Hay reformas que nacen envueltas en un lenguaje impecable. Hablan de transparencia, participación, legitimidad democrática o rendición de cuentas. Todas esas palabras son valiosas. Pero el refrán español dice que «el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones». El documento elaborado por un grupo de trabajo del Banco de España encabezado por la consejera Lucía Rodríguez Muñoz propone una reflexión serena sobre la gobernanza de la institución al hilo del informe que el gobernador Escrivá le encargó a tres expertos externos –Daniel Innerarity, Rosa Lastra y Joaquín Vial– y que se conoció hace un año. No cuestiona el modelo nacido con la Ley de Autonomía de 1994. Al contrario, parte de reconocer que ha funcionado bien durante tres décadas, pero sostiene que el entorno ha cambiado mucho. La integración en el Eurosistema, las nuevas responsabilidades supervisoras, la política macroprudencial y las exigencias de transparencia justifican revisar algunas reglas. Es una aproximación prudente y técnicamente solvente .El verdadero debate, sin embargo, no reside en si conviene introducir más comparecencias parlamentarias ( generalmente mediocres porque el Congreso es como es ) o ampliar el peso del Consejo de Gobierno frente al gobernador ( la independencia no supone presidencialismo interno ). La cuestión decisiva consiste en determinar si esos cambios servirán para fortalecer la independencia de la institución o para facilitar su captura o su bloqueo .La historia institucional española invita al escepticismo, y más desde 2018. Se dirá –y no sin razón– que designar afines es una facultad que han ejercido todos los gobiernos. El argumento merecería respeto si lo que tuviéramos delante fuera una sucesión de nombramientos discutibles. Pero el listón se ha movido. Cuando el Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, ya no hablamos de afinidad: hablamos de una institución concebida para ser imparcial puesta al servicio de la conveniencia de un político –Pedro Sánchez– cuya ambición sin escrúpulos no tiene parangón en esta etapa democrática . Ese es el punto donde la lógica del pacto, que puede degenerar en reparto, se convierte en algo distinto: la ocupación institucional. Casos como el CIS, el Tribunal Constitucional o RTVE, por un lado, o el bloqueo del CGPJ o la financiación autonómica por otro, son resultados emblemáticos de ese intento de ocupación.Noticia relacionada opinion No No AJUSTE DE CUENTAS Marruecos, la fábrica del Estrecho John MüllerLos bancos centrales deberían vivir precisamente de evitar esa deriva. Su autoridad no descansa únicamente en sus competencias jurídicas, sino en la confianza de que sus decisiones responden a criterios técnicos y no a conveniencias coyunturales. Por eso resulta acertado que el informe insista en reforzar la colegialidad, alargar los mandatos y separar con mayor nitidez las funciones de dirección y de control. Son reformas orientadas a reducir la concentración de poder y a mejorar los contrapesos internos, pero no deben ejecutarse ahora y menos con Sánchez en el poder. Todas perderían sentido si el proceso de designación sigue subordinado a la ambición del presidente.La independencia nunca ha significado ausencia de control democrático. Significa algo más difícil: diseñar mecanismos de supervisión que no destruyan aquello que pretenden legitimar . Pero esta España no es la generosa de la Transición, es otra. ● Hay reformas que nacen envueltas en un lenguaje impecable. Hablan de transparencia, participación, legitimidad democrática o rendición de cuentas. Todas esas palabras son valiosas. Pero el refrán español dice que «el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones». El documento elaborado por un grupo de trabajo del Banco de España encabezado por la consejera Lucía Rodríguez Muñoz propone una reflexión serena sobre la gobernanza de la institución al hilo del informe que el gobernador Escrivá le encargó a tres expertos externos –Daniel Innerarity, Rosa Lastra y Joaquín Vial– y que se conoció hace un año. No cuestiona el modelo nacido con la Ley de Autonomía de 1994. Al contrario, parte de reconocer que ha funcionado bien durante tres décadas, pero sostiene que el entorno ha cambiado mucho. La integración en el Eurosistema, las nuevas responsabilidades supervisoras, la política macroprudencial y las exigencias de transparencia justifican revisar algunas reglas. Es una aproximación prudente y técnicamente solvente .El verdadero debate, sin embargo, no reside en si conviene introducir más comparecencias parlamentarias ( generalmente mediocres porque el Congreso es como es ) o ampliar el peso del Consejo de Gobierno frente al gobernador ( la independencia no supone presidencialismo interno ). La cuestión decisiva consiste en determinar si esos cambios servirán para fortalecer la independencia de la institución o para facilitar su captura o su bloqueo .La historia institucional española invita al escepticismo, y más desde 2018. Se dirá –y no sin razón– que designar afines es una facultad que han ejercido todos los gobiernos. El argumento merecería respeto si lo que tuviéramos delante