Francia tiene un Gobierno en funciones. Otra vez. El Ejecutivo, en un momento delicadísimo para el país, dentro y fuera de sus fronteras, se encarga solo de los asuntos corrientes. Pero el nuevo primero ministro, Sébastien Lecornu, no tiene prisa. Recibió el encargo de recabar los apoyos suficientes de los partidos para lograr a aprobar un presupuesto antes de formar ningún Gobierno. Establecer consultas antes de volver a despachar con Emmanuel Macron. A eso dedica la semana, en la que otra amenaza de parálisis sobrevuela el país con la huelga de este jueves, convocada y apoyada esta vez por los sindicatos, mientras anuncia ya medidas como eliminar los privilegios de los ex primeros ministros o desistir de la idea de suprimir dos días de fiesta del calendario para contentar a los socialistas, pieza clave para su supervivencia.
Lecornu eliminará los privilegios de sus predecesores y mantendrá los dos días de fiesta que planeaba suprimir Bayrou para avanzar en otra semana complicada para el país
Francia tiene un Gobierno en funciones. Otra vez. El Ejecutivo, en un momento delicadísimo para el país, dentro y fuera de sus fronteras, se encarga solo de los asuntos corrientes. Pero el nuevo primero ministro, Sébastien Lecornu, no tiene prisa. Recibió el encargo de recabar los apoyos suficientes de los partidos para lograr a aprobar un presupuesto antes de formar ningún Gobierno. Establecer consultas antes de volver a despachar con Emmanuel Macron. A eso dedica la semana, en la que otra amenaza de parálisis sobrevuela el país con la huelga de este jueves, convocada y apoyada esta vez por los sindicatos, mientras anuncia ya medidas como eliminar los privilegios de los ex primeros ministros o desistir de la idea de suprimir dos días de fiesta del calendario para contentar a los socialistas, pieza clave para su supervivencia.
El presidente Macron sigue atentamente los progresos de su nuevo primer ministro y estrecho colaborador, con quien ha compartido horas de avión, ejercicio en la cubierta de portaviones y whisky en las madrugadas de insomnio en el Elíseo. El jefe del Estado sabe que puede ser uno de sus últimos recursos antes de que la presión de la calle y del Parlamento se dirijan directamente contra él. Es consciente de los errores que cometió François Bayrou, especialmente haber creído que podía contar con la abstención del Reagrupamiento Nacional (RN) sin haber hablado con su líder, Marine Le Pen. Hoy sabe ya que la ultraderecha solo quiere una disolución de la Asamblea y nuevas elecciones. En el Elíseo están convencidos también de que Le Pen, inhabilitada por un caso de malversación de fondos, piensa que unos comicios y una posible mayoría absoluta de la ultraderecha en el Parlamento es su única posibilidad para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Quizá gracias a una ley de amnistía, sospechan. Así que todo pasa por los socialistas y el encaje con el resto de socios.
El problema, sin embargo, se parece al de aquellas viejas adivinanzas donde un granjero debía pasar al otro lado del río con un saco de harina, una gallina y un zorro. Macron necesita enrolar en la misma nave a socialistas y Los Republicanos (la derecha gaullista). Y las concesiones que piden los socialistas ―como la tasa para los más ricos o la reforma de las pensiones― no son, de momento, aceptables para el partido del conservador Bruno Retailleau, a quien tampoco quieren en el Ejecutivo. En cualquier caso, Macron sigue convencido de que el baricentro de cualquier acuerdo sigue siendo su partido y la constelación de pequeñas formaciones que orbitan alrededor. El jefe del Estado no pondrá líneas rojas a Lecornu, pero no está dispuesto a que se ponga en cuestión su política económica de los últimos años revirtiendo la reforma de las pensiones o aplicando determinados impuestos a las empresas, que ya han amenazado con salir a la calle si ocurriera.
Lecornu marca perfil propio respecto a su predecesor, François Bayrou, renunciando a una de las medidas impopulares que propuso para reducir el gasto público y aumentar la producción: la supresión de dos días festivos, que formaba parte del plan para jibarizar la enorme deuda (114% del PIB). Paradójicamente, esta propuesta había surgido de Macron, quien la sugirió durante un consejo de defensa para financiar gastos militares adicionales previstos para 2026. Bayrou la aceptó, pero la polémica terminó debilitándolo hasta provocar su salida.
Lecornu, en cambio, quiere mostrarse más atento a los trabajadores y, al mismo tiempo, dar garantías de un estilo más parlamentario. Para ello, trabaja en la reorganización del llamado núcleo común, que reúne a 210 diputados de derecha y centro, junto con la mayoría en el Senado. Antes de su declaración de política general, prevista para el 2 de octubre, intentará diseñar un contrato de gobierno entre estas fuerzas, clave para negociar el presupuesto con la izquierda antes de fin de año. La fecha límite para tener cerrado un Ejecutivo y un acuerdo rondaría el 7 de octubre, deslizan desde la jefatura del Estado. Si no se alcanzase, Macron se reserva el derecho de disolver la Asamblea, una baza que sirve también para presionar a socialistas y republicanos, aterrorizados con los efectos que podrían tener unas elecciones en dos formaciones en plena reconstrucción.
El presidente de LR y exministro del Interior, Bruno Retailleau, lanzó una advertencia al primer ministro Lecornu recordándoles que su partido podría ser “útil”, pero no “sumiso”. Retailleau puso en duda su participación en el Gobierno si Lecornu se inclinara hacia políticas para contentar a la izquierda, en detrimento de un endurecimiento en materia de inmigración o de una reducción del “asistencialismo”. Y esa, la visión ideológica del gasto público, será justamente el escollo difícil de sortear.
El Partido Socialista (PS) tiene una posición exigente en estas cuestiones: suspensión de la reforma de las pensiones, creación de un impuesto a las grandes fortunas (conocido como tasa Zucman) y reducción del volumen de recortes previstos hasta 2029. El PS, respaldado por la voz del expresidente François Hollande, plantea una advertencia clara: si Lecornu fracasa en alcanzar un compromiso, “no habrá otra opción que la disolución” de la Asamblea Nacional. En el Elíseo, sin embargo, creen que se trata de un farol.
El principal punto de fricción entre socialistas y macronistas es, justamente, la tasa Zucman, un impuesto del 2% sobre el patrimonio de los ultrarricos. Los socialistas la defienden como una medida de justicia fiscal, mientras que el Gobierno, respaldado por el Medef (patronal), la derecha y la ultraderecha, la rechaza por considerarla confiscatoria y peligrosa para las empresas. “Cualquier socialista sensato sabe que es completamente irrealizable”, creen en el entorno de Macron.
El jueves, en cualquier caso, la jornada de huelga volverá a ser un termómetro del hartazgo ciudadano. Las movilizaciones amenazan con generar un gran bloqueo en el sector de los transportes, pero también en la sanidad. Otro protesta, en el fondo, con Macron.
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