China ha ejecutado a 11 personas acusadas de formar parte de bandas criminales asentadas en el norte de Myanmar. Entre ellas figuran varios “miembros clave” de operaciones de fraude en telecomunicaciones, según las autoridades de Pekín. Los ejecutados fueron declarados culpables y condenados a muerte en septiembre por un tribunal de Wenzhou, en el oeste del país, según ha informado la agencia oficial Xinhua. Las sentencias fueron ratificadas por el Tribunal Popular Supremo y las ejecuciones se han llevado a cabo este jueves.
La medida se enmarca en la ofensiva de Pekín contra las redes de fraude digital que operan en el sudeste asiático
China ha ejecutado a 11 personas acusadas de formar parte de bandas criminales asentadas en el norte de Myanmar. Entre ellas figuran varios “miembros clave” de operaciones de fraude en telecomunicaciones, según las autoridades de Pekín. Los ejecutados fueron declarados culpables y condenados a muerte en septiembre por un tribunal de Wenzhou, en el oeste del país, según ha informado la agencia oficial Xinhua. Las sentencias fueron ratificadas por el Tribunal Popular Supremo y las ejecuciones se han llevado a cabo este jueves.
Entre los sentenciados había miembros del “grupo criminal de la familia Ming”, que fueron condenados a muerte por “los delitos de homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y organización de juegos de azar”, entre otros. Los tribunales consideraron que los delitos cometidos eran de “extrema gravedad” y que habían causado un daño social especialmente grave, según el fallo recogido por los medios estatales.
El episodio es una nueva muestra de la respuesta inflexible que China está dando a un grave problema de seguridad que se ha ido extendiendo en sus fronteras meridionales con Myanmar y Camboya, donde operan auténticos enclaves criminales sostenidos por un cruel sistema de centros de trabajo forzados. En ellos, personas retenidas contra su voluntad, en condiciones de esclavitud, son obligadas a contactar con usuarios de redes sociales de todo el planeta para estafarles, convenciéndoles de que realicen inversiones inexistentes en bitcoins y productos similares.
Pekín ha intensificado en los últimos años la cooperación policial y judicial con países del sudeste asiático como Tailandia, Camboya y Myanmar para desmantelar estos entramados, una estrategia que ha permitido la repatriación de decenas de miles de sospechosos. Solo desde la localidad fronteriza de Myawaddy, en el sudeste de Myanmar, más de 7.600 ciudadanos chinos vinculados a fraudes en línea y juegos de azar ilegales fueron devueltos a China el año pasado, según datos del Ministerio de Seguridad Pública.
A principios de enero, en otro golpe contra estas mafias, fue detenido en Camboya y extraditado a Pekín Chen Zhi, presunto capo de origen chino de un “imperio de la ciberestafa”, según la denominación de la justicia estadounidense, que también lo tenía en su radar. Washington sostiene que el conglomerado que presidía servía como tapadera para una red de estafas digitales valorada en miles de millones de dólares.
El último golpe coincide también con la creciente presión internacional para poner coto a esta cruel maquinaria, sostenida mediante un sistema de semiesclavitud trasnacional del siglo XXI.
En el caso de los ejecutados en China, la justicia de la República Popular determinó que el grupo criminal de la familia Ming, encabezado por Ming Guoping, Ming Zhenzhen y otros miembros de la familia, estableció múltiples complejos en Laojie, Shiyuanzi y Qing Shuihe, entre otras zonas de Kokang (Myanmar), atrayendo a varios “financiadores” —entre ellos, Wu Hongming, Luo Jianzhang y Jiang Ji— para que se instalaran en dichos complejos y proporcionaran protección armada.
El objetivo era llevar a cabo delitos como fraude en telecomunicaciones y en internet y la organización de juegos de azar, según informan los medios estatales chinos. Los fondos implicados en actividades de fraude y juego superaron los 10.000 millones de yuanes (unos 1.300 millones de euros).
Esta mafia, además, actuó presuntamente en connivencia con el grupo dedicado al fraude en telecomunicaciones encabezado por Wu Hongming y otros miembros, y cometió homicidios intencionales, agresiones graves y detenciones ilegales para controlar las operaciones y castigar a personas implicadas en estafas, lo que causó la muerte de 14 ciudadanos chinos y heridas a varias personas más.
Numerosos testimonios recabados en los últimos años de personas atrapadas en estos complejos describen cómo han sido atraídos a estos centros, donde son retenidos contra su voluntad y forzados a meterse en los engranajes del timo electrónico para comprar su libertad. En estos complejos sufren todo tipo de abusos por parte de sus captores para asegurarse de que cumplen con la rutina diaria: son obligados a abrir decenas de perfiles falsos en redes sociales que usan para contactar con usuarios desprevenidos de todo el mundo, establecer una relación de confianza y tratar de convencerles de que realicen inversiones inexistentes.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU calculaba en 2023 que solo en Myanmar podría haber hasta 120.000 víctimas retenidas, y otras 100.000 en Camboya. Conforman el eslabón más débil de una gigantesca red criminal transnacional con capacidad de actuar en todos los rincones del globo. Son esas personas que hay detrás de los típicos mensajes que a veces llegan por WhatsApp o Instagram y que empiezan con un simple “Hello”.
“Muchas veces pensé que no saldría”, relataba el año pasado a este diario Xu Bochun, un ciudadano chino que pasó tres meses de 2023 encerrado en un edificio en Myanmar, al servicio de uno de estos sindicatos chinos del crimen digital. Manejaba 20 perfiles falsos de Instagram de forma simultánea y era obligado a enviar al menos 300 saludos diarios, con el fin de estafarlos.
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