NetBlocks, el observatorio internacional que monitorea el acceso a internet en el mundo, ha confirmado el restablecimiento “parcial” de la conexión en Irán. El aumento del acceso a la red global se produce después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenara el levantamiento de las restricciones impuestas hace cerca de tres meses, al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Las restricciones fueron impuestas al inicio de la guerra lanzada por EE UU e Israel. Representa el apagón digital más largo del que hay registros
NetBlocks, el observatorio internacional que monitorea el acceso a internet en el mundo, ha confirmado el restablecimiento “parcial” de la conexión en Irán. El aumento del acceso a la red global se produce después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenara el levantamiento de las restricciones impuestas hace cerca de tres meses, al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
El lunes, Pezeshkian instruyó al Ministerio de Comunicaciones para que restableciera el acceso a internet a las condiciones previas al apagón. La agencia ISNA confirmó la información y señaló que la aplicación de la medida podría comenzar este martes. En la misma línea, NetBlocks ha confirmado finalmente que, según sus “métricas en vivo”, la conexión en Irán se ha restablecido parcialmente tras 88 días —2.093 horas— de interrupción “casi total”, considerada la desconexión nacional más prolongada de la historia moderna.
La decisión fue adoptada después de que el Comité Especial de Gestión del Ciberespacio aprobara, en su cuarta reunión, el regreso de internet internacional con nueve votos a favor y tres en contra. Sin embargo, medios cercanos a la Guardia Revolucionaria cuestionaron de inmediato la autoridad del Gobierno para ejecutar la medida. La agencia Fars sostuvo que las restricciones fueron impuestas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y que, por tanto, solo ese organismo puede revocarlas. No obstante, el propio presidente iraní preside también dicho consejo, máxima instancia de seguridad del país.
Aun así, continúan surgiendo voces críticas desde los sectores ultraconservadores del régimen, que amenazan con bloquear la aplicación plena de la decisión gubernamental. Medios iraníes habían informado previamente de que el Tribunal de Justicia Administrativa emitió una orden que suspendía temporalmente la ejecución de la directiva presidencial sobre la reconexión. En este contexto, NetBlocks advirtió también de que “no está claro si esta conectividad será estable o duradera”.
Pese a las presiones internas, internet parece haberse convertido en un nuevo escenario de disputa entre el Gobierno y las facciones más radicales del sistema político iraní. El vicepresidente primero, Mohammad Reza Aref, ha declarado este martes que “se ha dado el primer paso hacia un acceso libre y regulado al ciberespacio”. Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi, afirmó posteriormente al diario Shargh que el proceso de restauración de la conexión internacional “ha comenzado desde este mismo momento”.
Hashemi ya había advertido anteriormente de que el bloqueo de internet global provoca pérdidas diarias cercanas a los 30 millones de dólares para la economía iraní y afecta directamente a unos 10 millones de personas dependientes de la economía digital. En paralelo, Ehsan Chitsaz, viceministro encargado de políticas de tecnología de la información y economía digital del Ministerio de Comunicaciones, ha confirmado en una publicación de Instagram la promulgación oficial de la medida por parte de la presidencia: “Hace unos minutos, el presidente promulgó la resolución para la reapertura de internet. Para llegar a este momento recorrimos un camino difícil y costoso, porque creemos que internet es un derecho de la población y debía ser devuelto a la sociedad”.
Desde la imposición de las severas restricciones, el acceso a internet internacional había quedado prácticamente monopolizado por organismos estatales, instituciones específicas y personas cercanas al poder. La propia República Islámica reconoció desde los primeros días del apagón que el acceso solo se mantenía para usuarios alineados con el Gobierno y encargados de difundir las posiciones oficiales.
NetBlocks había señalado en informes anteriores que el nivel de conectividad en Irán durante los últimos 88 días apenas oscilaba entre el 1% y el 2%, porcentajes reservados principalmente a sectores vinculados al aparato estatal. El aislamiento digital ha profundizado las desigualdades económicas y sociales y ha limitado gravemente el acceso libre a la información, especialmente en cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
Las autoridades justificaron la medida alegando que Estados Unidos e Israel utilizaban la infraestructura de internet para localizar y atacar a altos cargos iraníes. Sin embargo, según analistas y activistas del ámbito digital, buena parte de esos dirigentes murieron precisamente durante el periodo de apagón masivo. El propio Aref criticó el lunes las restricciones “arbitrarias” de internet y comparó el cierre de la red por motivos de seguridad con “cerrar toda una autopista por la infracción de un solo conductor”.
Los iraníes observan ahora con incertidumbre el lento y gradual aumento del acceso a internet global mientras el apagón entra este martes en su octogésimo octavo día consecutivo. Ese periodo se suma además a las casi tres semanas de cortes registradas durante las protestas antigubernamentales del pasado enero, en las que parte de los manifestantes reclamaban el fin de la República Islámica.
Las autoridades sofocaron aquellas protestas mediante una dura represión que, según cifras oficiales, dejó 3.117 muertos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra por encima de los 7.000 fallecidos, mientras algunas fuentes médicas sostienen que el número real podría superar los 10.000. La amplia diferencia entre los balances de víctimas y ejecuciones recientes se atribuye, en parte, al apagón masivo de internet y a la imposibilidad de que organismos independientes de derechos humanos accedieran a información procedente del interior del país.
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