fuera una sucesión de nombramientos discutibles. Pero el listón se ha movido. Cuando el Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, ya no hablamos de afinidad: hablamos de una institución concebida para ser imparcial puesta al servicio de la conveniencia de un político –Pedro Sánchez– cuya ambición sin escrúpulos no tiene parangón en esta etapa democrática . Ese es el punto donde la lógica del pacto, que puede degenerar en reparto, se convierte en algo distinto: la ocupación institucional. Casos como el CIS, el Tribunal Constitucional o RTVE, por un lado, o el bloqueo del CGPJ o la financiación autonómica por otro, son resultados emblemáticos de ese intento de ocupación.Noticia relacionada opinion No No AJUSTE DE CUENTAS Marruecos, la fábrica del Estrecho John MüllerLos bancos centrales deberían vivir precisamente de evitar esa deriva. Su autoridad no descansa únicamente en sus competencias jurídicas, sino en la confianza de que sus decisiones responden a criterios técnicos y no a conveniencias coyunturales. Por eso resulta acertado que el informe insista en reforzar la colegialidad, alargar los mandatos y separar con mayor nitidez las funciones de dirección y de control. Son reformas orientadas a reducir la concentración de poder y a mejorar los contrapesos internos, pero no deben ejecutarse ahora y menos con Sánchez en el poder. Todas perderían sentido si el proceso de designación sigue subordinado a la ambición del presidente.La independencia nunca ha significado ausencia de control democrático. Significa algo más difícil: diseñar mecanismos de supervisión que no destruyan aquello que pretenden legitimar . Pero esta España no es la generosa de la Transición, es otra. ●
Hay reformas que nacen envueltas en un lenguaje impecable. Hablan de transparencia, participación, legitimidad democrática o rendición de cuentas. Todas esas palabras son valiosas. Pero el refrán español dice que «el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones». El documento elaborado por un grupo de trabajo … del Banco de España encabezado por la consejera Lucía Rodríguez Muñoz propone una reflexión serena sobre la gobernanza de la institución al hilo del informe que el gobernador Escrivá le encargó a tres expertos externos –Daniel Innerarity, Rosa Lastra y Joaquín Vial– y que se conoció hace un año. No cuestiona el modelo nacido con la Ley de Autonomía de 1994. Al contrario, parte de reconocer que ha funcionado bien durante tres décadas, pero sostiene que el entorno ha cambiado mucho. La integración en el Eurosistema, las nuevas responsabilidades supervisoras, la política macroprudencial y las exigencias de transparencia justifican revisar algunas reglas. Es una aproximación prudente y técnicamente solvente.
El verdadero debate, sin embargo, no reside en si conviene introducir más comparecencias parlamentarias (generalmente mediocres porque el Congreso es como es) o ampliar el peso del Consejo de Gobierno frente al gobernador (la independencia no supone presidencialismo interno). La cuestión decisiva consiste en determinar si esos cambios servirán para fortalecer la independencia de la institución o para facilitar su captura o su bloqueo.
La historia institucional española invita al escepticismo, y más desde 2018. Se dirá –y no sin razón– que designar afines es una facultad que han ejercido todos los gobiernos. El argumento merecería respeto si lo que tuviéramos delante fuera una sucesión de nombramientos discutibles. Pero el listón se ha movido. Cuando el Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, ya no hablamos de afinidad: hablamos de una institución concebida para ser imparcial puesta al servicio de la conveniencia de un político –Pedro Sánchez– cuya ambición sin escrúpulos no tiene parangón en esta etapa democrática. Ese es el punto donde la lógica del pacto, que puede degenerar en reparto, se convierte en algo distinto: la ocupación institucional. Casos como el CIS, el Tribunal Constitucional o RTVE, por un lado, o el bloqueo del CGPJ o la financiación autonómica por otro, son resultados emblemáticos de ese intento de ocupación.
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Los bancos centrales deberían vivir precisamente de evitar esa deriva. Su autoridad no descansa únicamente en sus competencias jurídicas, sino en la confianza de que sus decisiones responden a criterios técnicos y no a conveniencias coyunturales. Por eso resulta acertado que el informe insista en reforzar la colegialidad, alargar los mandatos y separar con mayor nitidez las funciones de dirección y de control. Son reformas orientadas a reducir la concentración de poder y a mejorar los contrapesos internos, pero no deben ejecutarse ahora y menos con Sánchez en el poder. Todas perderían sentido si el proceso de designación sigue subordinado a la ambición del presidente.
La independencia nunca ha significado ausencia de control democrático. Significa algo más difícil: diseñar mecanismos de supervisión que no destruyan aquello que pretenden legitimar. Pero esta España no es la generosa de la Transición, es otra. ●
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