“Duermo en Francia, pero vivo en Guatemala”. Juan Luis Font resume así su vida en el exilio. Vive y dirige el medio de comunicación ConCriterio desde el sur de Francia, en Toulouse. Desde ahí, a casi 9.000 kilómetros de Guatemala, mantiene el contacto diario con sus fuentes y sigue informando para la audiencia de su país. Este lunes compartió escenario en Madrid con Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, y Douglas Castro-Quezada, economista e investigador nicaragüense. Los tres han conversado este lunes con EL PAÍS sobre el papel de España y de la Unión Europea ante el exilio político centroamericano.
España se ha convertido en uno de los principales destinos europeos del exilio político de la región, pero sus protagonistas discrepan sobre cuánto debe implicarse la UE y qué instrumentos debe utilizar
“Duermo en Francia, pero vivo en Guatemala”. Juan Luis Font resume así su vida en el exilio. Vive y dirige el medio de comunicación ConCriterio desde el sur de Francia, en Toulouse. Desde ahí, a casi 9.000 kilómetros de Guatemala, mantiene el contacto diario con sus fuentes y sigue informando para la audiencia de su país. Este lunes compartió escenario en Madrid con Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, y Douglas Castro-Quezada, economista e investigador nicaragüense. Los tres han conversado este lunes con EL PAÍS sobre el papel de España y de la Unión Europea ante el exilio político centroamericano.
España se ha convertido en uno de sus principales destinos europeos, pero reclaman a Madrid una mayor implicación y discrepan sobre qué debe hacer Bruselas. Se reúnen en un patio de la Residencia de Estudiantes, entre eucaliptos, con unas temperaturas que dan respiro y el ruido de fondo del Madrid en obras. Han llegado durante el fin de semana, después de pasar por Sevilla, y esta tarde han participado en el festival Centroamérica Cuenta, en el Instituto Cervantes, en una mesa titulada Instituciones a prueba: una mirada a ambos lados del Atlántico.
Font, que también dirigió elPeriódico durante 17 años, salió de Guatemala en abril de 2022 y tiene desde diciembre de 2024 una orden de captura en su país. La causa judicial surge, según explica, de la denuncia de un exministro de Comunicaciones por haber recibido dinero a cambio de una cobertura favorable. Niega las acusaciones y sostiene que el proceso es espurio. EL PAÍS solicitó la versión del Ministerio Público guatemalteco sin obtener respuesta. Francia le concedió asilo en agosto de 2025.
Castro-Quezada, economista e investigador en la Universidad de Oxford, salió de Nicaragua en octubre de 2021 y quedó apátrida de hecho cuando el régimen le negó la renovación del pasaporte. Colombia le concedió la nacionalidad en 2023 y con ella pudo viajar y estudiar. Castro-Quezada reclama que España utilice su posición dentro de la Unión Europea para sostener una “agenda democratizadora” sobre Centroamérica. “Siempre nos dicen que los temas de Centroamérica, para que se discutan en Europa, tienen que pasar por España, porque España es el puente”, explica. “Si no, no nos hace caso el resto de Europa”.
Castro-Quezada defiende que Bruselas abra la discusión sobre el pilar de gobernabilidad del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, firmado en 2012. “El acuerdo tiene esa cláusula”, sostiene: junto al comercio se comprometía también el desarrollo institucional, “lo cual no se consigue en Nicaragua”. Font discrepa. No cree que condicionar las relaciones comerciales haga caer más fácilmente a los regímenes y sí que acabe castigando a los trabajadores que dependen de la producción. Al mismo tiempo, reconoce al Consejo Europeo “claridad” sobre lo que ocurre en la región: cita con precisión, dice, lo que está ocurriendo en cada país y es igual de preciso al decidir a quién sanciona y a quién no.
La conversación llega dos semanas después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara, en primera legislatura, una reforma constitucional que amplía los mandatos de seis a siete años, aplaza las elecciones generales sin fecha establecida y prohíbe ejercer cualquier cargo público a los “traidores a la patria”: los 452 nicaragüenses despojados de su nacionalidad desde 2023. Entre ellos figura el escritor Sergio Ramírez, fundador de Centroamérica Cuenta, que inaugura este lunes el festival en Madrid.
