Cuando en 1986 Isabel II le otorgó a su querido hijo Andrés el título de Duque de York , uno de los más prestigiosos del Reino Unido, los cortesanos del entorno de la Casa Real no sabían que con el paso del tiempo ellos mismos acabarían llamándolo «Duke of Hazard», por el peligro que supone para la monarquía.La enorme presión de los acontecimientos pasados y de lo que aún está por llegar relacionado con el caso Epstein ha llevado al Rey a tomar personalmente una decisión extrema, histórica y definitiva . Hace casi un cuarto de siglo desde que Andrés conoció a Virgina Giuffre y en los últimos años el monarca ha tenido que abordar este complejo asunto desde la doble perspectiva personal y constitucional. TE RECOMENDAMOs estandar No El tenista Stéfanos Tsitsipás se queda sin carné de conducir tras una multa estandar No El rapero Pras, miembro de los Fugees, condenado a 14 años de prisión por financiar ilegalmente una campaña electoral de Obama Nacho SerranoComo cabeza de la Familia Real ha contado con el apoyo del heredero, el Príncipe Guillermo, y como Jefe de Estado su decisión ha sido muy bien acogida por el Gobierno de Starmer y por la oposición. No obstante, Carlos III ha realizado una innovación constitucional que podrá tener consecuencias.Cuando el 30 de octubre Buckingham Palace emitió el comunicado de 109 palabras anunciando que «Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, tratamientos y dignidades del Príncipe Andrés», muchos expertos daban por hecho que ese «proceso formal» suponía iniciar un trámite parlamentario . El catedrático de derecho constitucional de University College London, Robert Hazell , una de las autoridades en esta materia, fundador de Constitutional Unit y condecorado por la Reina Isabel por sus servicios en el ámbito del derecho, era uno de ellos y nos confirma para ABC: «Yo pensaba que para quitar los títulos al Príncipe Andrés era necesaria una ley aprobada en el Parlamento, pero ha sido posible a través de una Orden Real (Royal Warrant), instruyendo al Lord Canciller a eliminar a Andrés del registro de la nobleza ». Carlos III seguido de su hermano Andrés gtresComo explica el profesor en sus clases magistrales, muy cerca del poder legislativo y ejecutivo de Londres, «desde la Guerra Civil de mediados del siglo XVII y la Revolución Gloriosa que puso fin a la misma, la monarquía está estrictamente regulada por la ley ».Una orden realEntre los académicos y juristas había un runrún acerca de cómo se realizaría este deseo del Rey. Para David Allen Green , que ha sido abogado del estado, «debido a los cambios constitucionales de 1999-2005, un título nobiliario ya no conlleva el derecho automático a ocupar un escaño en el poder legislativo; por tanto, existe muy poca fuerza legal asociada al título y, en consecuencia, menos impedimentos para que sea retirado por medios distintos a un acto del Parlamento». La alternativa que encontraron el Rey y sus asesores de emitir una Orden Real, que es una prerrogativa que funciona con independencia de la ley, era una forma de no pasar por el Parlamento. Esta ha sido «una hábil solución… nunca subestimes la fuerza residual del poder de la monarquía en el Reino Unido (…). De una forma u otra, la Corona proporciona invariablemente la fuente última de poder y puede conferir efectos jurídicos a toda clase de instrumentos escritos, de los cuales las leyes del Parlamento son solo un ejemplo entre otros: cartas reales, órdenes del Consejo, mandatos reales, proclamaciones reales, cartas patentes y otros similares (…) Una vez que son refrendados por la Corona, adquieren por una suerte de magia constitucional, efecto legal . El problema es que esos poderes reales no están directamente controlados y equilibrados por el Parlamento. Aunque podamos aplaudir y vitorear la inteligente maniobra constitucional del Rey, en general sería preferible que este tipo de asuntos los tratara el Parlamento y no la Corona».Sin contar con el ParlamentoEn relación con esta facultad de Carlos III para despojar personalmente de los títulos a su hermano, el profesor Hazell va más allá y asegura que «los títulos nobiliarios, si bien se otorgan en virtud de la prerrogativa real, únicamente pueden ser retirados mediante legislación ». En este caso «el problema es la falta del proceso debido -due process-». De la misma opinión es