La Administración Pública sigue siendo la gran generadora de puestos de trabajo precarios con mucha más temporalidad de la que tienen las empresas privadas. Y así se ha cronificado desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno hace siete años. Desde mediados de 2018, el 43% del empleo que ha creado el sector público en España es de carácter temporal. En este periodo el número de ocupados temporales ha crecido en 177.000 frente a los 414.900 trabajos netos creados en el conjunto de las administraciones públicas, según se desprende de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE. La precariedad pública con todo tipo de contratos semestrales, mensuales, semanales e incluso diarios sigue estando mucho más presente en la gestión de sus recursos humanos que en el sector privado, a pesar de que la reforma laboral de 2022 instaba a todos los contratadores -administraciones, pero sobre todo compañías- a poner fin a la inestabilidad. Sin embargo, tres años después de poner en marcha esa nueva legislación, a cierre del tercer trimestre de este año un 27% de los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en toda España tienen contrato temporal, en total 954.600 trabajadores. Una cifra que dista en gran medida del 8% a la que el Ejecutivo se comprometió con Bruselas en 2021, cuando aprobó la Ley de Estabilización del empleo público. En virtud de esa norma, a finales de este año debería haberse cumplido el objetivo, algo del todo imposible ya que supondría convertir en indefinidos a más de 800.000 trabajadores de un plumazo.Por el momento, este incumplimiento ya le ha costado a España la pérdida de 620 millones de euros en fondos europeos, varios pronunciamientos en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y una oleada de protestas en la calle que amenaza con terminar en una huelga general del sector a finales de este año. Trabajos de pocas semanasMás allá de las grandes estadísticas, que muestran la degradación de las condiciones en muchos puestos de trabajo en todo tipo de servicios públicos, el día a día de muchos interinos revela cómo proliferan situaciones llamativas. Por ejemplo, el grupo más numeroso lo constituyen quienes tienen un contrato temporal superior a tres años, una realidad por la que atraviesan casi 135.000 trabajadores públicos hasta el tercer trimestre de este año, según la EPA. Este tipo de casos es el más flagrante con respecto la cronificación de la temporalidad con la que Bruselas ha puesto contra las cuerdas a España en los últimos años. También es numeroso el número de empleados en todo tipo de administraciones con una relación laboral de entre uno y dos años, unos 131.000 en total.El problema llega cuando la Administración formaliza contratos con una duración inferior a los 12 meses, como les ocurre a más de 200.000 españoles. E incluso los hay con relaciones laborales de uno y dos días, unos 10.000, según Estadística. Aunque también llama la atención cómo hay casi medio millón de trabajadores públicos con una relación laboral que no saben cuándo va a finalizar. Básicamente porque están cubriendo algún tipo de baja o cualquier tipo de contingencia de quienes están sustituyendo.Para completar esta fotografía de la precariedad pública, habría que añadir que el problema se ceba especialmente con los más jóvenes: dentro de la franja de edad entre los 20 y los 24 años, afecta al 73%; entre los 25 y 29, al 65%; y entre los 30 y 39, al 42%.La mayor parte de los trabajadores públicos sigue en manos de las comunidades , con más de dos millones de ocupados. Se trata, básicamente, de los empleados que se encuentran ejerciendo funciones en la sanidad, la educación y los servicios sociales , las tres patas de las competencias regionales. Le siguen los ayuntamientos, con más de 720.000. Y, por último, el Estado cuenta con una plantilla de 528.000 trabajadores, a los que hay que unir los de la Seguridad Social (casi 30.000) y los 160.000 adscritos a «empresas e instituciones públicas». La cuestión de los interinosTodos estos datos ilustran a las claras el fracaso de la Ley de Estabilización del empleo público, una norma a la que muchos se referían como ‘la reforma laboral de la pública’ . «Es una reforma que urgía en nuestro país, porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad», dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, allá por 2021. Como ya se ha visto, no ha sido el caso. De hecho, la temporalidad en la Administración ha escalado dos puntos desde 2018, cuando estaba en el 24,9%, mientras que en el sector privado ha pasado del 27% al 13% en el mismo tiempo. Habría que matizar, claro está, que esto último se explica en buena medida porque más del 30% de los nuevos contratos que se firman actualmente son fijos discontinuos; de hecho, a los 954.600 temporales que hay en las AA.PP. habría que añadir otros 19.000 fijos-discontinuos.A esta situación de temporalidad que no termina de solucionarse se une otra circunstancia que afecta a todo el sector público en lo que va de año: la congelación de sus sueldos , que sigue pendiente de la revisión que tiene que realizar el Ministerio para la Transformación Digital, dirigido por Óscar López, quien ya ha anticipado que si no hay Presupuestos de 2026 será complicado aplicar la revalorización de salarios públicos este año.El sindicato CSIF estima que desde 2010, el peor momento de la crisis financiera, los funcionarios han perdido un 16% de poder adquisitivo (la diferencia entre lo que han subido sus sueldos y lo que lo ha hecho el coste de la vida). Además, con la actual desviación del IPC y la congelación en vigor, la pérdida es del 3,2% desde 2024. La