Andalucía, que es la región líder en producción minera de España y una de las principales de Europa con 479 explotaciones activas en 283 municipios andaluces, intenta relanzar el sector con la declaración de reservas mineras en antiguas explotaciones y con la creación de una red de municipios mineros. Sin embargo, este nuevo enfoque productivo no cuenta aún con el consenso social, ya que hay grupos políticos y ecologistas que han alertado sobre el impacto de estos proyectos, recelos que se hacen más patentes en torno a la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) 28 años después de la que fue la mayor catástrofe ambiental de Andalucía.
Rechazo a la reapertura de Aznalcóllar
En abril se han cumplido 28 años de la mayor catástrofe ambiental de Andalucía, provocada por la rotura en 1998 de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que contaminó la cuenca del río Guadiamar y puso en riesgo extremo al Parque de Doñana. Casi tres décadas después, el yacimiento está muy cerca de reabrirse, después de que el nuevo proyecto de explotación, en manos de la entidad minera Los Frailes, cuente ya con el preceptivo dictamen ambiental favorable que le concedió la Junta de Andalucía en octubre de 2023. Sin embargo, grupos ecologistas y asociaciones ciudadanas han iniciado una ofensiva para evitar que el proceso de apertura concluya con éxito por entender que, de acuerdo con estudios científicos, los vertidos autorizados contaminarán de manera irreversible el estuario del Guadalquivir, una ofensiva que también apoyan los grupos políticos Adelante Andalucía y Por Andalucía.
Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción aseguran que el aval de la Junta implica verter más de 85.500 millones de litros de agua “contaminada” al Guadalquivir, pero el Gobierno autónomo defiende que el proyecto cuenta con todas las garantías “Exigimos a la Junta de Andalucía que no otorgue la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto que envenenará el río”, señaló durante la presentación de las alegaciones Luis Reina, de Greenpeace. “Deberíamos haber aprendido. No se puede jugar a la ruleta rusa”, añadió Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción. También la diputada de Adelante, Begoña Iza, advirtió sobre la amenaza de un posible vertido tóxico al Guadalquivir y señaló que el proyecto podría desembocar en “otro desastre”.
El Gobierno declara Reserva Minera cuatro áreas de Sierra Morena en Córdoba y Jaén
Andalucía, que es la región líder en producción minera de España y una de las principales de Europa con 479 explotaciones activas en 283 municipios andaluces, intenta relanzar el sector con la declaración de reservas mineras en antiguas explotaciones y con la creación de una red de municipios mineros. Sin embargo, este nuevo enfoque productivo no cuenta aún con el consenso social, ya que hay grupos políticos y ecologistas que han alertado sobre el impacto de estos proyectos, recelos que se hacen más patentes en torno a la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) 28 años después de la que fue la mayor catástrofe ambiental de Andalucía.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Reserva Minera de Sierra Morena, que ha sido inscrita por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 (PNEM). Se trata de cuatro áreas ubicadas en las provincias de Córdoba y Jaén, con una superficie total de 22 cuadrículas mineras, con residuos procedentes de antiguas explotaciones reservadas a favor del Estado para investigar la posible presencia de materias primas como antimonio, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, níquel, plata, plomo y zinc, esenciales para la industria tecnológica, la transición energética y la digitalización.
En estos lugares, el Instituto Geológico y Minero (IGME-CSIC) y el grupo HUNOSA, empresa pública española, llevarán a cabo los trabajos en un período mínimo de tres años. Durante 2026 se redactarán los proyectos de ingeniería y geología, junto con los planes de restauración, que se presentarán al Miteco para su tramitación.
En la actualidad existen otras reservas a favor del Estado: Aguablanca (Badajoz), de níquel-cobre, o la de Pinoso (Alicante), de sal gema. Recientemente, en el marco del PNEM, el Miteco ha reservado a favor del Estado las zonas mineras de Morille (Salamanca y Ávila) y San Silvestre de Guzmán (Huelva) para trabajos de investigación de materias primas fundamentales.
