Es el cuento de nunca acabar. Tras el desembarco de los nuevos dueños , con sus correspondientes nuevos ejecutivos, la nueva Talgo sigue teniendo en la práctica y de fondo el mismo problema que le llevó a ponerse en venta. Según han informado a ABC fuentes de la nueva propiedad de la compañía, en el seno de Talgo, ya con el consorcio vasco -Sidenor, Gobierno Vasco, Fundación BBK, Fundación Vital- en sus tripas tanto como el Estado , a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no están tranquilos. Saben que apenas cuentan con un margen de poco más de un año para intentar sacar los grandes pedidos que tienen en espera por valor de cerca de 5.000 millones de euros. ¿La solución? Volver a tentar a potenciales socios pero de carácter industrial, con el ‘know how’ del negocio y, sobre todo, con la infraestructura adecuada que le permita cumplir con todos esos contratos. Y es que el alto volumen de su cartera de pedidos sigue sin tener el horizonte despejado y, según las mismas fuentes consultadas, se antoja urgente volver a poner toda la carne en el asador. Así, la nueva Talgo, presidida aún por Carlos de Palacio y Oriol, vuelve a tener en su órbita la posibilidad de tantear a aquellas empresas que en su momento mostraron interés por la compañía, como fueron los polacos de Pesa y los indios de Jupiter Wagons, siempre y cuando respeten la españolidad de la empresa.Precisamente por esa razón de mantener la esencia española del fabricante de trenes, tanto polacos como indios desistieron en sus ofertas el año pasado sobre el paquete accionarial de Trilantic, con el 29,9% antes de la llegada de los nuevos dueños y, ahora, tendrían que conformarse incluso con menos capital, con una participación que no ponga en peligro esa españolidad.Sanciones millonarias, a las puertasY es que el gran problema que flota en el ambiente para el grupo fabricante de trenes es que se sigue enfrentando aún a una millonaria sanción por parte de Renfe por los retrasos en la entrega de las unidades Avril , convoyes que han protagonizado numerosos incidentes en los últimos meses en la operativa de la compañía pública ferroviaria. La sociedad pública Renfe exige a Talgo, que es su principal proveedor, una indemnización de 116 millones de euros por los prejuicios provocados en su negocio durante los meses que no dispuso de las nuevas locomotoras.Las fuentes explican además que la compañía necesita inevitablemente un compañero de viaje no solo que le ayude a sacar adelante el pedido con Renfe sino también el que mantiene con el operador alemán Deutsche Bahn (DB) , por ese gran problema de capacidad industrial que arrastra desde incluso antes del definitivo desembarco del consorcio vasco y la SEPI. Precisamente, tal y como adelantó ABC, Talgo recibió un importante balón de oxígeno a mediados de diciembre pasado al acordar con DB reducir de 79 a 60 la entrega de los trenes Talgo 230 , un pedido que acumula importantes retrasos pese a que se trata del más grande en la historia del fabricante ferroviario, con un valor inicial de unos 1.400 millones de euros.Ahora bien, a pesar del recorte de producción , Talgo y DB mantienen el contrato marco firmado en 2019 que permite ampliar el pedido hasta 100 trenes, además de añadir un contrato de mantenimiento para revisiones a largo plazo y la recalendarización del proyecto.El potencial ‘caballero blanco’ tendrá que respetar la esencia española de la compañía de trenesRecordar que a finales de 2025 , los accionistas del fabricante de trenes daban el paso definitivo hacia su medio nacionalización, tras aprobar en junta extraordinaria la entrada en su accionariado del Estado -a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- y del Gobierno vasco -como parte de ese consorcio público-privado liderado por el empresario José Antonio Jainaga, presidente de la siderúrgica Sidenor-. Entonces aprobaban también una ampliación de capital de 45 millones de euros, y una emisión de obligaciones convertibles por valor de 30 millones. Estos bonos devengan un interés fijo anual y, si no se reembolsan, permitirán a la SEPI elevar su participación accionarial en el futuro. Noticia Relacionada estandar No Sidenor entra en el consejo de Talgo y devuelve la sede social a Álava Xavier Vilaltella El presidente de la siderúrgica, José Antonio Jainaga, ha sido nombrado consejero dominical tras la toma de control por parte del Estado y el consorcio en el que participa el gobierno vascoGracias a dicha ampliación de capital, el organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda ostenta una participación inicial cercana al 7,8% del capital social. Mientras, el consorcio vasco, con Jainaga al frente con el apoyo del Gobierno vasco -a través de Finkatuz, su fondo de inversión-, y de las fundaciones