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  Economía  ¿Tuviste vacas lecheras entre 2000 y 2013? Puedes exigir el dinero que perdiste por el cártel de las grandes lácteas
Economía

¿Tuviste vacas lecheras entre 2000 y 2013? Puedes exigir el dinero que perdiste por el cártel de las grandes lácteas

julio 9, 2026
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En los últimos meses el ya célebre caso del ‘cártel de la leche’ ha pasado a una nueva fase con la publicación de una batería de sentencias por parte del Tribunal Supremo que, una a una, están tumbando los recursos presentados por las industrias lácteas contra la sanción que les fue impuesta en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto significa que la multa es firme; es decir, que el Alto Tribunal entiende que, en efecto, entre los años 2000 y 2013 las principales empresas del sector pergeñaron una estructura de intercambio de información sobre el precio que pagaban a sus proveedores -los ganaderos- y concertación de estrategias, atentando así contra las normas de competencia. El caso afecta a todos los ganaderos, y quizá no lo sepanSin embargo, para los afectados lo verdaderamente relevante es que, una vez la resolución de la CNMC ha adquirido firmeza, se activa el mecanismo de las reclamaciones de indemnización. Y en este punto surge la pregunta evidente: ¿quién puede reclamar? Responder a la cuestión necesita de un breve repaso por la historia de este caso, que apunta a convertirse en el más mediático de todos los que se han abierto contra cárteles en nuestro país desde que en 2017 el Gobierno transpusiera la Directiva Europea de Daños -la norma que abrió la puerta a grandes demandas colectivas-, pero vaya por delante que los denunciantes potenciales se cuentan por miles, y no son solo los que vendieron a las empresas expedientadas. Por supuesto, puede reclamar cualquier profesional de la ganadería láctea que vendiera leche entre el 2000 y el 2013 a Nestlé, Danone, Pascual, CAPSA (el fabricante de Central Lechera Asturiana), Central Lechera Galicia, Lactalis (el fabricante de Président), Puleva (ahora integrado en Lactalis) y Schreiber Foods. Noticia relacionada general No No El exceso de leche barata en la UE pone en jaque a los ganaderos españoles Xavier VilaltellaPero hay más. Según explica a ABC Albert Poch, especialista en Derecho de la Competencia y letrado de Redi Abogados, uno de los despachos principales implicados en este caso, virtualmente todos los ganaderos que produjeron en los años en los que existió el cártel pueden reclamar, pues hay jurisprudencia del TJUE que justifica que en este caso existe el denominado efecto paraguas . Básicamente, esto significa que las empresas que estaban en el cártel tenían una cuota de mercado lo suficientemente grande como para alterar los precios en todo el sector. En esos casos, explica el abogado, los afectados pueden reclamar ante las empresas sancionadas, dado que son responsables solidarias. El tiempo juega a favor de las víctimasAntes de explicar cuánto dinero está en juego conviene hacer un repaso somero al estado de las cosas. Todo empezó en 2019, cuando Competencia impuso una histórica sanción de 80,6 millones a ocho compañías y dos patronales. Esto sería el inicio de un viacrucis judicial que empezó a aclararse en febrero de 2024, cuando la Audiencia Nacional respondió negativamente a las apelaciones de la industria, y más aún en el verano del año pasado, cuando el Supremo inadmitió un recurso de Nestlé contra la multa. Esto supuso un hito importante, pues a partir de ese momento la sanción de esta empresa adquirió firmeza, dando a los afectados una razón sólida para exigir reclamaciones. El tiempo juega a su favor, pues el año pasado el TJUE fijó que el plazo de prescripción legal ( cinco años ) no empieza hasta que la sanción es firme (hasta que falla el Supremo). Así las cosas, se abre un escenario en el que los despachos de abogados disponen de un lustro para perfilar sus estrategias. Hasta ahora, el Alto Tribunal ya ha hablado -siempre en contra de las empresas- en los casos de Nestlé, CAPSA -aunque esta firma tiene otro recurso vivo en el Alto Tribunal de parte de los reclamantes, para ampliar la cuantía de su sanción-, Central Lechera Galicia y Lactalis. En la lista de espera están el resto de empresas que apelaron en casación: Pascual y Danone. ¿Qué reclamo? ¿Cuánto dinero puedo recuperar?Y, ¿qué es lo que hay que reclamar exactamente? Sobre esto, la Justicia ya ha hablado al establecer que las víctimas de este caso tienen derecho a recuperar un porcentaje de la leche que vendieron en esos años: en principio, entre un 2 y un 10% , pues esa es la horquilla que están fijando los demandantes que encargaron periciales y, muy importante, los juzgados ordinarios y audiencias provinciales que ya han fallado sobre las primeras demandas que se presentaron, que los despachos pergeñaron como una suerte de globo sonda que les permitiera fijar las cuantías a pedir antes de desembarcar en los tribunales con el grueso de las denuncias. Entre 9.000 y 11.000 demandantes… por ahora¿A cuanta gente afecta esto? Como ya explicó ABC, fuentes legales estiman que los denunciantes suman entre 9.000 y 11.000 personas que van a exigir indemnizaciones de alrededor de 1.500 millones de euros. No obstante, hay que insistir en que estas cifras son necesariamente una estimación, ya que el grueso de las demandas aún no se ha presentado y está por ver qué cuantías se fijan finalmente. Para atender los intereses de los ganaderos, en los últimos años ha surgido una miríada de despachos especializados dispuestos a asumir demandas colectivas, como Eskariam, que ya ha convencido a 8.000 afectados para que se sumen a sus causas; BGI Law, que representa a 900; o Redi Abogados , que tiene en cartera 1.400 granjas afectadas. Abogados ‘al estilo americano’Ejemplo de ello son Redi Abogados y Albert Poch, que fundó el despacho a caballo de la transposición de la Directiva Europea de Daños, y lo hizo -explica- porque su familia se contaba entre los afectados por esta entente entre empresas. Ellos siguen lo que denomina ‘el modelo americano’ , de modo que no cobran a sus clientes hasta el momento en que consigan que la empresa sancionada pague la indemnización. Así las cosas, en un primer momento al ganadero la demanda no le cuesta dinero -luego la pagará vía comisiones a su letrado, si gana el caso-. En el caso de Redi, van a solicitar alrededor del equivalente a un 10% de la leche vendida, pues ese es el umbral aproximado que se deduce de las pruebas periciales que han encargado. A partir