De otro lado, la Junta andaluza ha impulsado la creación de la Red de Municipios Mineros de Andalucía, que nace con 25 entes locales con la intención de aprovechar los beneficios que aporta la actividad minera presente en sus territorios. Entre las acciones previstas, se habla de la necesidad de mejorar la formación especializada para la población de los municipios mineros, en especial el impulso de la Formación Profesional dual en las empresas radicadas en sus territorios y la construcción de una red de técnicos municipales especializados en materia de minería.
También se quiere trabajar hacia la puesta en valor del patrimonio histórico minero, la mejora de espacios productivos y sobre la necesidad de fortalecer el tejido local de proveedores, según apuntaron durante la presentación de la Red el viceconsejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, y el director general de Minas, Jesús Portillo.
Andalucía es la región líder en producción minera de España y una de las principales de Europa con un valor de facturación superior a los 1.200 millones de euros, con 479 explotaciones activas localizadas en 283 municipios andaluces, que generan cerca de 8.000 empleos directos, lo que supone el 26% del total nacional. Esta comunidad concentra el 90% del valor de producción nacional de la minería metálica, es la segunda región de la Unión Europea en producción primaria de cobre, líder europea en la producción de yeso y nacional en la de mármol.
Andalucía es el primer productor mundial primario de estroncio, de donde sale el 99% del mineral que consume Europa y el 43% a nivel global. En su subsuelo hay, además, indicios de 22 de las 34 materias primas consideradas fundamentales por la Unión Europea para la transición energética y digital.
Una de las iniciativas que más expectativa ha generado es la impulsada por la compañía australiana Osmond Resources, que lidera el Proyecto Orion EU Critical Minerals que investiga 288 unidades mineras en el potente y antiguo distrito minero Linares-La Carolina. Más de tres décadas después, muy cerca de donde antes hubo plomo, ahora emergen las tierras raras como esperanza para la transición energética de varios municipios del norte de Jaén.
Sin embargo, la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE) ha advertido de “consecuencias imprevisibles” en la ejecución de este proyecto por el enorme impacto ambiental que supondría. “Estas prospecciones son la punta de lanza de un despliegue minero masivo de consecuencias imprevisibles”, advierten desde SIECE. Y añaden: “No estamos ante una afectación menor; estamos ante una intervención agresiva sobre la propiedad privada y la economía agrícola tradicional de municipios como Santisteban del Puerto, Aldeaquemada, Castellar o Montizón”.
Dicen desde SIECE que la firma promotora de los sondeos presume de haber localizado concentraciones de rutilo cuatro veces superiores a las medias mundiales y proyectan un potencial de explotación de más de mil millones de toneladas de material. “Su plan maestro no es abrir una pequeña cantera; es crear un corredor minero e hidrometalúrgico de dimensiones globales, aliándose con ingenierías para aplicar procesos químicos agresivos de separación mineral”, apuntan.
Rechazo a la reapertura de Aznalcóllar
En abril se han cumplido 28 años de la mayor catástrofe ambiental de Andalucía, provocada por la rotura en 1998 de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que contaminó la cuenca del río Guadiamar y puso en riesgo extremo al Parque de Doñana. Casi tres décadas después, el yacimiento está muy cerca de reabrirse, después de que el nuevo proyecto de explotación, en manos de la entidad minera Los Frailes, cuente ya con el preceptivo dictamen ambiental favorable que le concedió la Junta de Andalucía en octubre de 2023. Sin embargo, grupos ecologistas y asociaciones ciudadanas han iniciado una ofensiva para evitar que el proceso de apertura concluya con éxito por entender que, de acuerdo con estudios científicos, los vertidos autorizados contaminarán de manera irreversible el estuario del Guadalquivir, una ofensiva que también apoyan los grupos políticos Adelante Andalucía y Por Andalucía.
Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción aseguran que el aval de la Junta implica verter más de 85.500 millones de litros de agua “contaminada” al Guadalquivir, pero el Gobierno autónomo defiende que el proyecto cuenta con todas las garantías “Exigimos a la Junta de Andalucía que no otorgue la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto que envenenará el río”, señaló durante la presentación de las alegaciones Luis Reina, de Greenpeace. “Deberíamos haber aprendido. No se puede jugar a la ruleta rusa”, añadió Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción. También la diputada de Adelante, Begoña Iza, advirtió sobre la amenaza de un posible vertido tóxico al Guadalquivir y señaló que el proyecto podría desembocar en “otro desastre”.