Administración Pública sigue siendo la gran generadora de puestos de trabajo precarios con mucha más temporalidad de la que tienen las empresas privadas. Y así se ha cronificado desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno hace siete años. Desde mediados de 2018, el 43% del empleo que ha creado el sector público en España es de carácter temporal. En este periodo el número de ocupados temporales ha crecido en 177.000 frente a los 414.900 trabajos netos creados en el conjunto de las administraciones públicas, según se desprende de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE. La precariedad pública con todo tipo de contratos semestrales, mensuales, semanales e incluso diarios sigue estando mucho más presente en la gestión de sus recursos humanos que en el sector privado, a pesar de que la reforma laboral de 2022 instaba a todos los contratadores -administraciones, pero sobre todo compañías- a poner fin a la inestabilidad. Sin embargo, tres años después de poner en marcha esa nueva legislación, a cierre del tercer trimestre de este año un 27% de los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en toda España tienen contrato temporal, en total 954.600 trabajadores. Una cifra que dista en gran medida del 8% a la que el Ejecutivo se comprometió con Bruselas en 2021, cuando aprobó la Ley de Estabilización del empleo público. En virtud de esa norma, a finales de este año debería haberse cumplido el objetivo, algo del todo imposible ya que supondría convertir en indefinidos a más de 800.000 trabajadores de un plumazo.Por el momento, este incumplimiento ya le ha costado a España la pérdida de 620 millones de euros en fondos europeos, varios pronunciamientos en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y una oleada de protestas en la calle que amenaza con terminar en una huelga general del sector a finales de este año. Trabajos de pocas semanasMás allá de las grandes estadísticas, que muestran la degradación de las condiciones en muchos puestos de trabajo en todo tipo de servicios públicos, el día a día de muchos interinos revela cómo proliferan situaciones llamativas. Por ejemplo, el grupo más numeroso lo constituyen quienes tienen un contrato temporal superior a tres años, una realidad por la que atraviesan casi 135.000 trabajadores públicos hasta el tercer trimestre de este año, según la EPA. Este tipo de casos es el más flagrante con respecto la cronificación de la temporalidad con la que Bruselas ha puesto contra las cuerdas a España en los últimos años. También es numeroso el número de empleados en todo tipo de administraciones con una relación laboral de entre uno y dos años, unos 131.000 en total.El problema llega cuando la Administración formaliza contratos con una duración inferior a los 12 meses, como les ocurre a más de 200.000 españoles. E incluso los hay con relaciones laborales de uno y dos días, unos 10.000, según Estadística. Aunque también llama la atención cómo hay casi medio millón de trabajadores públicos con una relación laboral que no saben cuándo va a finalizar. Básicamente porque están cubriendo algún tipo de baja o cualquier tipo de contingencia de quienes están sustituyendo.Para completar esta fotografía de la precariedad pública, habría que añadir que el problema se ceba especialmente con los más jóvenes: dentro de la franja de edad entre los 20 y los 24 años, afecta al 73%; entre los 25 y 29, al 65%; y entre los 30 y 39, al 42%.La mayor parte de los trabajadores públicos sigue en manos de las comunidades , con más de dos millones de ocupados. Se trata, básicamente, de los empleados que se encuentran ejerciendo funciones en la sanidad, la educación y los servicios sociales , las tres patas de las competencias regionales. Le siguen los ayuntamientos, con más de 720.000. Y, por último, el Estado cuenta con una plantilla de 528.000 trabajadores, a los que hay que unir los de la Seguridad Social (casi 30.000) y los 160.000 adscritos a «empresas e instituciones públicas». La cuestión de los interinosTodos estos datos ilustran a las claras el fracaso de la Ley de Estabilización del empleo público, una norma a la que muchos se referían como ‘la reforma laboral de la pública’ . «Es una reforma que urgía en nuestro país, porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad», dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, allá por 2021. Como ya se ha visto, no ha sido el caso. De hecho, la temporalidad en la Administración ha escalado dos puntos desde 2018, cuando estaba en el 24,9%, mientras que en el sector privado ha pasado del 27% al 13% en el mismo tiempo. Habría que matizar, claro está, que esto último se explica en buena medida porque más del 30% de los nuevos contratos que se firman actualmente son fijos discontinuos; de hecho, a los 954.600 temporales que hay en las AA.PP. habría que añadir otros 19.000 fijos-discontinuos.A esta situación de temporalidad que no termina de solucionarse se une otra circunstancia que afecta a todo el sector público en lo que va de año: la congelación de sus sueldos , que sigue pendiente de la revisión que tiene que realizar el Ministerio para la Transformación Digital, dirigido por Óscar López, quien ya ha anticipado que si no hay Presupuestos de 2026 será complicado aplicar la revalorización de salarios públicos este año.El sindicato CSIF estima que desde 2010, el peor momento de la crisis financiera, los funcionarios han perdido un 16% de poder adquisitivo (la diferencia entre lo que han subido sus sueldos y lo que lo ha hecho el coste de la vida). Además, con la actual desviación del IPC y la congelación en vigor, la pérdida es del 3,2% desde 2024.