de ahí, está por ver cuándo empezarán a recuperar las pérdidas los afectados, pues a nadie escapa que esta batalla legal aún podría durar años si las empresas exploran todas las vías. En los últimos meses el ya célebre caso del ‘cártel de la leche’ ha pasado a una nueva fase con la publicación de una batería de sentencias por parte del Tribunal Supremo que, una a una, están tumbando los recursos presentados por las industrias lácteas contra la sanción que les fue impuesta en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto significa que la multa es firme; es decir, que el Alto Tribunal entiende que, en efecto, entre los años 2000 y 2013 las principales empresas del sector pergeñaron una estructura de intercambio de información sobre el precio que pagaban a sus proveedores -los ganaderos- y concertación de estrategias, atentando así contra las normas de competencia. El caso afecta a todos los ganaderos, y quizá no lo sepanSin embargo, para los afectados lo verdaderamente relevante es que, una vez la resolución de la CNMC ha adquirido firmeza, se activa el mecanismo de las reclamaciones de indemnización. Y en este punto surge la pregunta evidente: ¿quién puede reclamar? Responder a la cuestión necesita de un breve repaso por la historia de este caso, que apunta a convertirse en el más mediático de todos los que se han abierto contra cárteles en nuestro país desde que en 2017 el Gobierno transpusiera la Directiva Europea de Daños -la norma que abrió la puerta a grandes demandas colectivas-, pero vaya por delante que los denunciantes potenciales se cuentan por miles, y no son solo los que vendieron a las empresas expedientadas. Por supuesto, puede reclamar cualquier profesional de la ganadería láctea que vendiera leche entre el 2000 y el 2013 a Nestlé, Danone, Pascual, CAPSA (el fabricante de Central Lechera Asturiana), Central Lechera Galicia, Lactalis (el fabricante de Président), Puleva (ahora integrado en Lactalis) y Schreiber Foods. Noticia relacionada general No No El exceso de leche barata en la UE pone en jaque a los ganaderos españoles Xavier VilaltellaPero hay más. Según explica a ABC Albert Poch, especialista en Derecho de la Competencia y letrado de Redi Abogados, uno de los despachos principales implicados en este caso, virtualmente todos los ganaderos que produjeron en los años en los que existió el cártel pueden reclamar, pues hay jurisprudencia del TJUE que justifica que en este caso existe el denominado efecto paraguas . Básicamente, esto significa que las empresas que estaban en el cártel tenían una cuota de mercado lo suficientemente grande como para alterar los precios en todo el sector. En esos casos, explica el abogado, los afectados pueden reclamar ante las empresas sancionadas, dado que son responsables solidarias. El tiempo juega a favor de las víctimasAntes de explicar cuánto dinero está en juego conviene hacer un repaso somero al estado de las cosas. Todo empezó en 2019, cuando Competencia impuso una histórica sanción de 80,6 millones a ocho compañías y dos patronales. Esto sería el inicio de un viacrucis judicial que empezó a aclararse en febrero de 2024, cuando la Audiencia Nacional respondió negativamente a las apelaciones de la industria, y más aún en el verano del año pasado, cuando el Supremo inadmitió un recurso de Nestlé contra la multa. Esto supuso un hito importante, pues a partir de ese momento la sanción de esta empresa adquirió firmeza, dando a los afectados una razón sólida para exigir reclamaciones. El tiempo juega a su favor, pues el año pasado el TJUE fijó que el plazo de prescripción legal ( cinco años ) no empieza hasta que la sanción es firme (hasta que falla el Supremo). Así las cosas, se abre un escenario en el que los despachos de abogados disponen de un lustro para perfilar sus estrategias. Hasta ahora, el Alto Tribunal ya ha hablado -siempre en contra de las empresas- en los casos de Nestlé, CAPSA -aunque esta firma tiene otro recurso vivo en el Alto Tribunal de parte de los reclamantes, para ampliar la cuantía de su sanción-, Central Lechera Galicia y Lactalis. En la lista de espera están el resto de empresas que apelaron en casación: Pascual y Danone. ¿Qué reclamo? ¿Cuánto dinero puedo recuperar?Y, ¿qué es lo que hay que reclamar exactamente? Sobre esto, la Justicia ya ha hablado al establecer que las víctimas de este caso tienen derecho a recuperar un porcentaje de la leche que vendieron en esos años: en principio, entre un 2 y un 10% , pues esa es la horquilla que están fijando los demandantes que encargaron periciales y, muy importante, los juzgados ordinarios y audiencias provinciales que ya han fallado sobre las primeras demandas que se presentaron, que los despachos pergeñaron como una suerte de globo sonda que les permitiera fijar las cuantías a pedir antes de desembarcar en los tribunales con el grueso de las denuncias. Entre 9.000 y 11.000 demandantes… por ahora¿A cuanta gente afecta esto? Como ya explicó ABC, fuentes legales estiman que los denunciantes suman entre 9.000 y 11.000 personas que van a exigir indemnizaciones de alrededor de 1.500 millones de euros. No obstante, hay que insistir en que estas cifras son necesariamente una estimación, ya que el grueso de las demandas aún no se ha presentado y está por ver qué cuantías se fijan finalmente. Para atender los intereses de los ganaderos, en los últimos años ha surgido una miríada de despachos especializados dispuestos a asumir demandas colectivas, como Eskariam, que ya ha convencido a 8.000 afectados para que se sumen a sus causas; BGI Law, que representa a 900; o Redi Abogados , que tiene en cartera 1.400 granjas afectadas. Abogados ‘al estilo americano’Ejemplo de ello son Redi Abogados y Albert Poch, que fundó el despacho a caballo de la transposición de la Directiva Europea de Daños, y lo hizo -explica- porque su familia se contaba entre los afectados por esta entente entre empresas. Ellos siguen lo que denomina ‘el modelo americano’ , de modo que no cobran a sus clientes hasta el momento en que consigan que la empresa sancionada pague la indemnización. Así las cosas, en un primer momento al ganadero la demanda no le cuesta dinero -luego la pagará vía comisiones a su letrado, si gana el caso-. En el caso de Redi, van a solicitar alrededor del equivalente a un 10% de la leche vendida, pues ese es el umbral aproximado que se deduce de las pruebas periciales que han encargado. A partir de ahí, está por ver cuándo empezarán a recuperar las pérdidas los afectados, pues a nadie escapa que esta batalla legal aún podría durar años si las empresas exploran todas las vías.  