el Secretario del Ministerio para la Constitución, Nick Thomas-Symonds, quien aseguraba que «el soberano puede modificar, en virtud de la prerrogativa real, el derecho al uso de títulos y tratamientos tales como príncipe y alteza real. Sin embargo, para retirar un título nobiliario una vez conferido, se requiere un Act of Parliament ». A pesar de la presión política que estaba recibiendo la Corona por parte de algunos diputados para que le quitaran los títulos al hermano del Rey, cinco días antes del anuncio de Buckingham el analista político John Kennedy , que fue ayudante de cámara y secretario privado en la Casa Real, salía al paso de las críticas y afirmaba en ‘The Spectator’ que «los títulos nobiliarios de Andrés, el ducado de York, el condado de Inverness y la baronía de Killyleagh, no pueden ser simplemente retirados (…); si el Parlamento desea legislar tendría que empezar en la Cámara de los Lores y solo allí puede hacerse efectivo el cambio».Medida en tiempos de pazKennedy, en la misma línea que Hazell, recordaba que «el único precedente de revocación es la Ley de Privación de Títulos de 1917 -Titles Deprivation Act-, que permitía a la Corona, con la autoridad del Parlamento, privar de sus títulos a los nobles que hubieran apoyado al enemigo durante la Gran Guerra ». Por lo tanto, a diferencia del procedimiento parlamentario que siguió Jorge V y que permitió retirar los títulos a tres descendientes de la Reina Victoria durante la Primera Guerra Mundial, ahora, en tiempo de paz, la Corona estaba a punto de actuar de manera distinta y novedosa. La gran sorpresa y por tanto el gran paso constitucional de Carlos III consistía en suprimir los títulos de su hermano mediante una Orden Real, que no requiere de tramitación parlamentaria .Harry podría ser el siguienteEl monarca y sus asesores consideraron que este movimiento tenía que realizarse de la manera más rápida y con el menor coste para la institución, pues cualquier proyecto de ley debe pasar por tres etapas distintas en cada Cámara del Parlamento. Era necesario ahorrar un tiempo precioso , no sólo por la creciente presión de los medios, las redes sociales y la opinión pública, que han provocado esta reacción de la Corona, sino también para impedir un debate más amplio sobre la monarquía y también sobre las finanzas reales. En particular por «los misterios que rodean las fuentes de ingresos de Andrés , justo antes de la revisión quinquenal de la subvención soberana». Además, como nos comenta Robert Hazell, «en un momento en que Starmer tiene otras prioridades legislativas, ambos, el Primer Ministro y el Rey, habrán estado muy interesados en evitar una legislación que podría ser objeto de enmiendas hostiles, por ejemplo, las destinadas a privar al Príncipe Harry de sus títulos». Sin embargo, este procedimiento novedoso facilitará despojarle de sus títulos en el futuro ya que «si el Rey puede eliminar a alguien del registro de la nobleza por simple decisión ejecutiva, cualquier noble sometido a una campaña mediática agresiva podría correr la misma suerte». Precisamente la retirada del título de Duque de Sussex a Harry es lo que la prensa reclamaba insistentemente cuando el hermano del futuro Rey inició sus ataques a la monarquía. Con esta innovación constitucional cuando Guillermo sea el soberano podrá retirar sus títulos a Harry de la misma manera que ha procedido Carlos con Andrés, sin necesidad de las garantías que supone un trámite parlamentario, simplemente con una Orden Real. El profesor de derecho de la Universidad de Kent Tom Frost nos comenta para ABC que «es probable que esto ocurra. William ha presionado para que se tomara esta medida y cuando sea Rey podrá establecer que los títulos reales solo puedan ser utilizados por los ‘miembros activos de la realeza’, lo que eliminaría los títulos de Harry».Lo que debe hacerseNadie duda de que se ha dado «un enorme paso en términos constitucionales » como ha dicho alguien tan cercano al monarca como Jonathan Dimbleby , amigo, biógrafo y confidente del Rey; aunque quizás no se refiere a que Carlos III haya evitado al Parlamento. El día después del anuncio de Buckingham, Dimbleby afirmaba en la ‘BBC’ que «hoy el monarca se sentirá en cierta medida aliviado tras haber seguido el proceso constitucional y legal debido, haciéndolo rápido y en contacto con su