El Tribunal Supremo de EE UU ha despejado el camino para que el presidente Donald Trump acometa sus planes de jibarizar el tamaño del Gobierno, frenados por el fallo de una instancia inferior que pausó la mayor fase de su programa de despidos masivos. La Administración republicana suma así una nueva victoria frente al sistema de balances y contrapesos que tradicionalmente ha impedido el abuso de poder por parte del Gobierno.
La orden ejecutiva del presidente para reducir el tamaño de la Administración había sido bloqueada en mayo por un tribunal inferior
El Tribunal Supremo de EE UU ha despejado el camino para que el presidente Donald Trump acometa sus planes de jibarizar el tamaño del Gobierno, frenados por el fallo de una instancia inferior que pausó la mayor fase de su programa de despidos masivos. La Administración republicana suma así una nueva victoria frente al sistema de balances y contrapesos que tradicionalmente ha impedido el abuso de poder por parte del Gobierno.
La Administración de Trump puede por tanto seguir adelante con sus planes de recortar la plantilla de empleados públicos y desmantelar agencias federales, según ha anunciado este martes el Supremo. La decisión podría resultar en la pérdida de los puestos de trabajo de decenas de miles de empleados en agencias que incluyen los Departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Estado, Tesoro, Agricultura, Comercio, Salud y Servicios Humanos, o Asuntos de Veteranos.
La orden deja sin efecto el fallo emitido el 22 de mayo por la jueza de distrito de EE UU, con sede en San Francisco, Susan Illston, que bloqueó los despidos federales a gran escala, llamados “reducciones” de la fuerza laboral, mientras se litigaba al respecto. El fallo del Supremo no está firmado ni se ha especificado el reparto de votos, algo habitual en este tipo de solicitudes de emergencia. La jueza liberal Ketanji Brown se ha manifestado en contra mediante un disenso público.
Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero, el Tribunal Supremo, conformado a su imagen y semejanza durante su primer mandato —seis de sus nueve miembros son de perfil claramente conservador—, se ha puesto del lado del presidente republicano en varios casos de urgencia, entre ellos dar vía libre a la aplicación de algunas de sus políticas migratorias más extremas, como el caso de la ciudadanía por nacimiento. Además, Trump se adjudicó la semana pasada la mayor victoria legislativa de su segundo mandato con la aprobación en el Congreso de un paquete masivo de recortes de impuestos y gastos, que abunda en su reforma fiscal de 2017 y que el mandatario ha calificado de ley “grande y hermosa”.
La fiscal general de EE UU, Pam Bondi, ha acogido con satisfacción la decisión del tribunal, mientras el Departamento de Estado celebraba en su perfil en la red social X que “la decisión casi unánime del Supremo confirma que la ley estuvo de su lado durante todo este proceso”. “Seguiremos adelante con nuestro histórico plan de reorganización del Departamento, como se anunció a principios de año”.
El Supremo señala que es “probable” que la Administración de Trump “tenga éxito en su argumento de que la orden ejecutiva” del presidente de recortar la plantilla y el memorando de aplicación de esa orden sean legales. El tribunal añade que no ha evaluado la legalidad de ningún plan específico de despidos en las agencias federales. La jueza Brown sostiene en su disenso que “la preservación temporal, práctica y reductora de daños del statu quo [del fallo de la jueza Illston] no ha sido impedimento para el demostrado entusiasmo de este tribunal a la hora de dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia”.
Trump anunció en febrero “una transformación crítica de la burocracia federal” en una orden ejecutiva en la que ordenaba a las agencias que se preparasen para una revisión del gobierno cuyo objetivo es reducir significativamente la plantilla federal y desmantelar oficinas y programas a los que se opone su Administración. En la tarea, y hasta su reciente divorcio, contó como brazo ejecutor con el magnate Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en sus siglas inglesas). La jueza Illston había escrito en su sentencia que “como demuestra la historia, el presidente puede reestructurar ampliamente agencias federales solo cuando lo autoriza el Congreso”, puenteado por la orden ejecutiva de Trump.
Un grupo de sindicatos, organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos locales que demandaron al Gobierno de Trump para bloquear los despidos masivos han dicho que el fallo del martes del Tribunal Supremo “ha asestado un duro golpe a nuestra democracia y pone en grave peligro los servicios de los que depende el pueblo estadounidense”. “Esta decisión no cambia el hecho simple y claro de que reorganizar funciones gubernamentales y despedir a trabajadores federales en masa de forma aleatoria sin ninguna aprobación del Congreso no está permitido por nuestra Constitución”, han reaccionado los demandantes mediante un comunicado, añadiendo que seguirán “luchando en nombre de las comunidades” que representan.
Feed MRSS-S Noticias
