La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 427 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2025 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. Eso convierte a la Administración autonómica en el segundo principal deudor del conglomerado con un 12% del total de la deuda. Las cuentas de Fresenius, que deben ser auditadas cada año porque es una empresa cotizada, reflejan que el pasivo de Madrid se ha reducido a toda velocidad desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder: de los 1.004 millones con los que se cerró 2019 a los 427 con los que acabó 2025, su nivel más bajo desde que la compañía española forma parte de la alemana (2017) y un 6% menos que el año anterior. El recorte es, por tanto, de 577 millones en siete años. Una cifra que no es neta: Madrid ha podido satisfacer mucho mas dinero por deudas antiguas, mientras generaba otras nuevas, hasta llegar a ese balance.
Las cuentas de 2025 del gigante sanitario reflejan que el gobierno autonómico ha pasado de deber 1.004 millones en 2019, cuando llegó al poder la baronesa, a 427
La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 427 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2025 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. Eso convierte a la Administración autonómica en el segundo principal deudor del conglomerado con un 12% del total de la deuda. Las cuentas de Fresenius, que deben ser auditadas cada año porque es una empresa cotizada, reflejan que el pasivo de Madrid se ha reducido a toda velocidad desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder: de los 1.004 millones con los que se cerró 2019 a los 427 con los que acabó 2025, su nivel más bajo desde que la compañía española forma parte de la alemana (2017) y un 6% menos que el año anterior. El recorte es, por tanto, de 577 millones en siete años. Una cifra que no es neta: Madrid ha podido satisfacer mucho mas dinero por deudas antiguas, mientras generaba otras nuevas, hasta llegar a ese balance.
Quirónsalud gestiona 57 hospitales e ingresa más de 5.000 millones anuales por su actividad en España y Latinoamérica. Cuatro de ellos prestan servicio a los madrileños de su entorno y también a aquellos que hacen uso del sistema de libre elección implantado por el PP en la Comunidad de Madrid. Se trata de la Fundación Jiménez Díaz, en la capital, y de los hospitales de Móstoles, Villalba y Valdemoro. El primero es un hospital titularidad de Quirón, que se rige por un convenio, y los otros tres son hospitales públicos cuya gestión fue cedida a la compañía a través de una concesión pública.
A finales de febrero, el presidente y CEO de Quirónsalud, Víctor Madera, celebró en un correo enviado a sus empleados “unos resultados financieros excelentes para el año 2025″. No era una frase dicha a la ligera: el negocio hospitalario en España facturó en el período octubre-diciembre de 2025 un 11% más que el año anterior, 1.491 millones de euros, gracias a “fuertes niveles de actividad y a unos acuerdos de pago a final de año”, sin precisar la identidad del pagador o pagadores.
Lo que es seguro es que la Comunidad de Madrid aprobó en el último consejo de Gobierno del año, el 23 de diciembre, una serie de abonos a Quirónsalud que ascendieron a casi 500 millones de euros, como parte de sus acuerdos para atender a la población madrileña. Y hay otra cosa clara: es posible apostar a que el ritmo de los pagos se va a mantener en 2026.
Así, por ejemplo, en el consejo de gobierno del 25 de febrero se aprobaron 17,7 millones de euros en pagos atrasados que Madrid debía a Quirón: 10,9 fueron por una sentencia que le daba la razón a la empresa por la demora en la aprobación de liquidaciones y pagos a cuenta de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2021 de la Fundación Jiménez Díaz; y 6,8 se debían a otra decisión judicial correspondiente al reintegro de las cantidades abonadas por IVA facturado y pendiente de reintegro de los ejercicios 2012 al 2014 en el hospital de Móstoles.
La relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón es objeto de una triple polémica. De un lado, por ser ejemplo paradigmático de la colaboración público-privada en sanidad. Del otro, porque el conglomerado recibe cientos de millones del Gobierno de Madrid a través de Quirónsalud, y ha sido, a través de Quirónprevención, el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, investigado judicialmente por sus negocios durante la pandemia, lo que ha puesto bajo los focos su relación con uno de los directivos del grupo. Y, finalmente, por la opacidad de un sistema sujeto a constantes pleitos administrativos y judiciales, lo que ha llevado a que el gobierno de Díaz Ayuso tenga que afrontar deudas generadas en los tiempos en los que, por ejemplo, Cristina Cifuentes estaba en el poder (2015-2018).
Laboratorio
Sin embargo, Fresenius, como empresa cotizada, debe auditar anualmente todas sus cuentas e informar de las conclusiones a sus accionistas. En el caso de las de 2025, la compañía incluye un total de 3.558 millones de euros en el apartado de “provisiones por pérdidas crediticias esperadas”, en el que se recogen aquellas partidas cuyo cobro acumula retrasos o se considera en riesgo. De esa cantidad, el 12% —427 millones— se correspondían a cierre del año pasado a “la autoridad de salud pública de la región de Madrid”.
La deuda de Madrid acompaña al grupo desde 2017, cuando adquirió Quirón. Así, Fresenius anotó entonces que la región le debía 558 millones. En 2017, el dato llegó a 785. Entre 2019 y 2021, superó la barrera de los 1.000 millones, llegando al récord de 1.248 en 2020. En 2022, fue de 701. En 2023, de 918. Y ahora se queda por debajo de los 500, como en 2024.
Los datos reflejan el empeño de la actual administración por recortar deuda en un sistema que la genera constantemente, y la arrastra durante años: de un lado la cifra crece cada año (pues se continúan usando los servicios, o se amplían, como previsiblemente ocurrirá ahora con la concesión de la gestión de un laboratorio) y del otro se intenta reducirla (al aumentar la frecuencia de los pagos).