familia y con ‘number 10’; una decisión personal suya, que no ha tomado de manera impetuosa (…); él considera, él decide que esto es lo que debe hacerse». Carlos III observando unos documentos en la jornada del Royal Maundy Service gtresEl amigo del monarca, que asistió a su coronación, asegura que el Rey «se ha sentido constantemente avergonzado, frustrado y enfadado por la forma en que se ha comportado su hermano» y retirarle los títulos no se había hecho antes porque «el hombre todavía dice que es inocente de cualquier delito». Como se leía en el comunicado de Palacio: «Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra». Esto nos recuerda que Andrés no ha sido juzgado por un tribunal y que Isabel II, supuestamente, abonó diez millones de libras para evitar un proceso judicial contra su hijo .Fuera del control de BuckinghamPrecisamente, a los pocos días del inicio del proceso para retirarle sus títulos y honores -incluido la condición de Príncipe y la mansión donde ha vivido durante más de veinte años, el Royal Lodge en el Great Park de Windsor-, miembros de la Comisión que investiga el caso Epstein en el Congreso de EEUU solicitaban a Andrés Mountbatten-Windsor que contestara preguntas sobre la red de contactos de Epstein. La aprobación esta semana en EEUU de la ley que exige la desclasificación de miles de documentos del caso supone que lo que viene desde el otro lado del Atlántico está ya fuera del control de Buckingham Palace . Como dice Frost «esta medida que ha tomado el Rey es para garantizar que Andrés no fuera financiado directa o indirectamente por los contribuyentes y para intentar distanciarse a sí mismo y a la monarquía de su hermano».El Parlamento de la opinión públicaCarlos, que está al tanto de todo y siempre ha sido un trabajador incansable, tiene un gran interés por la Constitución, como ha mostrado en muchas ocasiones, también desde que accedió al trono. «No sólo le informan sus asesores, sino que él mismo no duda en preguntar a los profesionales para saber si los consejos que recibe de sus cortesanos están en línea con lo que piensan expertos externos», como afirma Valentine Low en ‘Power and the Palace’. Ya sabíamos que cuando escribía cartas a los ministros del gobierno, las llamadas Black Spider Memos, estaba «innovando la Constitución», como dice uno de los pocos sabios en esta materia. Buckingham, al igual que el Gobierno, prefiere la flexibilidad de una Constitución no codificada. Aquellas cartas «formaban parte del proceso de aprendizaje del heredero al trono sobre los asuntos de Estado, o lo que el Príncipe de Gales denominaba «el aprendizaje de las convenciones». Si entonces los académicos se preguntaban hasta donde llegaría su «innovación constitucional», ahora, aunque parezca paradójico, un Rey constitucional del siglo XXI, que continúa caminando en su última etapa vital, ha tenido que optar por la senda del imperativo real para que la monarquía siga contando con la aprobación general. Es el nuevo Parlamento de la opinión pública. Cuando en 1986 Isabel II le otorgó a su querido hijo Andrés el título de Duque de York , uno de los más prestigiosos del Reino Unido, los cortesanos del entorno de la Casa Real no sabían que con el paso del tiempo ellos mismos acabarían llamándolo «Duke of Hazard», por el peligro que supone para la monarquía.La enorme presión de los acontecimientos pasados y de lo que aún está por llegar relacionado con el caso Epstein ha llevado al Rey a tomar personalmente una decisión extrema, histórica y definitiva . Hace casi un cuarto de siglo desde que Andrés conoció a Virgina Giuffre y en los últimos años el monarca ha tenido que abordar este complejo asunto desde la doble perspectiva personal y constitucional. TE RECOMENDAMOs estandar No El tenista Stéfanos Tsitsipás se queda sin carné de conducir tras una multa estandar No El rapero Pras, miembro de los Fugees, condenado a 14 años de prisión por financiar ilegalmente una campaña electoral de Obama Nacho SerranoComo cabeza de la Familia Real ha contado con el apoyo del heredero, el Príncipe Guillermo, y como Jefe de Estado su decisión ha sido muy bien acogida por el Gobierno de Starmer y por la oposición. No obstante, Carlos III ha realizado una innovación constitucional que podrá tener consecuencias.Cuando el 30 de octubre Buckingham Palace emitió el comunicado