En los últimos meses el ya célebre caso del ‘cártel de la leche’ ha pasado a una nueva fase con la publicación de una batería de sentencias por parte del Tribunal Supremo que, una a una, están tumbando los recursos presentados por las industrias … lácteas contra la sanción que les fue impuesta en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto significa que la multa es firme; es decir, que el Alto Tribunal entiende que, en efecto, entre los años 2000 y 2013 las principales empresas del sector pergeñaron una estructura de intercambio de información sobre el precio que pagaban a sus proveedores -los ganaderos- y concertación de estrategias, atentando así contra las normas de competencia.

El caso afecta a todos los ganaderos, y quizá no lo sepan

Sin embargo, para los afectados lo verdaderamente relevante es que, una vez la resolución de la CNMC ha adquirido firmeza, se activa el mecanismo de las reclamaciones de indemnización. Y en este punto surge la pregunta evidente: ¿quién puede reclamar? Responder a la cuestión necesita de un breve repaso por la historia de este caso, que apunta a convertirse en el más mediático de todos los que se han abierto contra cárteles en nuestro país desde que en 2017 el Gobierno transpusiera la Directiva Europea de Daños -la norma que abrió la puerta a grandes demandas colectivas-, pero vaya por delante que los denunciantes potenciales se cuentan por miles, y no son solo los que vendieron a las empresas expedientadas.

