La Autoridad Metropolitana del Transporte (TMB) prevé poder ampliar el próximo año el pago directo con tarjeta de crédito para acceder a la red de transporte público. La medida, que funciona desde 2022 en los autobuses de Barcelona, permitirá acceder a través de las validadoras de la T-Mobilitat a la red del metro, del ferrocarril y de los autobuses que aún no lo permiten con la adquisición de un billete sencillo, que es de uso personal y no permite cambiar a otros medios de transporte público como si permiten el resto de abonos de transporte.
La medida, ya disponible en los autobuses de TMB, solo servirá para pagar billetes sencillos
La medida, ya disponible en los autobuses de TMB, solo servirá para pagar billetes sencillos


La Autoridad Metropolitana del Transporte (TMB) prevé poder ampliar el próximo año el pago directo con tarjeta de crédito para acceder a la red de transporte público. La medida, que funciona desde 2022 en los autobuses de Barcelona, permitirá acceder a través de las validadoras de la T-Mobilitat a la red del metro, del ferrocarril y de los autobuses que aún no lo permiten con la adquisición de un billete sencillo, que es de uso personal y no permite cambiar a otros medios de transporte público como si permiten el resto de abonos de transporte.
Un comunicado de la ATM asegura que se trata de una fórmula pensada para “usuarios esporádicos, visitantes y turistas” y que su implantación no supondrá ningún cambio más para los viajeros habituales del transporte público en Cataluña. El organismo formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana han sacado a licitación los servicios bancarios y la plataforma d pagos necesarios para implantar el acceso directo, que ya funciona en otras grandes ciudades.
El sistema, indica el comunicado, permitirá comprar y validar un billete sencillo aproximando la tarjeta a las terminales de la T-Mobilitat, si bien la funcionalidad se tendá que ir desarrollando para hacer posible el reconocimiento del uso del transporte en diferentes zonas, lo que supone un coste mayor para el usuario.
El pliego de condiciones establece un plazo máximo de tres meses desde que se formaliza el contrato hasta la ejecución de toda la integración, pruebas y certificaciones necesarias. El progresivo despliegue dependerá de que se complete satifactoriamente todo el proceso, pero se prevé poner en marcha el próximo año.
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