de 109 palabras anunciando que «Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, tratamientos y dignidades del Príncipe Andrés», muchos expertos daban por hecho que ese «proceso formal» suponía iniciar un trámite parlamentario . El catedrático de derecho constitucional de University College London, Robert Hazell , una de las autoridades en esta materia, fundador de Constitutional Unit y condecorado por la Reina Isabel por sus servicios en el ámbito del derecho, era uno de ellos y nos confirma para ABC: «Yo pensaba que para quitar los títulos al Príncipe Andrés era necesaria una ley aprobada en el Parlamento, pero ha sido posible a través de una Orden Real (Royal Warrant), instruyendo al Lord Canciller a eliminar a Andrés del registro de la nobleza ». Carlos III seguido de su hermano Andrés gtresComo explica el profesor en sus clases magistrales, muy cerca del poder legislativo y ejecutivo de Londres, «desde la Guerra Civil de mediados del siglo XVII y la Revolución Gloriosa que puso fin a la misma, la monarquía está estrictamente regulada por la ley ».Una orden realEntre los académicos y juristas había un runrún acerca de cómo se realizaría este deseo del Rey. Para David Allen Green , que ha sido abogado del estado, «debido a los cambios constitucionales de 1999-2005, un título nobiliario ya no conlleva el derecho automático a ocupar un escaño en el poder legislativo; por tanto, existe muy poca fuerza legal asociada al título y, en consecuencia, menos impedimentos para que sea retirado por medios distintos a un acto del Parlamento». La alternativa que encontraron el Rey y sus asesores de emitir una Orden Real, que es una prerrogativa que funciona con independencia de la ley, era una forma de no pasar por el Parlamento. Esta ha sido «una hábil solución… nunca subestimes la fuerza residual del poder de la monarquía en el Reino Unido (…). De una forma u otra, la Corona proporciona invariablemente la fuente última de poder y puede conferir efectos jurídicos a toda clase de instrumentos escritos, de los cuales las leyes del Parlamento son solo un ejemplo entre otros: cartas reales, órdenes del Consejo, mandatos reales, proclamaciones reales, cartas patentes y otros similares (…) Una vez que son refrendados por la Corona, adquieren por una suerte de magia constitucional, efecto legal . El problema es que esos poderes reales no están directamente controlados y equilibrados por el Parlamento. Aunque podamos aplaudir y vitorear la inteligente maniobra constitucional del Rey, en general sería preferible que este tipo de asuntos los tratara el Parlamento y no la Corona».Sin contar con el ParlamentoEn relación con esta facultad de Carlos III para despojar personalmente de los títulos a su hermano, el profesor Hazell va más allá y asegura que «los títulos nobiliarios, si bien se otorgan en virtud de la prerrogativa real, únicamente pueden ser retirados mediante legislación ». En este caso «el problema es la falta del proceso debido -due process-». De la misma opinión es el Secretario del Ministerio para la Constitución, Nick Thomas-Symonds, quien aseguraba que «el soberano puede modificar, en virtud de la prerrogativa real, el derecho al uso de títulos y tratamientos tales como príncipe y alteza real. Sin embargo, para retirar un título nobiliario una vez conferido, se requiere un Act of Parliament ». A pesar de la presión política que estaba recibiendo la Corona por parte de algunos diputados para que le quitaran los títulos al hermano del Rey, cinco días antes del anuncio de Buckingham el analista político John Kennedy , que fue ayudante de cámara y secretario privado en la Casa Real, salía al paso de las críticas y afirmaba en ‘The Spectator’ que «los títulos nobiliarios de Andrés, el ducado de York, el condado de Inverness y la baronía de Killyleagh, no pueden ser simplemente retirados (…); si el Parlamento desea legislar tendría que empezar en la Cámara de los Lores y solo allí puede hacerse efectivo el cambio».Medida en tiempos de pazKennedy, en la misma línea que Hazell, recordaba que «el único precedente de revocación es la Ley de Privación de Títulos de 1917 -Titles Deprivation Act-, que permitía a la Corona, con la autoridad del Parlamento, privar de sus títulos a los nobles que hubieran apoyado al enemigo durante la Gran Guerra ». Por lo tanto, a diferencia