El auto del juez Hurtado que propone juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, construye su relato acusatorio a partir de muchas suposiciones y escasos hechos probados; que apuntala con los testimonios que avalan su versión, mientras desecha los que la contradicen.
El juez atribuye a La Moncloa la intención de “usar políticamente” el correo de González Amador contra la presidenta de Madrid
El auto del juez Hurtado que propone juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, construye su relato acusatorio a partir de muchas suposiciones y escasos hechos probados; que apuntala con los testimonios que avalan su versión, mientras desecha los que la contradicen.
Estos son algunos los apartados más relevantes de un auto de 51 páginas:
Periodista perjuro. La acusación contra García Ortiz se sustenta sobre la presunción de que el fiscal general del Estado, tras reclamar el correo electrónico en el que la pareja de la presidenta madrileña reconocía haber cometido dos delitos fiscales, acabó “facilitándolo a un medio, la Cadena SER, para que le diera publicidad”. Sin embargo, esta afirmación tropieza con un obstáculo notable: sin revelar sus fuentes, el periodista que adelantó la noticia, Miguel Ángel Campos, ofreció una detallada explicación de cómo tuvo acceso al email antes de que llegara a manos de García Ortiz y “negó [ante el juez] que se lo hubiese proporcionado el fiscal general del Estado”. Para sortear este escollo, Hurtado niega credibilidad a la declaración del testigo y sugiere que este mintió “posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger la fuente de información”. El juez parece ignorar que el secreto profesional de los periodistas les obliga a no declarar sobre sus fuentes, en ningún caso a dar falso testimonio. Es decir, le bastaba con ampararse en el secreto profesional para no declarar.
Filtraciones delictivas e inocuas. El testimonio del reportero de la Cadena SER no es el único que el juez orilla. También pasa por alto el de los cuatro periodistas de EL PAÍS que declararon que, antes de que lo conociera García Ortiz, ya tuvieron noticia de que González Amador negociaba con la Fiscalía un pacto de conformidad en el que reconocía sus delitos fiscales. El auto no los acusa de mentir. Se limita a señalar que “lo determinante, [para el supuesto delito de revelación de secretos que imputa al fiscal, es la filtración de] el contenido sensible y reservado de datos personales que contiene el correo del 2 de febrero de 2024”, que la Cadena SER reveló parcialmente en antena a las 23.25 del 13 de marzo de 2024 y 26 minutos más tarde en la web. En cambio, el juez niega trascendencia al correo filtrado por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al diario El Mundo, para que difundiera a las 21.29 del mismo día la falsa noticia de que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto. El juez alega que, como esta filtración se hizo con permiso del presunto defraudador, no se vulneró su intimidad.
Desfase horario. La atribución a García Ortiz de la autoría de la filtración a la Cadena SER adolece de un desfase horario, ya que Campos disponía del polémico correo antes de que, a las 23.43 horas, el fiscal general del Estado reclamase a la fiscal jefe de Madrid que le remitiese todos los emails “para cerrar el círculo” y elaborar la nota de prensa que se difundiría a la mañana siguiente. Sin embargo, el juez alega que el correo que García Ortiz reclamó cerca de la medianoche no era el del 2 de febrero, sino otro, y que el mail clave lo recibió a las 21.59, por lo que pudo filtrarlo a la Cadena SER, incluso antes de disponer él mismo de toda la información.
Credibilidad de la pareja de Ayuso. Mientras el juez niega todo crédito a los periodistas, no cuestiona, en cambio, la versión de González Amador y de su letrado. Incluso admite como hecho probado que este último envió al fiscal el correo en el que asumía los dos delitos fiscales de su cliente “sin conocimiento” del mismo, pese a que este no haya prescindido todavía de sus servicios. El juez ni siquiera contempla la hipótesis de que la filtración del correo enviado por González Amador al fiscal fuera obra del primero, quien ya había autorizado filtrar la respuesta que él recibió. Hasta tal punto resta importancia al detonante del caso, el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez, que no lo menciona en todo el auto, aunque declaró como testigo.
Borrado del móvil del fiscal. El borrado de la memoria del móvil de García Ortiz, que este atribuyó a razones de seguridad, sirve al juez para especular con que, de no haberse producido, “podría haber permitido acceder a una información presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer”; lo que supone acusar implícitamente al fiscal de haber destruido pruebas o faltar a su deber de colaboración con la Justicia.
Uso político de La Moncloa. El juez atribuye también a la Presidencia del Gobierno “la finalidad de usar políticamente [el correo en el que González Amador asumía sus delitos fiscales] frente a la pareja del titular de estos datos personales y secretos, la presidenta de la Comunidad de Madrid”: lo que deduce del hecho de Pilar Sánchez Acera, mano derecha del director del Gabinete del presidente, se lo enviara al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Juan Lobato, con instrucciones de utilizarlo en el próximo pleno. El auto asegura que “desde la Fiscalía General del Estado se envió copia” del correo a Presidencia del Gobierno, aunque no aporta pruebas que avalen esta afirmación y Sánchez Acera lo negó.
Nota de prensa. Aunque el Supremo descartó que se investigase la nota de prensa que difundió el 14 de marzo la Fiscalía negando que hubiera ofrecido un pacto a González Amador, el auto alude extensamente a ella y la reproduce textualmente, asegurando que “forma una misma unidad de acto” con la filtración del correo del 2 de febrero. El juez señala que la fiscal Pilar Rodríguez entregó a García Ortiz los correos sobre este caso, conocedora de que servirían para elaborar la nota con la que desmentir a El Mundo, por lo que saldrían “del marco de confidencialidad y reserva para el que fueron concebidos” y, aunque no la redactó, dio el visto bueno al borrador. El auto subraya que García Ortiz le pidió que enviara a su email particular y no al oficial los correos cruzados entre el fiscal y el abogado de la pareja de Ayuso. Para afianzar su acusación, el juez se hace eco de la sospecha de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid. “¿Para qué les mandas los correos? Los van a filtrar”, le dijo a su compañera Pilar Rodríguez, según declaró aquella al ser citada como testigo.
