A los hechos

Hay un auto, de más de 80 páginas. Recoge con detalle los indicios por los que, para un juez de la Audiencia Nacional, resulta razonable investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de formarse una opinión sobre el auto conviene al menos leerlo: y es difícil que alguien con voluntad de saber o de entender pudiera haberlo leído para cuando ya circulaban las primeras opiniones, fueran a favor o en contra de Zapatero. Corren antes las adhesiones que las opiniones, porque lo primero que hemos perdido es el tiempo, en un sentido literal: hace falta una opinión de inicio, antes de saber de qué asunto se trata. Al que dude o se pregunte lo llamarán tibio, y a los tibios les guarda Dante un lugar en la antesala del infierno.

En ese tiempo, y si el Gobierno cree en la inocencia de Zapatero, bastaría con apelar a la presunción de inocencia, que asiste a todo el mundo hasta que haya —si la hay— una sentencia en contra. Bastaría con eso si las palabras aún tuvieran sentido, antes de que se las hubieran lanzado a la cabeza escándalo tras escándalo. No se puede apelar a la ley e ignorar la presunción de inocencia, consagrada en la Constitución. El PP puso el primer tuit cuando aún se estaban redactando las noticias en las redacciones.

Tampoco se puede presumir del respeto a la justicia mientras se atribuye el auto a una suerte de conspiración política y judicial. El juez recoge indicios serios que ahora deberá esclarecer en su investigación. Al lanzar sospechas —¿qué investigaciones son creíbles y qué investigaciones no lo son?—, el PSOE tiene la obligación de explicar su fundamento. Si se basa en los precedentes, su discurso se lo complican los casos de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, a quienes —por cierto— asiste también la presunción de inocencia. Si es en otros precedentes, tendría que explicar la relación que establece entre el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional y, por ejemplo, el juez Juan Carlos Peinado.

Si el Gobierno está apuntando que esa persecución alcanzaría del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional —lo que implicaría una quiebra democrática— se diría que antes, para una denuncia de ese calado, debe hacerse con la credibilidad que exige, cuanto menos, haberse dado el tiempo para leer el auto. Por no mezclar unas cosas con otras.