del procedimiento parlamentario que siguió Jorge V y que permitió retirar los títulos a tres descendientes de la Reina Victoria durante la Primera Guerra Mundial, ahora, en tiempo de paz, la Corona estaba a punto de actuar de manera distinta y novedosa. La gran sorpresa y por tanto el gran paso constitucional de Carlos III consistía en suprimir los títulos de su hermano mediante una Orden Real, que no requiere de tramitación parlamentaria .Harry podría ser el siguienteEl monarca y sus asesores consideraron que este movimiento tenía que realizarse de la manera más rápida y con el menor coste para la institución, pues cualquier proyecto de ley debe pasar por tres etapas distintas en cada Cámara del Parlamento. Era necesario ahorrar un tiempo precioso , no sólo por la creciente presión de los medios, las redes sociales y la opinión pública, que han provocado esta reacción de la Corona, sino también para impedir un debate más amplio sobre la monarquía y también sobre las finanzas reales. En particular por «los misterios que rodean las fuentes de ingresos de Andrés , justo antes de la revisión quinquenal de la subvención soberana». Además, como nos comenta Robert Hazell, «en un momento en que Starmer tiene otras prioridades legislativas, ambos, el Primer Ministro y el Rey, habrán estado muy interesados en evitar una legislación que podría ser objeto de enmiendas hostiles, por ejemplo, las destinadas a privar al Príncipe Harry de sus títulos». Sin embargo, este procedimiento novedoso facilitará despojarle de sus títulos en el futuro ya que «si el Rey puede eliminar a alguien del registro de la nobleza por simple decisión ejecutiva, cualquier noble sometido a una campaña mediática agresiva podría correr la misma suerte». Precisamente la retirada del título de Duque de Sussex a Harry es lo que la prensa reclamaba insistentemente cuando el hermano del futuro Rey inició sus ataques a la monarquía. Con esta innovación constitucional cuando Guillermo sea el soberano podrá retirar sus títulos a Harry de la misma manera que ha procedido Carlos con Andrés, sin necesidad de las garantías que supone un trámite parlamentario, simplemente con una Orden Real. El profesor de derecho de la Universidad de Kent Tom Frost nos comenta para ABC que «es probable que esto ocurra. William ha presionado para que se tomara esta medida y cuando sea Rey podrá establecer que los títulos reales solo puedan ser utilizados por los ‘miembros activos de la realeza’, lo que eliminaría los títulos de Harry».Lo que debe hacerseNadie duda de que se ha dado «un enorme paso en términos constitucionales » como ha dicho alguien tan cercano al monarca como Jonathan Dimbleby , amigo, biógrafo y confidente del Rey; aunque quizás no se refiere a que Carlos III haya evitado al Parlamento. El día después del anuncio de Buckingham, Dimbleby afirmaba en la ‘BBC’ que «hoy el monarca se sentirá en cierta medida aliviado tras haber seguido el proceso constitucional y legal debido, haciéndolo rápido y en contacto con su familia y con ‘number 10’; una decisión personal suya, que no ha tomado de manera impetuosa (…); él considera, él decide que esto es lo que debe hacerse». Carlos III observando unos documentos en la jornada del Royal Maundy Service gtresEl amigo del monarca, que asistió a su coronación, asegura que el Rey «se ha sentido constantemente avergonzado, frustrado y enfadado por la forma en que se ha comportado su hermano» y retirarle los títulos no se había hecho antes porque «el hombre todavía dice que es inocente de cualquier delito». Como se leía en el comunicado de Palacio: «Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra». Esto nos recuerda que Andrés no ha sido juzgado por un tribunal y que Isabel II, supuestamente, abonó diez millones de libras para evitar un proceso judicial contra su hijo .Fuera del control de BuckinghamPrecisamente, a los pocos días del inicio del proceso para retirarle sus títulos y honores -incluido la condición de Príncipe y la mansión donde ha vivido durante más de veinte años, el Royal Lodge en el Great Park de Windsor-, miembros de la Comisión que investiga el caso Epstein en el Congreso de EEUU solicitaban a Andrés Mountbatten-Windsor que contestara preguntas sobre la red de contactos de Epstein. La aprobación esta semana en EEUU de la ley que exige la desclasificación