El Gobierno ha aprobado este martes, en su primer Consejo de Ministros tras el parón estival, un anteproyecto para reformar las leyes de extranjería y de asilo en línea con el nuevo pacto europeo, y por tanto las endurece y acelera los trámites para denegar el asilo y por tanto empezar a proceder a una posible expulsión. Son reformas sobre las que Sumar ha hecho observaciones de nuevo, porque suponen un endurecimiento de la normativa, pero según el ministro del Interior están inspiradas en el “respeto a los derechos humanos” de los migrantes y en cualquier caso no evitan que haya un trámite individualizado para cada persona que entra irregularmente.
La norma, que tardará meses en aprobarse, acelerará los trámites para denegar las solicitudes y proceder a una posible expulsión
El Gobierno ha aprobado este martes, en su primer Consejo de Ministros tras el parón estival, un anteproyecto para reformar las leyes de extranjería y de asilo. “El objetivo es adecuar la legislación española al pacto europeo sobre migración y asilo”, ha afirmado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión. Además, se ha declarado “por primera vez en la historia” la situación de “interés para la seguridad nacional en Ceuta”, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y se ha formalizado la creación de un mando único que se encargará de gestionar la crisis que azota Ceuta desde la entrada masiva a nado de unos 80.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio.
Durante la rueda de prensa, el ministro de Interior ha insistido en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no informó de la posibilidad de una entrada masiva en Ceuta, tras ser preguntado por la afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes en el Congreso, quien ha sostenido que el CNI sí comunicó al Gobierno la eventualidad. Grande-Marlaska ha mantenido lo que ha defendido desde el principio: “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció”. “Tenemos unos excepcionales servicios de información y estoy convencido de que en este caso han actuado perfectamente”, ha añadido.
Marlaska ha detallado que, entre otras medidas, la reforma de las leyes de extranjería y de asilo incorporará la figura del triaje para los retornos, que es obligatorio para los Estados miembros, y “aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España seguirán siendo 72 horas prorrogables solo por decisión judicial para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para el triaje sobre el procedimiento fronterizo de retorno”.
Las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros facilitarán “la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional”, ha asegurado Marlaska. “La futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado que ha de estar resuelto en tres meses”, ha apuntado. Y ha subrayado que los solicitantes a quienes se rechace su petición recibirán una notificación para abandonar el país.
En este sentido, la reforma impulsada por el Ejecutivo incluye los preceptos del pacto europeo sobre migración “que impiden la entrada en territorio nacional de aquellas personas que llegan de manera irregular a nuestras fronteras”, ha incidido el ministro. Al mismo tiempo, Marlaska ha subrayado el “enfoque garantista” con respecto a los derechos humanos de los anteproyectos elaborados y ha asegurado que el Gobierno está trabajando con la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio para actuar contra los “grupos de extrema derecha” con discursos racistas y xenófobos.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, encargado de coordinar el mando único para la crisis de Ceuta, ha aprovechado su intervención para defender la gestión del Gobierno, que ha calificado de “acertada”, al tiempo que ha recordado que “decenas de miles de personas volvieron a Marruecos”. Y ha celebrado la decisión del Ejecutivo en esta nueva fase en la que se ha aprobado la creación del comité para tomar el control de la situación en la ciudad autónoma. Además, el ministro de Política Territorial ha informado de que este martes el Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto en el que “se habilitan distintos recursos y espacios”, tanto de titularidad del Ejecutivo central como del Gobierno de Ceuta.
Con todo, el responsable del mando único ha manifestado que “la prioridad del Gobierno de España es la devolución”, pero que actuarán teniendo en cuenta la ley. Torres también ha aprovechado para afear al líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que reclame la devolución de menores. “Es una imprudencia, una temeridad y faltar a la verdad”, ha criticado. El ministro ha insistido en que la repatriación de niños y adolescentes conlleva un proceso que se debe hacer según fija la ley y ha recordado que la delegada del Gobierno en Ceuta fue condenada por las devoluciones que se realizaron en 2021.
La ministra portavoz y titular de Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que desde el Ejecutivo se ha actuado “con humildad”: “Dejándonos la piel, no hemos dejado de trabajar ni un solo momento”. Además, ha adelantado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis sin detallar la fecha.
Previamente a la reunión del jefe del Ejecutivo y sus ministros, Sánchez había convocado esta mañana al Consejo de Seguridad Nacional como un primer paso requerido desde el punto de vista legal para la constitución del mando único. Posteriormente, el Consejo de Ministros ha declarado la crisis de Ceuta un asunto “de interés para la seguridad nacional”. La decisión se ha tomado casi un mes después del inicio de la crisis, algo que ha sido duramente criticado por la oposición. El presidente ceutí, del PP, pedía desde hacía semanas ceder el control y la gestión de la crisis al Ejecutivo central al verse desbordado por la situación.
La creación del mando único viene acompañada de la puesta en marcha de una serie de ayudas económicas que buscan revitalizar la ciudad autónoma, cuyos negocios se han visto afectados tras la llegada de los miles de migrantes. No obstante, el plan de recuperación ―que contempla unos 180 millones de euros, según detalló el lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo― no ha sido aún acordado este martes en el Consejo de Ministros, pero se espera que se haga en las próximas semanas.