bancarias BBK y Vital, adquirió al fondo inglés Trilantic el 29,8% de Talgo. El grupo vasco deberá aportar otros 75 millones de euros.En la junta de accionistas extraordinaria del próximo 3 de febrero, se tiene previsto aprobar el nombramiento de los nuevos consejeros. Por parte de la SEPI, será consejero dominical Juan Antonio Sánchez Corchero, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Álava, miembro de la comisión ejecutiva de la Confebask y vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Cepyme y de la junta directiva de CEOE. También se ratificarán en la misma reunión de accionistas a los nuevos consejeros que representan a Sidenor -José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri López-, así como dos independientes -Ricardo Chocarro Melgosa y Aránzazu Estefanía Larrañaga.Más profesionales de confianzaFalta en cualquier caso que la nueva Talgo siga dando entrada a profesionales de su confianza. La semana pasada, el exconsejero delegado de la compañía, Gonzalo Urquijo, presentaba su carta de dimisión como miembro del consejo del fabricante de trenes, apenas tres semanas antes de la celebración de la próxima junta de accionistas, en la que también estaba previsto su cese de este cargo.Este movimiento, que fue comunicado el jueves pasado por la noche a la CNMV, se produce después de haber sido cesado como CEO . Y es que el pasado 17 de diciembre, fecha en la que se celebró el primer consejo tras la entrada del consorcio vasco y la SEPI en el accionariado, el nuevo consejo de administración cesó a Urquijo y nombró a Rafael Sterling como director general. En esa misma reunión también se acordó el traslado de la sede social de Madrid a Álava. Es el cuento de nunca acabar. Tras el desembarco de los nuevos dueños , con sus correspondientes nuevos ejecutivos, la nueva Talgo sigue teniendo en la práctica y de fondo el mismo problema que le llevó a ponerse en venta. Según han informado a ABC fuentes de la nueva propiedad de la compañía, en el seno de Talgo, ya con el consorcio vasco -Sidenor, Gobierno Vasco, Fundación BBK, Fundación Vital- en sus tripas tanto como el Estado , a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no están tranquilos. Saben que apenas cuentan con un margen de poco más de un año para intentar sacar los grandes pedidos que tienen en espera por valor de cerca de 5.000 millones de euros. ¿La solución? Volver a tentar a potenciales socios pero de carácter industrial, con el ‘know how’ del negocio y, sobre todo, con la infraestructura adecuada que le permita cumplir con todos esos contratos. Y es que el alto volumen de su cartera de pedidos sigue sin tener el horizonte despejado y, según las mismas fuentes consultadas, se antoja urgente volver a poner toda la carne en el asador. Así, la nueva Talgo, presidida aún por Carlos de Palacio y Oriol, vuelve a tener en su órbita la posibilidad de tantear a aquellas empresas que en su momento mostraron interés por la compañía, como fueron los polacos de Pesa y los indios de Jupiter Wagons, siempre y cuando respeten la españolidad de la empresa.Precisamente por esa razón de mantener la esencia española del fabricante de trenes, tanto polacos como indios desistieron en sus ofertas el año pasado sobre el paquete accionarial de Trilantic, con el 29,9% antes de la llegada de los nuevos dueños y, ahora, tendrían que conformarse incluso con menos capital, con una participación que no ponga en peligro esa españolidad.Sanciones millonarias, a las puertasY es que el gran problema que flota en el ambiente para el grupo fabricante de trenes es que se sigue enfrentando aún a una millonaria sanción por parte de Renfe por los retrasos en la entrega de las unidades Avril , convoyes que han protagonizado numerosos incidentes en los últimos meses en la operativa de la compañía pública ferroviaria. La sociedad pública Renfe exige a Talgo, que es su principal proveedor, una indemnización de 116 millones de euros por los prejuicios provocados en su negocio durante los meses que no dispuso de las nuevas locomotoras.Las fuentes explican además que la compañía necesita inevitablemente un compañero de viaje no solo que le ayude a sacar adelante el pedido con Renfe sino también el que mantiene con el operador alemán Deutsche Bahn (DB) , por ese gran problema de capacidad industrial que arrastra desde incluso antes del definitivo desembarco del consorcio vasco y la SEPI. Precisamente, tal y como adelantó ABC, Talgo recibió un importante balón de oxígeno a mediados de diciembre pasado al acordar con DB reducir de 79 a 60 la entrega de los trenes Talgo 230 , un pedido que acumula importantes retrasos pese a que se trata del más grande en la historia del fabricante ferroviario, con un valor inicial de unos 1.400 millones de