de miles de documentos del caso supone que lo que viene desde el otro lado del Atlántico está ya fuera del control de Buckingham Palace . Como dice Frost «esta medida que ha tomado el Rey es para garantizar que Andrés no fuera financiado directa o indirectamente por los contribuyentes y para intentar distanciarse a sí mismo y a la monarquía de su hermano».El Parlamento de la opinión públicaCarlos, que está al tanto de todo y siempre ha sido un trabajador incansable, tiene un gran interés por la Constitución, como ha mostrado en muchas ocasiones, también desde que accedió al trono. «No sólo le informan sus asesores, sino que él mismo no duda en preguntar a los profesionales para saber si los consejos que recibe de sus cortesanos están en línea con lo que piensan expertos externos», como afirma Valentine Low en ‘Power and the Palace’. Ya sabíamos que cuando escribía cartas a los ministros del gobierno, las llamadas Black Spider Memos, estaba «innovando la Constitución», como dice uno de los pocos sabios en esta materia. Buckingham, al igual que el Gobierno, prefiere la flexibilidad de una Constitución no codificada. Aquellas cartas «formaban parte del proceso de aprendizaje del heredero al trono sobre los asuntos de Estado, o lo que el Príncipe de Gales denominaba «el aprendizaje de las convenciones». Si entonces los académicos se preguntaban hasta donde llegaría su «innovación constitucional», ahora, aunque parezca paradójico, un Rey constitucional del siglo XXI, que continúa caminando en su última etapa vital, ha tenido que optar por la senda del imperativo real para que la monarquía siga contando con la aprobación general. Es el nuevo Parlamento de la opinión pública.
Cuando en 1986 Isabel II le otorgó a su querido hijo Andrés el título de Duque de York, uno de los más prestigiosos del Reino Unido, los cortesanos del entorno de la Casa Real no sabían que con el paso del tiempo … ellos mismos acabarían llamándolo «Duke of Hazard», por el peligro que supone para la monarquía.
La enorme presión de los acontecimientos pasados y de lo que aún está por llegar relacionado con el caso Epstein ha llevado al Rey a tomar personalmente una decisión extrema, histórica y definitiva. Hace casi un cuarto de siglo desde que Andrés conoció a Virgina Giuffre y en los últimos años el monarca ha tenido que abordar este complejo asunto desde la doble perspectiva personal y constitucional.
Como cabeza de la Familia Real ha contado con el apoyo del heredero, el Príncipe Guillermo, y como Jefe de Estado su decisión ha sido muy bien acogida por el Gobierno de Starmer y por la oposición. No obstante, Carlos III ha realizado una innovación constitucional que podrá tener consecuencias.
Cuando el 30 de octubre Buckingham Palace emitió el comunicado de 109 palabras anunciando que «Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, tratamientos y dignidades del Príncipe Andrés», muchos expertos daban por hecho que ese «proceso formal» suponía iniciar un trámite parlamentario.
El catedrático de derecho constitucional de University College London, Robert Hazell, una de las autoridades en esta materia, fundador de Constitutional Unit y condecorado por la Reina Isabel por sus servicios en el ámbito del derecho, era uno de ellos y nos confirma para ABC: «Yo pensaba que para quitar los títulos al Príncipe Andrés era necesaria una ley aprobada en el Parlamento, pero ha sido posible a través de una Orden Real (Royal Warrant), instruyendo al Lord Canciller a eliminar a Andrés del registro de la nobleza».
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Como explica el profesor en sus clases magistrales, muy cerca del poder legislativo y ejecutivo de Londres, «desde la Guerra Civil de mediados del siglo XVII y la Revolución Gloriosa que puso fin a la misma, la monarquía está estrictamente regulada por la ley».
Una orden real
Entre los académicos y juristas había un runrún acerca de cómo se realizaría este deseo del Rey. Para David Allen Green, que ha sido abogado del estado, «debido a los cambios constitucionales de 1999-2005, un título nobiliario ya no conlleva el derecho automático a ocupar un escaño en el poder legislativo; por tanto, existe muy poca fuerza legal asociada al título y, en consecuencia, menos impedimentos para que sea retirado por medios distintos a un acto del Parlamento».
