El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pide a los fondos de inversión y compañías inmobiliarias que informen a los inquilinos de su derecho a pedir la prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler ante la posibilidad de que el decreto de congelación de arrendamientos pueda caer en el Congreso de los Diputados a finales del mes de abril. Así lo hace constar en el escrito que la oficina dependiente de Pablo Bustinduy envió ayer a 13 empresas del sector, en la que además se adjunta un modelo de solicitud de congelación del alquiler para que sean ellas mismas las que se lo faciliten a sus arrendatarios, «en aras de que, si lo desean, puedan ejercer los derechos recogidos por la norma», según se plasma en la misiva que publica hoy este periódico (ver foto abajo).En la carta, Consumo pide la «máxima diligencia» a las empresas para «asegurar la correcta aplicación de las medidas», y la «adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato». Y por ello adjunta el modelo de solicitud anteriormente en vistas a que lo puedan enviar «a los arrendatarios con los que que hayan formalizado contratos de arrendamiento de vivienda habitual, o hayan intermediado a tal efecto», antes de concluir la misiva «agradeciendo de antemano su colaboración».Noticia relacionada general No No El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio ABCSegún Consumo, la carta ha sido remitida a 13 empresas inmobiliarias que suman 100.000 alquileres que caducan entre este año y el próximo (en el caso de estas entidades los contratos firmados tienen una duración de 7 años por los 5 cuando el propietario es una persona física) y en la misma se les recuerda todos los detalles del decreto. En este sentido, se insiste en que los inquilinos podrán renovar de forma «extraordinaria» su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este, por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato este vigente a la fecha de entrada en vigor de la norma; esto es, el 22 de marzo de 2026, y el periodo de prórroga obligatoria o tácita regulado en los artículos 9 y 10 de la LAU finalice antes del 31 de diciembre de 2027.El modelo enviado a las empresas ABC«Por tanto, siempre que se den los dos requisitos indicados anteriormente, el RDL 8/2026 genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor», se especifica en el escrito.Añadido a eso, Consumo recuerda también a las empresas, que deben aplicar la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos limitada ahora al 2% acusando los efectos que la guerra en Irán causan al bolsillo. Apunta a caer en el CongresoEl departamento de Pablo Bustinduy busca así tratar de aumentar el efecto del decreto aprobado con motivo de la guerra a sabiendas de que caerá a final de mes que entra con los votos en contra del PP y Junts. Por eso tanto el ministro como otros miembros de su partido y de otros socios como el diputado Gabriel Rufián (ERC) están haciendo un llamamiento a los inquilinos para que pidan la prórroga del alquiler antes de que el texto se quede sin efecto.Hasta entonces, el ala más a la izquierda del Gobierno seguirá insistiendo para que los arrendatarios pidan la prórroga del contrato que el casero tendrá que aceptar de manera obligatoria, según se fija en el decreto. «Las medidas resultan de obligado cumplimiento en relación con todos los contratos vigentes en el momento de la entrada en vigor de la norma», recuerdan en la carta a los fondos desde la oficina en manos de Sumar, aunque algunos juristas dudan de la legitimidad de estas extensiones de los contratos si la norma acaba cayendo en el hemiciclo. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pide a los fondos de inversión y compañías inmobiliarias que informen a los inquilinos de su derecho a pedir la prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler ante la posibilidad de que el decreto de congelación de arrendamientos pueda caer en el Congreso de los Diputados a finales del mes de abril. Así lo hace constar en el escrito que la oficina dependiente de Pablo Bustinduy envió ayer a 13 empresas del sector, en la que además se adjunta un modelo de solicitud de congelación del alquiler para que sean ellas mismas las que se lo faciliten a sus arrendatarios, «en aras de que, si lo desean, puedan ejercer los derechos recogidos por la norma», según se plasma en la misiva que publica hoy este periódico (ver foto abajo).En la carta, Consumo pide la «máxima diligencia» a las empresas para «asegurar la correcta aplicación de las medidas», y la «adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato». Y por ello adjunta el modelo de solicitud anteriormente en vistas a que lo puedan enviar «a los arrendatarios con los que que hayan formalizado contratos de arrendamiento de vivienda habitual, o hayan intermediado a tal efecto», antes de concluir la misiva «agradeciendo de antemano su colaboración».Noticia relacionada general No No El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio ABCSegún Consumo, la carta ha sido remitida a 13 empresas inmobiliarias que suman 100.000 alquileres que caducan entre este año y el próximo (en el caso de estas entidades los contratos firmados tienen una duración de 7 años por los 5 cuando el propietario es una persona física) y en la misma se les recuerda todos los detalles del decreto. En este sentido, se insiste en que los inquilinos podrán renovar de forma «extraordinaria» su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este, por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato este vigente a la fecha de entrada en vigor de la norma; esto es, el 22 de marzo de 2026, y el periodo de prórroga obligatoria o tácita regulado en los artículos 9 y 10 de la LAU finalice antes del 31 de diciembre de 2027.El modelo enviado a las empresas ABC«Por tanto, siempre que se den los dos requisitos indicados anteriormente, el RDL 8/2026 genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor», se especifica en el escrito.Añadido a eso, Consumo recuerda también a las empresas, que deben aplicar la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos limitada ahora al 2% acusando los efectos que la guerra en Irán causan al bolsillo. Apunta a caer en el CongresoEl departamento de Pablo Bustinduy busca así tratar de aumentar el efecto del decreto aprobado con motivo de la guerra a sabiendas de que caerá a final de mes que entra con los votos en contra del PP y Junts. Por eso tanto el ministro como otros miembros de su partido y de otros socios como el diputado Gabriel Rufián (ERC) están haciendo un llamamiento a los inquilinos para que pidan la prórroga del alquiler antes de que el texto se quede sin efecto.Hasta entonces, el ala más a la izquierda del Gobierno seguirá insistiendo para que los arrendatarios pidan la prórroga del contrato que el casero tendrá que aceptar de manera obligatoria, según se fija en el decreto. «Las medidas resultan de obligado cumplimiento en relación con todos los contratos vigentes en el momento de la entrada en vigor de la norma», recuerdan en la carta a los fondos desde la oficina en manos de Sumar, aunque algunos juristas dudan de la legitimidad de estas extensiones de los contratos si la norma acaba cayendo en el hemiciclo.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pide a los fondos de inversión y compañías inmobiliarias que informen a los inquilinos de su derecho a pedir la prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler ante la posibilidad de … que el decreto de congelación de arrendamientos pueda caer en elCongreso de los Diputados a finales del mes de abril. Así lo hace constar en el escrito que la oficina dependiente de Pablo Bustinduy envió ayer a 13 empresas del sector, en la que además se adjunta un modelo de solicitud de congelación del alquiler para que sean ellas mismas las que se lo faciliten a sus arrendatarios, «en aras de que, si lo desean, puedan ejercer los derechos recogidos por la norma», según se plasma en la misiva que publica hoy este periódico (ver foto abajo).
En la carta, Consumo pide la «máxima diligencia» a las empresas para «asegurar la correcta aplicación de las medidas», y la «adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato». Y por ello adjunta el modelo de solicitud anteriormente en vistas a que lo puedan enviar «a los arrendatarios con los que que hayan formalizado contratos de arrendamiento de vivienda habitual, o hayan intermediado a tal efecto», antes de concluir la misiva «agradeciendo de antemano su colaboración».
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Según Consumo, la carta ha sido remitida a 13 empresas inmobiliarias que suman 100.000 alquileres que caducan entre este año y el próximo (en el caso de estas entidades los contratos firmados tienen una duración de 7 años por los 5 cuando el propietario es una persona física) y en la misma se les recuerda todos los detalles del decreto. En este sentido, se insiste en que los inquilinos podrán renovar de forma «extraordinaria» su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este, por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato este vigente a la fecha de entrada en vigor de la norma; esto es, el 22 de marzo de 2026, y el periodo de prórroga obligatoria o tácita regulado en los artículos 9 y 10 de la LAU finalice antes del 31 de diciembre de 2027.
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(ABC)
«Por tanto, siempre que se den los dos requisitos indicados anteriormente, el RDL 8/2026 genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor», se especifica en el escrito.
Añadido a eso, Consumo recuerda también a las empresas, que deben aplicar la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos limitada ahora al 2% acusando los efectos que la guerra en Irán causan al bolsillo.
Apunta a caer en el Congreso
El departamento de Pablo Bustinduy busca así tratar de aumentar el efecto del decreto aprobado con motivo de la guerra a sabiendas de que caerá a final de mes que entra con los votos en contra del PP y Junts. Por eso tanto el ministro como otros miembros de su partido y de otros socios como el diputado Gabriel Rufián (ERC) están haciendo un llamamiento a los inquilinos para que pidan la prórroga del alquiler antes de que el texto se quede sin efecto.
Hasta entonces, el ala más a la izquierda del Gobierno seguirá insistiendo para que los arrendatarios pidan la prórroga del contrato que el casero tendrá que aceptar de manera obligatoria, según se fija en el decreto. «Las medidas resultan de obligado cumplimiento en relación con todos los contratos vigentes en el momento de la entrada en vigor de la norma», recuerdan en la carta a los fondos desde la oficina en manos de Sumar, aunque algunos juristas dudan de la legitimidad de estas extensiones de los contratos si la norma acaba cayendo en el hemiciclo.
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