euros.Ahora bien, a pesar del recorte de producción , Talgo y DB mantienen el contrato marco firmado en 2019 que permite ampliar el pedido hasta 100 trenes, además de añadir un contrato de mantenimiento para revisiones a largo plazo y la recalendarización del proyecto.El potencial ‘caballero blanco’ tendrá que respetar la esencia española de la compañía de trenesRecordar que a finales de 2025 , los accionistas del fabricante de trenes daban el paso definitivo hacia su medio nacionalización, tras aprobar en junta extraordinaria la entrada en su accionariado del Estado -a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- y del Gobierno vasco -como parte de ese consorcio público-privado liderado por el empresario José Antonio Jainaga, presidente de la siderúrgica Sidenor-. Entonces aprobaban también una ampliación de capital de 45 millones de euros, y una emisión de obligaciones convertibles por valor de 30 millones. Estos bonos devengan un interés fijo anual y, si no se reembolsan, permitirán a la SEPI elevar su participación accionarial en el futuro. Noticia Relacionada estandar No Sidenor entra en el consejo de Talgo y devuelve la sede social a Álava Xavier Vilaltella El presidente de la siderúrgica, José Antonio Jainaga, ha sido nombrado consejero dominical tras la toma de control por parte del Estado y el consorcio en el que participa el gobierno vascoGracias a dicha ampliación de capital, el organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda ostenta una participación inicial cercana al 7,8% del capital social. Mientras, el consorcio vasco, con Jainaga al frente con el apoyo del Gobierno vasco -a través de Finkatuz, su fondo de inversión-, y de las fundaciones bancarias BBK y Vital, adquirió al fondo inglés Trilantic el 29,8% de Talgo. El grupo vasco deberá aportar otros 75 millones de euros.En la junta de accionistas extraordinaria del próximo 3 de febrero, se tiene previsto aprobar el nombramiento de los nuevos consejeros. Por parte de la SEPI, será consejero dominical Juan Antonio Sánchez Corchero, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Álava, miembro de la comisión ejecutiva de la Confebask y vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Cepyme y de la junta directiva de CEOE. También se ratificarán en la misma reunión de accionistas a los nuevos consejeros que representan a Sidenor -José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri López-, así como dos independientes -Ricardo Chocarro Melgosa y Aránzazu Estefanía Larrañaga.Más profesionales de confianzaFalta en cualquier caso que la nueva Talgo siga dando entrada a profesionales de su confianza. La semana pasada, el exconsejero delegado de la compañía, Gonzalo Urquijo, presentaba su carta de dimisión como miembro del consejo del fabricante de trenes, apenas tres semanas antes de la celebración de la próxima junta de accionistas, en la que también estaba previsto su cese de este cargo.Este movimiento, que fue comunicado el jueves pasado por la noche a la CNMV, se produce después de haber sido cesado como CEO . Y es que el pasado 17 de diciembre, fecha en la que se celebró el primer consejo tras la entrada del consorcio vasco y la SEPI en el accionariado, el nuevo consejo de administración cesó a Urquijo y nombró a Rafael Sterling como director general. En esa misma reunión también se acordó el traslado de la sede social de Madrid a Álava.
Es el cuento de nunca acabar. Tras el desembarco de los nuevos dueños, con sus correspondientes nuevos ejecutivos, la nueva Talgo sigue teniendo en la práctica y de fondo el mismo problema que le llevó a ponerse en venta. Según han informado a ABC … fuentes de la nueva propiedad de la compañía, en el seno de Talgo, ya con el consorcio vasco -Sidenor, Gobierno Vasco, Fundación BBK, Fundación Vital- en sus tripas tanto como el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no están tranquilos. Saben que apenas cuentan con un margen de poco más de un año para intentar sacar los grandes pedidos que tienen en espera por valor de cerca de 5.000 millones de euros. ¿La solución? Volver a tentar a potenciales socios pero de carácter industrial, con el ‘know how’ del negocio y, sobre todo, con la infraestructura adecuada que le permita cumplir con todos esos contratos.
Y es que el alto volumen de su cartera de pedidos sigue sin tener el horizonte despejado y, según las mismas fuentes consultadas, se antoja urgente volver a poner toda la carne en el asador. Así, la nueva Talgo, presidida aún por Carlos de Palacio y Oriol, vuelve a tener en su órbita la posibilidad de tantear a aquellas empresas que en su momento mostraron interés por la compañía, como fueron los polacos de Pesa y los indios de Jupiter Wagons, siempre y cuando respeten la españolidad de la empresa.