La alternativa que encontraron el Rey y sus asesores de emitir una Orden Real, que es una prerrogativa que funciona con independencia de la ley, era una forma de no pasar por el Parlamento. Esta ha sido «una hábil solución… nunca subestimes la fuerza residual del poder de la monarquía en el Reino Unido (…). De una forma u otra, la Corona proporciona invariablemente la fuente última de poder y puede conferir efectos jurídicos a toda clase de instrumentos escritos, de los cuales las leyes del Parlamento son solo un ejemplo entre otros: cartas reales, órdenes del Consejo, mandatos reales, proclamaciones reales, cartas patentes y otros similares (…) Una vez que son refrendados por la Corona, adquieren por una suerte de magia constitucional, efecto legal. El problema es que esos poderes reales no están directamente controlados y equilibrados por el Parlamento. Aunque podamos aplaudir y vitorear la inteligente maniobra constitucional del Rey, en general sería preferible que este tipo de asuntos los tratara el Parlamento y no la Corona».
Sin contar con el Parlamento
En relación con esta facultad de Carlos III para despojar personalmente de los títulos a su hermano, el profesor Hazell va más allá y asegura que «los títulos nobiliarios, si bien se otorgan en virtud de la prerrogativa real, únicamente pueden ser retirados mediante legislación».
En este caso «el problema es la falta del proceso debido -due process-». De la misma opinión es el Secretario del Ministerio para la Constitución, Nick Thomas-Symonds, quien aseguraba que «el soberano puede modificar, en virtud de la prerrogativa real, el derecho al uso de títulos y tratamientos tales como príncipe y alteza real. Sin embargo, para retirar un título nobiliario una vez conferido, se requiere un Act of Parliament».
A pesar de la presión política que estaba recibiendo la Corona por parte de algunos diputados para que le quitaran los títulos al hermano del Rey, cinco días antes del anuncio de Buckingham el analista político John Kennedy, que fue ayudante de cámara y secretario privado en la Casa Real, salía al paso de las críticas y afirmaba en ‘The Spectator’ que «los títulos nobiliarios de Andrés, el ducado de York, el condado de Inverness y la baronía de Killyleagh, no pueden ser simplemente retirados (…); si el Parlamento desea legislar tendría que empezar en la Cámara de los Lores y solo allí puede hacerse efectivo el cambio».
Medida en tiempos de paz
Kennedy, en la misma línea que Hazell, recordaba que «el único precedente de revocación es la Ley de Privación de Títulos de 1917 -Titles Deprivation Act-, que permitía a la Corona, con la autoridad del Parlamento, privar de sus títulos a los nobles que hubieran apoyado al enemigo durante la Gran Guerra». Por lo tanto, a diferencia del procedimiento parlamentario que siguió Jorge V y que permitió retirar los títulos a tres descendientes de la Reina Victoria durante la Primera Guerra Mundial, ahora, en tiempo de paz, la Corona estaba a punto de actuar de manera distinta y novedosa. La gran sorpresa y por tanto el gran paso constitucional de Carlos III consistía en suprimir los títulos de su hermano mediante una Orden Real, que no requiere de tramitación parlamentaria.
Harry podría ser el siguiente
El monarca y sus asesores consideraron que este movimiento tenía que realizarse de la manera más rápida y con el menor coste para la institución, pues cualquier proyecto de ley debe pasar por tres etapas distintas en cada Cámara del Parlamento. Era necesario ahorrar un tiempo precioso, no sólo por la creciente presión de los medios, las redes sociales y la opinión pública, que han provocado esta reacción de la Corona, sino también para impedir un debate más amplio sobre la monarquía y también sobre las finanzas reales.
En particular por «los misterios que rodean las fuentes de ingresos de Andrés, justo antes de la revisión quinquenal de la subvención soberana». Además, como nos comenta Robert Hazell, «en un momento en que Starmer tiene otras prioridades legislativas, ambos, el Primer Ministro y el Rey, habrán estado muy interesados en evitar una legislación que podría ser objeto de enmiendas hostiles, por ejemplo, las destinadas a privar al Príncipe Harry de sus títulos». Sin embargo, este procedimiento novedoso facilitará despojarle de sus títulos en el futuro ya que «si el Rey puede eliminar a alguien del registro de la nobleza por simple decisión ejecutiva, cualquier noble sometido a una campaña mediática agresiva podría correr la misma suerte».
