“Para mí, no hay un genocidio en Gaza”. Las palabras de José Luis Martínez-Almeida en el Debate del Estado de la Ciudad del pasado lunes chocan contra la realidad retransmitida cada día en directo y ratifican el negacionismo en el que la derecha española (y singularmente, el Partido Popular madrileño) se ha instalado en los casi dos años que dura ya la ofensiva militar del Gobierno israelí.
Las palabras de José Luis Martínez-Almeida en el Debate del Estado de la Ciudad del pasado lunes chocan contra la realidad
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Las palabras de José Luis Martínez-Almeida en el Debate del Estado de la Ciudad del pasado lunes chocan contra la realidad
Eduardo Rubiño
Madrid –
“Para mí, no hay un genocidio en Gaza”. Las palabras de José Luis Martínez-Almeida en el Debate del Estado de la Ciudad del pasado lunes chocan contra la realidad retransmitida cada día en directo y ratifican el negacionismo en el que la derecha española (y singularmente, el Partido Popular madrileño) se ha instalado en los casi dos años que dura ya la ofensiva militar del Gobierno israelí.
Lejos de retractarse, en los días posteriores Almeida nos ha acusado de “banalizar” el uso del término ‘genocidio’ mientras se presentaba él mismo como una víctima por la indignación que provocaron sus palabras ―lo que resulta, esto sí, una banalización escandalosa cuando ya se cuentan más de 62.000 víctimas mortales en Gaza―. Y ha llegado a asegurar que “por ahora no hay pruebas de que se esté dando un genocidio”. El alcalde de la capital de España ignora interesadamente las miles de voces autorizadas que, como el informe del Comité Especial de Naciones Unidas, alertan de que “las políticas y prácticas de Israel […] se ajustan a las características del genocidio”. O el pronunciamiento de la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS), que reúne a más de 500 expertos juristas de todo el mundo, con la misma inequívoca conclusión. Y es que el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio describe claramente el genocidio como un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
¿Qué necesita Almeida para dejar de considerar legítima defensa contra el terrorismo el asesinato de más de 18.000 niños y niñas inocentes? ¿Hace falta que el ejército israelí mate a algún periodista más (ya superan los 210)? ¿No ve tras la reciente declaración de hambruna de la ONU un uso claro del hambre como castigo colectivo? ¿A qué obedece la destrucción de hospitales o campamentos de refugiados si no a un plan para borrar a toda una población de un territorio? ¿No fueron acaso muestra de un exterminio programado y premeditado las palabras del exministro de defensa de Israel cuando anunció un “asedio total” para dejar sin electricidad, ni alimentos, ni gas a los “animales humanos” gazatíes?
Muchas veces nos hemos preguntado, con la perspectiva del tiempo, cómo llegaron a ser posibles horrores que han marcado la historia, como el Holocausto. Cómo la deshumanización de un grupo étnico o de todo un pueblo pudo llegar a semejante extremo sin que nadie hiciese nada efectivo para impedirlo. Y sobre esa pregunta se asienta una de las grandes conquistas morales de la Humanidad y el Derecho internacional mismo: no podemos permitir que nada así se repita. Esto implica no solo tener herramientas para que la justicia actúe a posteriori, sino hacer todo cuanto esté en nuestras manos para parar la barbarie cuanto antes. Los genocidios hay que pararlos, no resignarnos a certificarlos cuando ya han ocurrido. Está claro qué podremos responder cada cual en el futuro ante el examen de la conciencia y la historia, pero eso no es ningún consuelo. ¿De verdad queremos volver a tener que lamentarnos?
En todo caso, si, como ha dicho Almeida entre titubeos leguleyos, es a la Justicia a quien corresponde la calificación de ese delito, supongo que estará de acuerdo con que Netanyahu y su ministro de Defensa se entreguen ante la Corte Penal Internacional y respondan de sus actos, como reclama la orden de arresto internacional emitida en noviembre de 2024.
Mientras, que tenga claro este alcalde acorralado por su indolencia que no va a lograr acallar el sentimiento de dolor e indignación de la ciudadanía madrileña ni a quitarnos el derecho de llamar a las cosas por su nombre. Sí, es un genocidio.
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