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  Nacional  Ayuso nombra a Gallardón, Aguirre y Cifuentes para un puesto consultivo por el que optan a cobrar decenas de miles de euros al año
Nacional

Ayuso nombra a Gallardón, Aguirre y Cifuentes para un puesto consultivo por el que optan a cobrar decenas de miles de euros al año

agosto 21, 2026
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 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de entrega de medallas de la Comunidad de Madrid  (2023) con los expresidentes Cristina Cifuentes, Joaquín Leguina, Ángel Garrido, Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Rollán y Esperanza Aguirre

Los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, todos del PP, podrán optar a cobrar decenas de miles de euros al año tras ser nombrados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Así, cada vez que acudan a una reunión del organismo, percibirán 750 euros netos. En 2025, el pleno de la Comisión se reunió en 45 ocasiones, según su memoria anual, por lo que habrían ingresado 33.750 euros netos cada uno de haber acudido a todas las citas, superando los 100.000 euros de gasto conjunto. Los expresidentes no tenían la opción de cobrar de las arcas públicas desde que Cifuentes, precisamente, disolvió el consejo consultivo regional en 2015. Hasta ahora: Ayuso incluyó esta posibilidad al aprobar el estatuto de expresidentes en 2025, y nombró a estos tres políticos a finales de julio. En consecuencia, si les convocan a cuatro plenos al mes y acuden, obtendrán 3.000 euros netos.

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 Los expresidentes ingresarán una dieta de 750 euros cada vez que asistan a la Comisión Jurídica Asesora de Madrid, que se reunió 45 veces en 2025, año en el que habrían cobrado 33.750 euros de ir a todas las citas  

Los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, todos del PP, podrán optar a cobrar decenas de miles de euros al año tras ser nombrados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Así, cada vez que acudan a una reunión del organismo, cobrarán 750 euros netos. En 2025, el pleno de la Comisión se reunió en 45 ocasiones, según su memoria anual, por lo que habrían ingresado 33.750 euros netos cada uno de haber acudido a todas las citas, superando los 100.000 euros de gasto conjunto. Los expresidentes no tenían la opción de cobrar de las arcas públicas desde que Cifuentes, precisamente, disolvió el consejo consultivo regional en 2015. Hasta ahora: Ayuso incluyó esta posibilidad al aprobar el estatuto de expresidentes en 2025, y nombró a estos tres expresidentes a finales de julio. En consecuencia, si les convocan a cuatro plenos al mes y acuden, cobrarán 3.000 euros netos.

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“Las dietas se cobrarán en función de la actividad que tengan: dependerá del número de plenos a los que puedan asistir, y no siempre tiene por qué producirse un pleno a la semana”, explica un portavoz de la consejería de Presidencia, que dirige Miguel Ángel García Martín. “Son 750 euros netos. Si no acuden a los plenos, 0 euros… y pueden no acudir por incompatibilidad o por sus cuestiones personales, y obviamente no cobran”, añade este interlocutor. “Esta dieta será incompatible con la indemnización tras el cese en el cargo y con cualquier otra retribución de carácter público”.

El proyecto original del gobierno era que los vocales electivos ganaran menos dinero. Así consta en documentación pública consultada por EL PAÍS. “Se propone que, para la Comisión Jurídica Asesora, la cuantía máxima que proceda abonar por asistencia de los vocales electivos a las sesiones del Pleno ascienda a 459 euros por sesión”, se lee en el análisis del impacto normativo del decreto que articula la situación de los expresidentes regionales. Y luego se precisa: “La cuantía definitiva debe fijarse por orden de la Consejería de Hacienda”.

Así, la decisión definitiva, según un portavoz del Ejecutivo madrileño, eleva la compensación en 291 euros, hasta los 750 (63% más). La pertenencia en este organismo consultivo (y el cobro de las dietas) será de máximo seis años desde su nombramiento, aunque se podrá ampliar a doce para los expresidentes que hayan estado más de cuatro años al frente de la región, condición que cumplen Leguina, Gallardón, Aguirre y, en el futuro, Díaz Ayuso.

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“En el Consejo de Estado los expresidentes son miembros y no pasa absolutamente nada. Tiene sentido que gente con esa experiencia pueda opinar desde un punto de vista institucional y también cobre”, argumenta una fuente con conocimiento del funcionamiento interno de la administración.

