Hace menos de tres meses que el president de la Generalitat, Salvador Illa, avanzó en el Parlament el objetivo de crear 20.000 nuevas plazas residenciales para el sistema público de dependencia antes de 2030. Ahora, el consejero de Derechos Sociales de Catalunya, Raúl Moreno, ha detallado la estrategia para crearlas. Las 20.000 nuevas plazas públicas (15.500 para gente mayor y 4.500 para personas con discapacidad) saldrán de distintos lugares, que van desde la construcción de nuevas residencias públicas a la concertación futura en centros nuevos, pasando por la incorporación al sistema público de plazas que ya existen en el sector privado, una vía que representará un tercio del total. El objetivo de este plan es dar respuesta a las proyecciones de envejecimiento de la población catalana, para empezar a tener una oferta suficiente cuando sea necesario.
La Generalitat presenta su estrategia para reducir la lista de espera para residencias de personas mayores y con discapacidad

Hace menos de tres meses que el president de la Generalitat, Salvador Illa, avanzó en el Parlament el objetivo de crear 20.000 nuevas plazas residenciales para el sistema público de dependencia antes de 2030. Ahora, el consejero de Derechos Sociales de Catalunya, Raúl Moreno, ha detallado la estrategia para crearlas. Las 20.000 nuevas plazas públicas (15.500 para gente mayor y 4.500 para personas con discapacidad) saldrán de distintos lugares, que van desde la construcción de nuevas residencias públicas a la concertación futura en centros nuevos, pasando por la incorporación al sistema público de plazas que ya existen en el sector privado, una vía que representará un tercio del total. El objetivo de este plan es dar respuesta a las proyecciones de envejecimiento de la población catalana, para empezar a tener una oferta suficiente cuando sea necesario.
El Plan 20.000 tiene el objetivo de reducir las listas de espera para las plazas públicas en residencias de personas mayores y con discapacidad. En este momento, la demanda es de 19.300 solicitudes pendientes, repartidas entre 15.000 para mayores y 4.300 para personas con discapacidad. Con el nuevo plan se incorporarían 15.500 plazas para personas mayores y 4.500 para personas con discapacidad, lo que empezaría a dar respuesta a las listas de espera actuales pero no a los aumentos que se puedan generar en los próximos años. La patronal de residencias Acra aseguró hace un año que harán falta 80.000 plazas residenciales y 26.000 profesionales más dentro de una década para hacer frente al reto demográfico.
“Cataluña lo que tiene que hacer es recuperar el tiempo perdido en la construcción de plazas residenciales”, resume Moreno: “Llevamos 15 años en los que la Generalitat de Cataluña no ha construido ninguna residencia pública con fondos propios y, con este Plan 20.000, lo que queremos es revertir esta situación y adaptar los recursos residenciales de Cataluña a la nueva realidad del envejecimiento de la población”.
El despliegue del plan combinará cinco vías distintas. La primera es la construcción de nuevas residencias públicas: la Generalitat ha planificado 15 residencias de titularidad pública de nueva construcción de aquí a 2040, pero las tres primeras (en la Seu d’Urgell, en Reus y en Santa Coloma de Gramenet) ya podrán funcionar antes de 2030, y aportarán 255 nuevas plazas para gente mayor (el 1,3% del total de 20.000 prometidas).
La segunda vía es la de la concertación de plazas que se vayan a crear en el sector privado o del tercer sector pero en proyectos ya aprobados e impulsados con financiación pública, ya sea con financiación europea, con convocatorias de inversión de la Generalitat, o con préstamos del Institut Català de Finances. Por esta vía está previsto que se creen 2.659 nuevas plazas, el 13,3% del total (2.333 de ellas para gente mayor, y 326 para personas con discapacidad). La tercera vía es la de los proyectos residenciales que ya estén en fase de construcción, y que estén impulsados por Ayuntamientos, entidades sociales u operadores privados. Como a estos equipamientos les queda poco para empezar a estar en marcha, algunos ya han pedido la concertación de plazas, lo que permitirá incorporar 300 nuevas al sistema público, el 1,5% del total (246 para gente mayor y 54 para personas con discapacidad).
El cuarto camino para tener nuevas plazas en realidad no suma nuevas plazas al sistema, sino que convierte plazas privadas ya existentes (tanto de operadores privados como del tercer sector) a la red pública mediante el sistema de concertación. Esta modalidad representa aproximadamente un tercio del total de las 20.000 nuevas plazas prometidas (6.166 para gente mayor y 620 para personas con discapacidad). Finalmente, el 51,5% de las plazas restantes para llegar a las 20.000 vendrán por la quinta vía, la de la promesa de que los futuros equipamientos que sean impulsados por Ayuntamientos, entidades sociales y operadores privados incluyan compromisos de concertación. El objetivo es garantizar la viabilidad de las inversiones necesarias para aumentar la oferta residencial en unas 6.500 plazas para personas mayores y 3.500 para personas con discapacidad.
El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión pondrá a disposición del sector dos nuevas líneas de financiación para mejorar y modernizar las instalaciones. Una línea ofrecerá financiación para la construcción, ampliación y reforma de infraestructuras sociales. Y la otra estará vinculada al Plan Clima de residencias para climatizar, adaptar y mejorar la eficiencia energética de los centros. Ambas se financiarán con préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) canalizados a través del Institut Català de Finances (ICF). El departamento de Derechos Sociales e Inclusión también asumirá una bonificación de dos puntos porcentuales sobre el tipo de interés de los préstamos.
Actualmente, las personas mayores de 65 años representan aproximadamente una quinta parte de la población catalana, una proporción que continuará aumentando en los próximos años. Esta transformación demográfica coincide con una demanda creciente de recursos residenciales. En la actualidad, la Generalitat financia más de 45.168 plazas residenciales para personas mayores y 7.811 para personas con discapacidad, lo que representa una inversión anual de casi 1.211 millones de euros. A partir de 2030, la cifra aumentará un mínimo de 169 millones de euros anuales para financiar estas nuevas plazas residenciales.
