El Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 ha exigido a cinco portales de alojamientos turísticos que retiren más de un centenar de anuncios ubicados en territorio palestino ocupado por Israel . En concreto, se trata de 141 ofertas detectadas durante una investigación del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.En un primer requerimiento, el Ministerio ha informado a las empresas de haber encontrado «contenido ilícito en sus plataformas», haciendo referencia a los anuncios ubicados en algunas de las localidades de más de 200 códigos postales que la Agencia Tributaria ha recogido en una lista con el objetivo de delimitar las zonas en las que está prohibido comercializar con bienes con origen en asentamientos israelíes. Desde el Gobierno han instado a las plataformas a retirar las ofertas en cuestión sin dejar claras las consecuencias de no hacerlo, limitándose a advertir a las empresas de que si no eliminan los anuncios en España «podrían enfrentarse a posteriores actuaciones» por parte de Consumo. Fuentes del Ministerio han declarado en declaraciones a ABC que les consta que alguno de los portales ya ha empezado a eliminar la publicidad investigada.La exigencia de Consumo se apoya en el Real Decreto-ley aprobado el pasado mes de septiembre con el objetivo de «aliviar» el sufrimiento de la población palestina, en concreto en el artículo cuatro del texto, que prohíbe «la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en territorio ocupado», así como los servicios prestados en esos territorios.Ya en diciembre de 2025, el Ministerio dirigido por Bustinduy hizo uso de esta norma para exigir a siete empresas que retirasen 138 ofertas de alojamientos turísticos en zonas ocupadas por Israel. Poco más de un mes después, más de un centenar de los anuncios, correspondientes a seis de las siete plataformas investigadas, ya habían sido retirados.La ley mencionada con anterioridad recoge una serie de «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza», entre las que se encuentran la prohibición de transferencia de material de defensa (con una excepción en el caso de que la sanción «suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales»), la importación de productos israelíes y la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante en Congreso cada trimestre para informar sobre todo lo relativo a lo aprobado en el decreto.La investigación de Consumo surge a partir de un informe de Naciones Unidas en la que el Alto Comisionado apunta directamente al sector inmobiliario. En el documento, la ONU comparte una base de datos de empresas vinculadas a la ocupación israelí en los territorios palestinos, en la que se incluye explícitamente a multinacionales como Airbnb, Booking y TripAdvisor, y asegura que existen motivos razonables para considerar que su actividad apoya el mantenimiento y la existencia de los asentamientos. El Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 ha exigido a cinco portales de alojamientos turísticos que retiren más de un centenar de anuncios ubicados en territorio palestino ocupado por Israel . En concreto, se trata de 141 ofertas detectadas durante una investigación del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.En un primer requerimiento, el Ministerio ha informado a las empresas de haber encontrado «contenido ilícito en sus plataformas», haciendo referencia a los anuncios ubicados en algunas de las localidades de más de 200 códigos postales que la Agencia Tributaria ha recogido en una lista con el objetivo de delimitar las zonas en las que está prohibido comercializar con bienes con origen en asentamientos israelíes. Desde el Gobierno han instado a las plataformas a retirar las ofertas en cuestión sin dejar claras las consecuencias de no hacerlo, limitándose a advertir a las empresas de que si no eliminan los anuncios en España «podrían enfrentarse a posteriores actuaciones» por parte de Consumo. Fuentes del Ministerio han declarado en declaraciones a ABC que les consta que alguno de los portales ya ha empezado a eliminar la publicidad investigada.La exigencia de Consumo se apoya en el Real Decreto-ley aprobado el pasado mes de septiembre con el objetivo de «aliviar» el sufrimiento de la población palestina, en concreto en el artículo cuatro del texto, que prohíbe «la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en territorio ocupado», así como los servicios prestados en esos territorios.Ya en diciembre de 2025, el Ministerio dirigido por Bustinduy hizo uso de esta norma para exigir a siete empresas que retirasen 138 ofertas de alojamientos turísticos en zonas ocupadas por Israel. Poco más de un mes después, más de un centenar de los anuncios, correspondientes a seis de las siete plataformas investigadas, ya habían sido retirados.La ley mencionada con anterioridad recoge una serie de «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza», entre las que se encuentran la prohibición de transferencia de material de defensa (con una excepción en el caso de que la sanción «suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales»), la importación de productos israelíes y la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante en Congreso cada trimestre para informar sobre todo lo relativo a lo aprobado en el decreto.La investigación de Consumo surge a partir de un informe de Naciones Unidas en la que el Alto Comisionado apunta directamente al sector inmobiliario. En el documento, la ONU comparte una base de datos de empresas vinculadas a la ocupación israelí en los territorios palestinos, en la que se incluye explícitamente a multinacionales como Airbnb, Booking y TripAdvisor, y asegura que existen motivos razonables para considerar que su actividad apoya el mantenimiento y la existencia de los asentamientos.
El Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 ha exigido a cinco portales de alojamientos turísticos que retiren más de un centenar de anuncios ubicados en territorio palestino ocupado por Israel. En concreto, se trata de 141 ofertas detectadas durante una investigación del … departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
En un primer requerimiento, el Ministerio ha informado a las empresas de haber encontrado «contenido ilícito en sus plataformas», haciendo referencia a los anuncios ubicados en algunas de las localidades de más de 200 códigos postales que la Agencia Tributaria ha recogido en una lista con el objetivo de delimitar las zonas en las que está prohibido comercializar con bienes con origen en asentamientos israelíes.
Desde el Gobierno han instado a las plataformas a retirar las ofertas en cuestión sin dejar claras las consecuencias de no hacerlo, limitándose a advertir a las empresas de que si no eliminan los anuncios en España «podrían enfrentarse a posteriores actuaciones» por parte de Consumo. Fuentes del Ministerio han declarado en conversaciones a ABC que les consta que alguno de los portales ya ha empezado a eliminar la publicidad investigada.
La exigencia de Consumo se apoya en el Real Decreto-ley aprobado el pasado mes de septiembre con el objetivo de «aliviar» el sufrimiento de la población palestina, en concreto en el artículo cuatro del texto, que prohíbe «la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en territorio ocupado», así como los servicios prestados en esos territorios.
Ya en diciembre de 2025, el Ministerio dirigido por Bustinduy hizo uso de esta norma para exigir a siete empresas que retirasen 138 ofertas de alojamientos turísticos en zonas ocupadas por Israel. Poco más de un mes después, más de un centenar de los anuncios, correspondientes a seis de las siete plataformas investigadas, ya habían sido retirados.
La ley mencionada con anterioridad recoge una serie de «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza», entre las que se encuentran la prohibición de transferencia de material de defensa (con una excepción en el caso de que la sanción «suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales»), la importación de productos israelíes y la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante en Congreso cada trimestre para informar sobre todo lo relativo a lo aprobado en el decreto.
La investigación de Consumo surge a partir de un informe de Naciones Unidas en la que el Alto Comisionado apunta directamente al sector inmobiliario. En el documento, la ONU comparte una base de datos de empresas vinculadas a la ocupación israelí en los territorios palestinos, en la que se incluye explícitamente a multinacionales como Airbnb, Booking y TripAdvisor, y asegura que existen motivos razonables para considerar que su actividad apoya el mantenimiento y la existencia de los asentamientos.
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