En 2025 se celebraron 45 plenos, por los 43 de 2024 y los 43 de 2023. Es decir, de haber acudido a todas esas convocatorias, los presidentes habrían ganado más de 33.000 euros cada año, superando los 90.000 en un trienio.

Para acceder al puesto, los expresidentes madrileños deben solicitarlo. También deben cumplir con un doble requisito: haber desempeñado el cargo al menos dos años y haber accedido a dicha responsabilidad al comienzo de la legislatura. Una previsión incluida por el ejecutivo que deja sin esta opción a los expresidentes Ignacio González, cercado por los escándalos del caso Lezo; Ángel Garrido, que chocó con Ayuso tras pasarse a Ciudadanos; y Pedro Rollán.

Este último, en todo caso, no podría sumarse a la Comisión como vocal al ser el actual presidente del Senado. Lo mismo ocurre con el expresidente Joaquín Leguina (PSOE), que ejerce en estos momentos como máximo responsable de la Cámara de Cuentas.

8.500 euros al mes

En el antiguo consejo consultivo de Madrid, que eliminó en 2015 Cifuentes, los expresidentes cobraban 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), y tenían coche oficial y un asistente. Cuando Díaz Ayuso se abrió a recuperar el consejo de los antiguos dirigentes, Aguirre se mostró inmediatamente a favor de que se les pagara por ello.

“Yo puse que los expresidentes tuvieran lo mismo que los miembros del consejo consultivo”, dijo en aquel momento en conversación con este periódico. “Lo que me gustaría a mí es que pongan otra vez el consejo consultivo y que se aproveche la experiencia de unas personas como Leguina, que ha estado 12 años [en el poder], [Alberto Ruiz] Gallardón, que ha tenido todas las experiencias, y yo misma”, siguió, sin mencionar en su lista a los expresidentes Cristina Cifuentes (2015-2018), Ignacio González (2012-2015) y Ángel Garrido (2018-2019). “Y si tú vas a un consejo, y tienes ahí unas obligaciones, y unos papeles, ¿por qué van a cobrar unos sí y otros no? ¡La gente está cobrando! ¡El consejo existe! Lo que han quitado es a los expresidentes”, argumentó.

En el mismo sentido se expresó Leguina, presidente entre 1983 y 1995. “Si van allí todos los días, sí [se debe cobrar], depende de cómo lo quieran hacer”, explicó, aunque puntualizó que él no tenía especial interés en ello. “Si estás trabajando, debes cobrar, creo yo”, añadió, asegurando que el extinto consejo consultivo funcionaba bien. “Se hacían las cosas como es debido, con absoluta independencia”.

En ese contexto, la nueva normativa fija que a partir de ahora los expresidentes y exconsejeros puedan cobrar el 80% de su sueldo durante dos años (más de 82.000 y 88.000 euros, respectivamente).

Dependencias oficiales

Además, a partir de la aprobación del decreto, los expresidentes de Madrid, si han estado un mínimo de dos años en el cargo, contarán durante dos años con dos personas de apoyo para el desarrollo de sus actividades, medios auxiliares necesarios en las dependencias de la Comunidad de Madrid y un servicio de coche con conductor. También se les pagarán gastos de representación. Y cuando hubieran estado en el cargo durante un tiempo superior a cuatro años, tendrán derecho a lo anterior durante los cuatro años posteriores a su cese.

Este tipo de beneficios son reconocidos para sus expresidentes con carácter temporal por País Vasco, Galicia, Andalucía y Aragón, según el Gobierno de Madrid, que añade que Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha lo hacen con carácter vitalicio, o sin fijar límite temporal alguno.

Finalmente, todos los expresidentes, con independencia del momento en el que hayan ejercido el cargo, tendrán derecho a “usar las dependencias que la Comunidad de Madrid ponga puntualmente a su disposición para su actividad institucional como expresidente; contar con los servicios de atención protocolaria con ocasión de su participación en actos o reuniones; y ser resarcidos de los gastos derivados de su actividad institucional o de los servicios de representación que se les haya encargado”. También podrán “disponer de los medios para garantizar su seguridad cuando sea preciso”. Y, gracias a Ayuso, volverán a cobrar del erario público.

 

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