Precisamente la retirada del título de Duque de Sussex a Harry es lo que la prensa reclamaba insistentemente cuando el hermano del futuro Rey inició sus ataques a la monarquía. Con esta innovación constitucional cuando Guillermo sea el soberano podrá retirar sus títulos a Harry de la misma manera que ha procedido Carlos con Andrés, sin necesidad de las garantías que supone un trámite parlamentario, simplemente con una Orden Real. El profesor de derecho de la Universidad de Kent Tom Frost nos comenta para ABC que «es probable que esto ocurra. William ha presionado para que se tomara esta medida y cuando sea Rey podrá establecer que los títulos reales solo puedan ser utilizados por los ‘miembros activos de la realeza’, lo que eliminaría los títulos de Harry».
Lo que debe hacerse
Nadie duda de que se ha dado «un enorme paso en términos constitucionales» como ha dicho alguien tan cercano al monarca como Jonathan Dimbleby, amigo, biógrafo y confidente del Rey; aunque quizás no se refiere a que Carlos III haya evitado al Parlamento. El día después del anuncio de Buckingham, Dimbleby afirmaba en la ‘BBC’ que «hoy el monarca se sentirá en cierta medida aliviado tras haber seguido el proceso constitucional y legal debido, haciéndolo rápido y en contacto con su familia y con ‘number 10’; una decisión personal suya, que no ha tomado de manera impetuosa (…); él considera, él decide que esto es lo que debe hacerse».
gtres
El amigo del monarca, que asistió a su coronación, asegura que el Rey «se ha sentido constantemente avergonzado, frustrado y enfadado por la forma en que se ha comportado su hermano» y retirarle los títulos no se había hecho antes porque «el hombre todavía dice que es inocente de cualquier delito». Como se leía en el comunicado de Palacio: «Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra». Esto nos recuerda que Andrés no ha sido juzgado por un tribunal y que Isabel II, supuestamente, abonó diez millones de libras para evitar un proceso judicial contra su hijo.
Fuera del control de Buckingham
Precisamente, a los pocos días del inicio del proceso para retirarle sus títulos y honores -incluido la condición de Príncipe y la mansión donde ha vivido durante más de veinte años, el Royal Lodge en el Great Park de Windsor-, miembros de la Comisión que investiga el caso Epstein en el Congreso de EEUU solicitaban a Andrés Mountbatten-Windsor que contestara preguntas sobre la red de contactos de Epstein. La aprobación esta semana en EEUU de la ley que exige la desclasificación de miles de documentos del caso supone que lo que viene desde el otro lado del Atlántico está ya fuera del control de Buckingham Palace. Como dice Frost «esta medida que ha tomado el Rey es para garantizar que Andrés no fuera financiado directa o indirectamente por los contribuyentes y para intentar distanciarse a sí mismo y a la monarquía de su hermano».
El Parlamento de la opinión pública
Carlos, que está al tanto de todo y siempre ha sido un trabajador incansable, tiene un gran interés por la Constitución, como ha mostrado en muchas ocasiones, también desde que accedió al trono. «No sólo le informan sus asesores, sino que él mismo no duda en preguntar a los profesionales para saber si los consejos que recibe de sus cortesanos están en línea con lo que piensan expertos externos», como afirma Valentine Low en ‘Power and the Palace’.
Ya sabíamos que cuando escribía cartas a los ministros del gobierno, las llamadas Black Spider Memos, estaba «innovando la Constitución», como dice uno de los pocos sabios en esta materia. Buckingham, al igual que el Gobierno, prefiere la flexibilidad de una Constitución no codificada. Aquellas cartas «formaban parte del proceso de aprendizaje del heredero al trono sobre los asuntos de Estado, o lo que el Príncipe de Gales denominaba «el aprendizaje de las convenciones». Si entonces los académicos se preguntaban hasta donde llegaría su «innovación constitucional», ahora, aunque parezca paradójico, un Rey constitucional del siglo XXI, que continúa caminando en su última etapa vital, ha tenido que optar por la senda del imperativo real para que la monarquía siga contando con la aprobación general. Es el nuevo Parlamento de la opinión pública.
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