La Fiscalía Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en la concesión de ayudas de la Generalitat para jóvenes extutelados, después de que la Oficina Antifraude Cataluña le advirtiera de falta de control en las empresas encargadas del seguimiento de esas prestaciones. Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el ministerio público tiene abiertas unas diligencias de investigación sobre la línea de prestaciones económicas a extutelados y la posible existencia de “plazas fantasma” para la acogida de jóvenes, en las que ha pedido la colaboración de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).
El ministerio público también analiza la posible existencia de “plazas fantasma” para la acogida de jóvenes
El ministerio público también analiza la posible existencia de “plazas fantasma” para la acogida de jóvenes
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La Fiscalía Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en la concesión de ayudas de la Generalitat para jóvenes extutelados, después de que la Oficina Antifraude Cataluña le advirtiera de falta de control en las empresas encargadas del seguimiento de esas prestaciones. Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el ministerio público tiene abiertas unas diligencias de investigación sobre la línea de prestaciones económicas a extutelados y la posible existencia de “plazas fantasma” para la acogida de jóvenes, en las que ha pedido la colaboración de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).
Antifraude, de hecho, ya investigaba por su parte las denuncias que un educador social presentó por posibles irregularidades en las prestaciones de la antigua Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), de cuya gestión se encargaba una UTE formada por la Fundación Mercè Fontanilles y la Fundació Resilis. A las denuncias de supuestas irregularidades en la gestión de prestaciones, presentadas el año pasado, se sumó un informe de la Sindicatura de Cuentas que elevaba a 167,5 millones de euros los pagos indebidos de la DGAIA entre 2016 y 2024 y alertaba de la falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las ayudas.
Las denuncias coincidieron con el caso de la menor que fue víctima de una red de pederastas del barrio barcelonés del Raval mientras estaba tutelada, lo que propició una crisis que llevó al Govern a reformar la DGAIA, ahora denominada Dirección General de Prevención y Protecciónde la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y a asumir directamente el seguimiento de las prestaciones económicas a los jóvenes tutelados.
La Oficina Antifraude de Cataluña ha finalizado la investigación que abrió por supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a extutelados y ha remitido ya sus conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción, en las que descarta indicios de delito en la gestión de las prestaciones económicas.
Pese a no apreciar fraude en las ayudas, la OAC sí insta a la Fiscalía a investigar si se cumplieron las cláusulas de los contratos firmados con las empresas encargadas de la gestión de las prestaciones, tras detectar deficiencias en el seguimiento de las mismas. La OAC mantiene abierta una segunda investigación, también en colaboración con la Fiscalía, sobre la denuncia de “plazas fantasma”, recursos habitacionales para extutelados pagados por la administración pero que no consta que fueran utilizados por los jóvenes a los que iban destinados.
En esta segunda investigación, Antifraude está analizando la documentación relacionada con los contratos que la DGAIA firmó con las empresas adjudicatarias de la gestión de la prestación. El pasado mes de mayo, la exconsellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, anunció que su departamento asumirá a partir del 1 de enero de 2027 el servicio de seguimiento de las prestaciones económicas de los jóvenes extutelados y que, por tanto, éste no volverá a salir a licitación.
A raíz de la crisis de la DGAIA, varias entidades han presentado denuncias ante los juzgados de Barcelona para pedir que se investiguen las supuestas irregularidades destapadas por la Sindicatura de Cuentas y por el educador social que llevó el caso a Antifraude, al que la Oficina otorgó protección ante posibles represalias por haber denunciado un caso de presunta corrupción.
El pasado mes de abril, un juez de Barcelona descartó investigar una querella que se dirigía contra cuatro exconsellers, al concluir que, en su informe, la Sindicatura no apunta a indicios de delito, más allá de “deficiencias” que se ciñen al ámbito administrativo.
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