Las intensas lluvias de hace justo un año permitieron dejar atrás la peor situación de emergencia hídrica que ha vivido Cataluña desde que hay registros, una sequía que duró más de 1.600 días. Pero el alivio de las lluvias, que han llenado los embalses por encima del 90% —llegaron a estar en un 15%—, no ha impedido al Govern sacar una lección importante: no repetir el error de la sequía de 2008, cuando después de las precipitaciones la administración dejó aparcadas las infraestructuras necesarias para evitar una nueva situación de emergencia. El Ejecutivo de Salvador Illa mantiene un plan de inversiones, y este martes ha dado un nuevo paso al aprobar la memoria preliminar del anteproyecto de ley de transición hídrica. El objetivo es que, en caso de entrar de nuevo en una sequía, se pueda garantizar el suministro de agua al añadir hasta 280 hectómetros cúbicos en 2030. El escollo está en los retrasos de algunas obras, en especial las desalinizadoras, que tienen que ser clave en toda la red, pero el Govern confía en que el Ministerio dará el visto bueno en breve.
La Generalitat quiere que el 70% del agua venga de recursos no convencionales en 2030
Las intensas lluvias de hace justo un año permitieron dejar atrás la peor situación de emergencia hídrica que ha vivido Cataluña desde que hay registros, una sequía que duró más de 1.600 días. Pero el alivio de las lluvias, que han llenado los embalses por encima del 90% —llegaron a estar en un 15%—, no ha impedido al Govern sacar una lección importante: no repetir el error de la sequía de 2008, cuando después de las precipitaciones la administración dejó aparcadas las infraestructuras necesarias para evitar una nueva situación de emergencia. El Ejecutivo de Salvador Illa mantiene un plan de inversiones, y este martes ha dado un nuevo paso al aprobar la memoria preliminar del anteproyecto de ley de transición hídrica. El objetivo es que, en caso de entrar de nuevo en una sequía, se pueda garantizar el suministro de agua al añadir hasta 280 hectómetros cúbicos en 2030. El escollo está en los retrasos de algunas obras, en especial las desalinizadoras, que tienen que ser clave en toda la red, pero el Govern confía en que el Ministerio dará el visto bueno en breve.
La aprobación de la memoria es el pistoletazo de salida de la parte legislativa de la hoja de ruta que Salvador Illa se marcó para dar un vuelco a las necesidades hídricas de Cataluña. La intención del Govern es que la memoria, que se podrá consultar durante dos meses en un periodo de consulta pública previa, sirva para ir construyendo la ley con aportaciones de todos los actores implicados, para aprobarla antes de terminar esta legislatura. “La ley tiene que significar un cambio de modelo en la gestión del agua, para tener capacidad de anticipación. Tiene que ser una ley con una mirada integral del ciclo del agua, que dé un marco legislativo sólido”, ha explicado la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
Pero la futura ley tiene como origen un plan de actuación que se remonta un tiempo atrás. Solo tomar posesión en verano de 2024, en la segunda reunión del Consell Executiu, el Govern de Illa ya abordó la situación de emergencia que vivía el territorio a causa de la sequía. En aquel momento el gobierno socialista actualizó el plan que ya había dibujado el anterior Ejecutivo, de Pere Aragonès, y anunció una inversión total de 2.300 millones de euros hasta 2030. Este plan de actuaciones, que incluye una serie de obras e inversiones, tenía el objetivo de incrementar los recursos hídricos, y para conseguirlo, buena parte de esta nueva agua tiene que provenir de recursos no convencionales, para reducir la dependencia de los pantanos. La meta era que este tipo de agua, en caso de emergencia, pudiese pasar de representar el 30% actual al 70% en 2027, un plazo que la memoria ahora sitúa en 2030.
Para lograr, en cinco años, que la red tenga 280 hectómetros cúbicos de agua más, son necesarias varias vías. La ley prevé todo el marco legal y administrativo, así como infraestructuras que ya están planificadas y nuevos proyectos tanto a nivel autonómico como municipal. Más allá de medidas para buscar la eficiencia, evitar pérdidas de agua o recuperar los acuíferos y los pozos, el plan de actuaciones gira sobre todo alrededor de dos grandes pilares: la desalación y la reutilización de agua.
En el ámbito de la desalación, el plan prevé llevar a cabo las infraestructuras ya previstas, con la ampliación en 60 hectómetros cúbicos de la desalinizadora de la Tordera (290 millones de euros); la construcción de la desalinizadora La Muga, de 15 hectómetros cúbicos, en la Costa Brava (200 millones de euros); y la construcción de la desalinizadora Foix, de 30 hectómetros cúbicos (300 millones de euros). Estas infraestructuras ya llevan retraso (la de Tordera debería estar lista en 2029, según los primeros planes, y se aplaza a 2030 el momento en que empezará a funcionar en pruebas, mientras que Foix está prevista para 2030 y Muga para 2032) y siguen dependiendo de la firma del Gobierno español, aunque el Govern confía en que se desencalle pronto. Con todo, lo positivo es que estas obras no dependen de los presupuestos centrales ni autonómicos, ya que son inversiones financiadas por el Banco Europeo de Inversiones, que se recuperarán a través de la tarifa de Aigües Ter Llobregat.
En cuanto a la reutilización del agua, el plan quiere replicar en el río Besòs lo que ya se hizo en el río Llobregat, con dos plantas potabilizadoras en el Besòs, a partir de las cuales se devolverá el agua al río para ser reutilizada, con una estación de regeneración. El objetivo es que en 2040 el sistema sea capaz de reutilizar 245 hectómetros cúbicos. El departamento no tiene sobre la mesa la interconexión de los dos sistemas, y señala que es uno de los temas que se pueden estudiar durante el desarrollo de la ley.
Otro punto en el que queda camino por hacer es en las obras en los municipios para reparar cañerías o mejorar la eficiencia. De los 827 expedientes de subvención que tiene el Govern con las entidades locales, solo el 10,16% están ya finalizados, mientras que el 20,56% están en ejecución. Más de un 40% de los proyectos están en fase de redacción, aprobación o licitación, y del resto no se tienen datos. La consejera Paneque ha explicado que ya se dio una prórroga a los Ayuntamientos para presentar proyectos, “porque muchos de los Ayuntamientos tienen capacidad limitada”, pero confía en que no sea necesaria una nueva prórroga.
