Durante décadas, Hong Kong mantuvo vivo un recuerdo que Pekín ha tratado de borrar. La vigilia por las víctimas de la matanza de Tiananmén de 1989 nació cuando la ciudad era aún colonia británica y sobrevivió durante más de dos décadas después de su devolución a China, convertida en una de las expresiones más visibles de las libertades que distinguían al territorio semiautónomo del resto del país. En 2020, alegando las restricciones por la pandemia, fue prohibida. Nunca volvió a autorizarse. Este viernes, el Tribunal Superior de Hong Kong ha declarado culpables de incitación a la subversión a dos de los dirigentes de la organización que cada 4 de junio convocaba aquella concentración multitudinaria.
El caso consagra el fin de una conmemoración que durante tres décadas simbolizó las libertades que diferenciaban a Hong Kong de la China continental
Durante décadas, Hong Kong mantuvo vivo un recuerdo que Pekín ha tratado de borrar. La vigilia por las víctimas de la matanza de Tiananmén de 1989 nació cuando la ciudad era aún colonia británica y sobrevivió durante más de dos décadas después de su devolución a China, convertida en una de las expresiones más visibles de las libertades que distinguían al territorio semiautónomo del resto del país. En 2020, alegando las restricciones por la pandemia, fue prohibida. Nunca volvió a autorizarse. Este viernes, el Tribunal Superior de Hong Kong ha declarado culpables de incitación a la subversión a dos de los dirigentes de la organización que cada 4 de junio convocaba aquella concentración multitudinaria.
El sindicalista y exdiputado Lee Cheuk-yan, de 69 años, y la abogada Chow Hang-tung, de 41, antiguos presidente y vicepresidenta de la ya disuelta Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, han sido declarados culpables de “incitación a la subversión del poder del Estado” en aplicación de la ley de seguridad nacional que Pekín impuso a Hong Kong en junio de 2020. Ambos permanecen encarcelados desde septiembre de 2021 y afrontan ahora penas de hasta diez años de cárcel.
Un tercer acusado, el veterano abogado y exdiputado Albert Ho, de 74 años, se declaró culpable del mismo delito al comenzar el juicio en enero. Las vistas en las que Lee y Chow podrán solicitar una reducción de sus penas se celebrará próximamente; la condena se dictará después. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó en 2023 que la privación de libertad de Chow era arbitraria y que su arresto estaba vinculado al ejercicio de sus libertades de expresión, reunión y asociación.
Los tres jueces designados han centrado el fallo en una de las cinco reivindicaciones históricas de la Alianza: “Poner fin a la dictadura de partido único”. Según el tribunal, la reiteración de esa consigna pretendía provocar hostilidad hacia el Partido Comunista de China (PCCh), hacer que la población perdiera la confianza en él y, en último término, socavar el sistema político establecido por la Constitución china. El veredicto subraya que, aunque los acusados plantearan una resistencia que no necesariamente implicaba violencia, sus actos podían constituir una vulneración de la ley de seguridad nacional.
La defensa había argumentado precisamente lo contrario. Lee sostuvo durante el juicio que no estaba promoviendo el derrocamiento del PCCh, sino que reclamaba una transición democrática en la que fueran los ciudadanos quienes decidieran quién debía gobernar. Chow, que ejerció su propia defensa, señaló que durante más de 30 años la Alianza había perseguido sus objetivos de forma pacífica.
La organización fue fundada en mayo de 1989, cuando Hong Kong se encontraba bajo dominio del Reino Unido, para apoyar las protestas estudiantiles que desde abril sacudían Pekín y que después se extendieron por otras ciudades del país. Reclamaban reformas políticas, el fin de la corrupción y la censura y mayores libertades civiles. En la madrugada del 4 de junio, las tropas del ejército desplegadas bajo la ley marcial avanzaron hacia el centro de la capital china y abrieron fuego contra la multitud concentrada en las calles que conducían a Tiananmén.
El número de víctimas continúa siendo una incógnita; las estimaciones van de varios centenares y varios miles. Desde entonces, el suceso está sometido a una férrea censura en la China continental; el episodio es invisible en los libros de texto, en los medios de comunicación y en el controladísimo internet chino.
En Hong Kong, en cambio, pudo recordarse públicamente durante 33 años, y la vigilia que se celebraba anualmente en el parque Victoria congregaba a decenas de miles de hongkoneses. La última gran cita autorizada tuvo lugar en 2019. Al año siguiente, la policía la vetó por razones sanitarias, aunque miles de personas acudieron pese a la prohibición.
Semanas después, entró en vigor la ley de seguridad nacional, aprobada por Pekín tras las multitudinarias protestas que habían sacudido Hong Kong durante varios meses de 2019 exigiendo reformas democráticas. La norma castiga, entre otros delitos, la secesión y la subversión y ha sido utilizada desde entonces contra numerosos dirigentes de la oposición y activistas del movimiento prodemocrático. La Alianza se disolvió en septiembre de 2021, el mismo mes en que sus responsables fueron acusados.
Amnistía Internacional considera a Lee y Chow presos de conciencia y ha reclamado su “liberación inmediata e incondicional”. La ONG ha calificado el veredicto de “desalentador” y sostiene que demuestra cómo la legislación de seguridad nacional se utiliza para castigar el recuerdo pacífico de “uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de China”. “Conmemorar a las víctimas de violaciones de derechos humanos es un acto de compasión, no un delito”, ha señalado Fernando Cheung, portavoz de la organización en Hong Kong.
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