Precisamente por esa razón de mantener la esencia española del fabricante de trenes, tanto polacos como indios desistieron en sus ofertas el año pasado sobre el paquete accionarial de Trilantic, con el 29,9% antes de la llegada de los nuevos dueños y, ahora, tendrían que conformarse incluso con menos capital, con una participación que no ponga en peligro esa españolidad.
Sanciones millonarias, a las puertas
Y es que el gran problema que flota en el ambiente para el grupo fabricante de trenes es que se sigue enfrentando aún a una millonaria sanción por parte de Renfe por los retrasos en la entrega de las unidades Avril, convoyes que han protagonizado numerosos incidentes en los últimos meses en la operativa de la compañía pública ferroviaria. La sociedad pública Renfe exige a Talgo, que es su principal proveedor, una indemnización de 116 millones de euros por los prejuicios provocados en su negocio durante los meses que no dispuso de las nuevas locomotoras.
Las fuentes explican además que la compañía necesita inevitablemente un compañero de viaje no solo que le ayude a sacar adelante el pedido con Renfe sino también el que mantiene con el operador alemán Deutsche Bahn (DB), por ese gran problema de capacidad industrial que arrastra desde incluso antes del definitivo desembarco del consorcio vasco y la SEPI.
Precisamente, tal y como adelantó ABC, Talgo recibió un importante balón de oxígeno a mediados de diciembre pasado al acordar con DB reducir de 79 a 60 la entrega de los trenes Talgo 230, un pedido que acumula importantes retrasos pese a que se trata del más grande en la historia del fabricante ferroviario, con un valor inicial de unos 1.400 millones de euros.
Ahora bien, a pesar del recorte de producción, Talgo y DB mantienen el contrato marco firmado en 2019 que permite ampliar el pedido hasta 100 trenes, además de añadir un contrato de mantenimiento para revisiones a largo plazo y la recalendarización del proyecto.
El potencial ‘caballero blanco’ tendrá que respetar la esencia española de la compañía de trenes
Recordar que a finales de 2025, los accionistas del fabricante de trenes daban el paso definitivo hacia su medio nacionalización, tras aprobar en junta extraordinaria la entrada en su accionariado del Estado -a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- y del Gobierno vasco -como parte de ese consorcio público-privado liderado por el empresario José Antonio Jainaga, presidente de la siderúrgica Sidenor-. Entonces aprobaban también una ampliación de capital de 45 millones de euros, y una emisión de obligaciones convertibles por valor de 30 millones. Estos bonos devengan un interés fijo anual y, si no se reembolsan, permitirán a la SEPI elevar su participación accionarial en el futuro.
Gracias a dicha ampliación de capital, el organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda ostenta una participación inicial cercana al 7,8% del capital social. Mientras, el consorcio vasco, con Jainaga al frente con el apoyo del Gobierno vasco -a través de Finkatuz, su fondo de inversión-, y de las fundaciones bancarias BBK y Vital, adquirió al fondo inglés Trilantic el 29,8% de Talgo. El grupo vasco deberá aportar otros 75 millones de euros.
En la junta de accionistas extraordinaria del próximo 3 de febrero, se tiene previsto aprobar el nombramiento de los nuevos consejeros. Por parte de la SEPI, será consejero dominical Juan Antonio Sánchez Corchero, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Álava, miembro de la comisión ejecutiva de la Confebask y vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Cepyme y de la junta directiva de CEOE. También se ratificarán en la misma reunión de accionistas a los nuevos consejeros que representan a Sidenor -José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri López-, así como dos independientes -Ricardo Chocarro Melgosa y Aránzazu Estefanía Larrañaga.
Más profesionales de confianza
Falta en cualquier caso que la nueva Talgo siga dando entrada a profesionales de su confianza. La semana pasada, el exconsejero delegado de la compañía, Gonzalo Urquijo, presentaba su carta de dimisión como miembro del consejo del fabricante de trenes, apenas tres semanas antes de la celebración de la próxima junta de accionistas, en la que también estaba previsto su cese de este cargo.
Este movimiento, que fue comunicado el jueves pasado por la noche a la CNMV, se produce después de haber sido cesado como CEO. Y es que el pasado 17 de diciembre, fecha en la que se celebró el primer consejo tras la entrada del consorcio vasco y la SEPI en el accionariado, el nuevo consejo de administración cesó a Urquijo y nombró a Rafael Sterling como director general. En esa misma reunión también se acordó el traslado de la sede social de Madrid a Álava.
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