmonta el relato triunfalista de la Generalitat. Porque demuestra que detrás de los vídeos, las tablas y los titulares hay una realidad mucho más incómoda. Centros cansados. Profesorado indignado. Equipos directivos desbordados. Familias preocupadas. Obras pendientes. Aulas con calor. Recursos insuficientes. Y una administración más pendiente de ganar el relato que de resolver el problema.
La educación valenciana no necesita más propaganda. Necesita negociación real. Necesita respeto al profesorado. Necesita presupuestos. Necesita compromisos verificables. Necesita recuperar la confianza entre administración y comunidad educativa.
La consellera puede seguir difundiendo vídeos. El Consell puede seguir buscando culpables. El Partido Popular puede seguir intentando enfrentar a familias y docentes. Pero la realidad es tozuda. El profesorado valenciano no ha rechazado una mejora. Ha rechazado una mentira.
Y ha hecho algo más importante todavía. Ha defendido la dignidad de la escuela pública valenciana frente a un gobierno que todavía no ha entendido que sin profesorado no hay educación de calidad, sin respeto no hay acuerdo posible y sin recursos no hay futuro.
Miguel Soler es secretario de Educación de la Ejecutiva del PSPV-PSOE