La Administración Pública sigue siendo la gran generadora de puestos de trabajo precarios con mucha más temporalidad de la que tienen las empresas privadas. Y así se ha cronificado desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno hace siete años. Desde mediados … de 2018, el 43% del empleo que ha creado el sector público en España es de carácter temporal. En este periodo el número de ocupados temporales ha crecido en 177.000 frente a los 414.900 trabajos netos creados en el conjunto de las administraciones públicas, según se desprende de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE.
La precariedad pública con todo tipo de contratos semestrales, mensuales, semanales e incluso diarios sigue estando mucho más presente en la gestión de sus recursos humanos que en el sector privado, a pesar de que la reforma laboral de 2022 instaba a todos los contratadores -administraciones, pero sobre todo compañías- a poner fin a la inestabilidad. Sin embargo, tres años después de poner en marcha esa nueva legislación, a cierre del tercer trimestre de este año un 27% de los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en toda España tienen contrato temporal, en total 954.600 trabajadores.
Una cifra que dista en gran medida del 8% a la que el Ejecutivo se comprometió con Bruselas en 2021, cuando aprobó la Ley de Estabilización del empleo público. En virtud de esa norma, a finales de este año debería haberse cumplido el objetivo, algo del todo imposible ya que supondría convertir en indefinidos a más de 800.000 trabajadores de un plumazo.
Por el momento, este incumplimiento ya le ha costado a España la pérdida de 620 millones de euros en fondos europeos, varios pronunciamientos en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y una oleada de protestas en la calle que amenaza con terminar en una huelga general del sector a finales de este año.
Trabajos de pocas semanas
Más allá de las grandes estadísticas, que muestran la degradación de las condiciones en muchos puestos de trabajo en todo tipo de servicios públicos, el día a día de muchos interinos revela cómo proliferan situaciones llamativas. Por ejemplo, el grupo más numeroso lo constituyen quienes tienen un contrato temporal superior a tres años, una realidad por la que atraviesan casi 135.000 trabajadores públicos hasta el tercer trimestre de este año, según la EPA. Este tipo de casos es el más flagrante con respecto la cronificación de la temporalidad con la que Bruselas ha puesto contra las cuerdas a España en los últimos años. También es numeroso el número de empleados en todo tipo de administraciones con una relación laboral de entre uno y dos años, unos 131.000 en total.
El problema llega cuando la Administración formaliza contratos con una duración inferior a los 12 meses, como les ocurre a más de 200.000 españoles. E incluso los hay con relaciones laborales de uno y dos días, unos 10.000, según Estadística. Aunque también llama la atención cómo hay casi medio millón de trabajadores públicos con una relación laboral que no saben cuándo va a finalizar. Básicamente porque están cubriendo algún tipo de baja o cualquier tipo de contingencia de quienes están sustituyendo.
Para completar esta fotografía de la precariedad pública, habría que añadir que el problema se ceba especialmente con los más jóvenes: dentro de la franja de edad entre los 20 y los 24 años, afecta al 73%; entre los 25 y 29, al 65%; y entre los 30 y 39, al 42%.
La mayor parte de los trabajadores públicos sigue en manos de las comunidades, con más de dos millones de ocupados. Se trata, básicamente, de los empleados que se encuentran ejerciendo funciones en la sanidad, la educación y los servicios sociales, las tres patas de las competencias regionales. Le siguen los ayuntamientos, con más de 720.000. Y, por último, el Estado cuenta con una plantilla de 528.000 trabajadores, a los que hay que unir los de la Seguridad Social (casi 30.000) y los 160.000 adscritos a «empresas e instituciones públicas».
La cuestión de los interinos
Todos estos datos ilustran a las claras el fracaso de la Ley de Estabilización del empleo público, una norma a la que muchos se referían como ‘la reforma laboral de la pública’. «Es una reforma que urgía en nuestro país, porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad», dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, allá por 2021.
Como ya se ha visto, no ha sido el caso. De hecho, la temporalidad en la Administración ha escalado dos puntos desde 2018, cuando estaba en el 24,9%, mientras que en el sector privado ha pasado del 27% al 13% en el mismo tiempo. Habría que matizar, claro está, que esto último se explica en buena medida porque más del 30% de los nuevos contratos que se firman actualmente son fijos discontinuos; de hecho, a los 954.600 temporales que hay en las AA.PP. habría que añadir otros 19.000 fijos-discontinuos.
A esta situación de temporalidad que no termina de solucionarse se une otra circunstancia que afecta a todo el sector público en lo que va de año: la congelación de sus sueldos, que sigue pendiente de la revisión que tiene que realizar el Ministerio para la Transformación Digital, dirigido por Óscar López, quien ya ha anticipado que si no hay Presupuestos de 2026 será complicado aplicar la revalorización de salarios públicos este año.
El sindicato CSIF estima que desde 2010, el peor momento de la crisis financiera, los funcionarios han perdido un 16% de poder adquisitivo (la diferencia entre lo que han subido sus sueldos y lo que lo ha hecho el coste de la vida). Además, con la actual desviación del IPC y la congelación en vigor, la pérdida es del 3,2% desde 2024.
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