España se ha convertido, entretanto, en el principal destino europeo del exilio nicaragüense. Desde 2023, el programa de reasentamiento español ha permitido la llegada de 1.465 refugiados nicaragüenses desde Costa Rica; otros 480 serán trasladados antes de diciembre; 56 de ellos llegaron a Barajas el pasado viernes. En 2025, los nicaragüenses fueron la nacionalidad con más estatutos de refugiado concedidos en España: 1.498, según la Oficina de Asilo y Refugio. El Gobierno ha otorgado además la nacionalidad por carta de naturaleza a un centenar largo de desnacionalizados.
Paz y Paz valora esa acogida, pero señala dónde falla. La candidata al Premio Nobel de la Paz en 2013 afirma: “La atención a medio plazo para que puedan integrarse es lo que yo creo más débil”. Muchos de los que llegan, recuerda, salieron de las cárceles nicaragüenses después de sufrir torturas, y encontrar trabajo y reconstruir una vida exige algo más que la primera asistencia.
Paz y Paz fue la primera mujer que ocupó la Fiscalía General de Guatemala, entre 2010 y 2014, y llevó al banquillo al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio: fue condenado en mayo de 2013 y la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia 10 días después. Salió del país en 2014 y no volvió hasta agosto de este año, 12 años después, para entregar al presidente Bernardo Arévalo un informe sobre el exilio guatemalteco. “La posibilidad de que yo entrara sin temor de que me fueran a detener, ese es un cambio enorme”, afirma. Atribuye el cambio al relevo en la Fiscalía General el pasado mayo, después de ocho años de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Para muchos otros exiliados, advierte, el regreso sigue dependiendo de que se cierren las causas abiertas contra ellos.
El desplazamiento hacia Europa tiene mucho que ver con el aumento de la presión migratoria en Estados Unidos. En febrero de 2023 fueron enviados allí 222 presos políticos nicaragüenses. Hoy la Administración de Donald Trump deporta a solicitantes de asilo a terceros países, entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador. Castro-Quezada matiza, sin embargo, la idea de un exilio que se muda a Europa: quien tiene contactos, becas o redes internacionales puede llegar a España o al Reino Unido, pero quien no los tiene sigue intentándolo en Estados Unidos por las redes familiares y el trabajo. La mayor parte del exilio nicaragüense continúa en Costa Rica, Estados Unidos y México. A Europa, dice Paz y Paz, llegan sobre todo los liderazgos perseguidos, empujados por la represión transnacional: el defensor de derechos humanos Roberto Samcam fue asesinado en junio de 2025 en San José, Costa Rica.
Lo que hay detrás de esas salidas, sostienen los tres, es el desgaste de unas democracias que no resolvieron lo básico. Font plantea que Guatemala lleva 40 años de democracia desde 1985 y uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica. “Cuando veo a un tipo autoritario que quiere gobernar con todas las riendas en la mano y termina siendo más apreciado por la población, que quiere soluciones, para mí es un dilema”.
Lo que ha salido de ese desgaste no son dictaduras clásicas, sino democracias sin garantías, según Font: “En Guatemala [el Estado] persigue al propio sistema de justicia, con causas contra jueces, fiscales y periodistas que siguen abiertas pese al cambio de Gobierno”. En El Salvador, un presidente elegido con amplias mayorías mantiene suspendidos los derechos constitucionales desde marzo de 2022 gracias al régimen de excepción. Castro-Quezada recuerda lo que le dijo una salvadoreña sobre Nayib Bukele: que ahora se siente más libre porque puede cerrar su negocio a las 10 de la noche sin pagar extorsión.
Paz y Paz opone a ese modelo su propia experiencia de gobierno. Entre 2009 y su salida, según la exfiscal, Guatemala redujo los homicidios de 46 a 17 por cada 100.000 habitantes con investigación penal, extinción de dominio y persecución penal estratégica, sin suspender garantías constitucionales ni recurrir a detenciones masivas, los dos instrumentos sobre los que Bukele ha construido su política de seguridad. “Cuando se quiere se puede. Pero no solo hay un camino”, resume. Dentro del Estado de derecho, sostiene, también existen mecanismos para combatir la criminalidad: “Pero no se quiso”.
La reforma aprobada en Managua impedirá a Paz y Paz y Font volver a ejercer un cargo público en su país. El periodista, de momento, tampoco puede regresar a él. Castro-Quezada, que lleva tres años en Inglaterra, describe esa condición como una suspensión permanente: “Siento que no vivo en Inglaterra”. Desde Nicaragua lo llaman para preguntarle qué está pasando en su propio país. Solo cada dos o tres años, cuando coincide con otros nicaragüenses, dice sentirse en su comunidad. Esta tarde, en el Instituto Cervantes, será una de esas veces.
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