Por supuesto, puede reclamar cualquier profesional de la ganadería láctea que vendiera leche entre el 2000 y el 2013 a Nestlé, Danone, Pascual, CAPSA (el fabricante de Central Lechera Asturiana), Central Lechera Galicia, Lactalis (el fabricante de Président), Puleva (ahora integrado en Lactalis) y Schreiber Foods.

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    Xavier Vilaltella

Pero hay más. Según explica a ABC Albert Poch, especialista en Derecho de la Competencia y letrado de Redi Abogados, uno de los despachos principales implicados en este caso, virtualmente todos los ganaderos que produjeron en los años en los que existió el cártel pueden reclamar, pues hay jurisprudencia del TJUE que justifica que en este caso existe el denominado efecto paraguas. Básicamente, esto significa que las empresas que estaban en el cártel tenían una cuota de mercado lo suficientemente grande como para alterar los precios en todo el sector. En esos casos, explica el abogado, los afectados pueden reclamar ante las empresas sancionadas, dado que son responsables solidarias.

El tiempo juega a favor de las víctimas

Antes de explicar cuánto dinero está en juego conviene hacer un repaso somero al estado de las cosas. Todo empezó en 2019, cuando Competencia impuso una histórica sanción de 80,6 millones a ocho compañías y dos patronales. Esto sería el inicio de un viacrucis judicial que empezó a aclararse en febrero de 2024, cuando la Audiencia Nacional respondió negativamente a las apelaciones de la industria, y más aún en el verano del año pasado, cuando el Supremo inadmitió un recurso de Nestlé contra la multa. Esto supuso un hito importante, pues a partir de ese momento la sanción de esta empresa adquirió firmeza, dando a los afectados una razón sólida para exigir reclamaciones.

El tiempo juega a su favor, pues el año pasado el TJUE fijó que el plazo de prescripción legal (cinco años) no empieza hasta que la sanción es firme (hasta que falla el Supremo). Así las cosas, se abre un escenario en el que los despachos de abogados disponen de un lustro para perfilar sus estrategias. Hasta ahora, el Alto Tribunal ya ha hablado -siempre en contra de las empresas- en los casos de Nestlé, CAPSA -aunque esta firma tiene otro recurso vivo en el Alto Tribunal de parte de los reclamantes, para ampliar la cuantía de su sanción-, Central Lechera Galicia y Lactalis. En la lista de espera están el resto de empresas que apelaron en casación: Pascual y Danone.

¿Qué reclamo? ¿Cuánto dinero puedo recuperar?

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Y, ¿qué es lo que hay que reclamar exactamente? Sobre esto, la Justicia ya ha hablado al establecer que las víctimas de este caso tienen derecho a recuperar un porcentaje de la leche que vendieron en esos años: en principio, entre un 2 y un 10%, pues esa es la horquilla que están fijando los demandantes que encargaron periciales y, muy importante, los juzgados ordinarios y audiencias provinciales que ya han fallado sobre las primeras demandas que se presentaron, que los despachos pergeñaron como una suerte de globo sonda que les permitiera fijar las cuantías a pedir antes de desembarcar en los tribunales con el grueso de las denuncias.

Entre 9.000 y 11.000 demandantes… por ahora

¿A cuanta gente afecta esto? Como ya explicó ABC, fuentes legales estiman que los denunciantes suman entre 9.000 y 11.000 personas que van a exigir indemnizaciones de alrededor de 1.500 millones de euros. No obstante, hay que insistir en que estas cifras son necesariamente una estimación, ya que el grueso de las demandas aún no se ha presentado y está por ver qué cuantías se fijan finalmente.

Para atender los intereses de los ganaderos, en los últimos años ha surgido una miríada de despachos especializados dispuestos a asumir demandas colectivas, como Eskariam, que ya ha convencido a 8.000 afectados para que se sumen a sus causas; BGI Law, que representa a 900; o Redi Abogados, que tiene en cartera 1.400 granjas afectadas.

Abogados ‘al estilo americano’

Ejemplo de ello son Redi Abogados y Albert Poch, que fundó el despacho a caballo de la transposición de la Directiva Europea de Daños, y lo hizo -explica- porque su familia se contaba entre los afectados por esta entente entre empresas. Ellos siguen lo que denomina ‘el modelo americano’, de modo que no cobran a sus clientes hasta el momento en que consigan que la empresa sancionada pague la indemnización. Así las cosas, en un primer momento al ganadero la demanda no le cuesta dinero -luego la pagará vía comisiones a su letrado, si gana el caso-. En el caso de Redi, van a solicitar alrededor del equivalente a un 10% de la leche vendida, pues ese es el umbral aproximado que se deduce de las pruebas periciales que han encargado. A partir de ahí, está por ver cuándo empezarán a recuperar las pérdidas los afectados, pues a nadie escapa que esta batalla legal aún podría durar años si las empresas exploran todas las vías.

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