El Ministerio de Consumo ha exigido a dos plataformas que publicitan viviendas de uso turístico a que retiren 8.318 anuncios por incumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada recientemente por el Real Decreto-ley 29/2026.El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha identificado, a través de la Dirección General de Consumo, que estos más de 8.300 anuncios serían ilícitos al publicitar viviendas turísticas como alojamientos de temporada para las que se permiten reservas por menos de 31 días, que es la duración mínima para este tipo de contratos que establece la ley tras la reciente modificación.La mayoría de las viviendas ofertadas se ubican en ciudad de Madrid. En concreto, se ha identificado 6.523 alojamientos en la capital que incumplían la ley, a los que se suman alrededor de 200 repartidos por la misma Comunidad. El Ministerio destaca que esta actuación ha sido posible por la aprobación del Real Decreto-ley 29/2026 que recoge, entre otras regulaciones, limitar la oferta de alquileres de temporada a 31 días. La Dirección General de Consumo considera que estos anuncios podrían suponer una práctica de comunicación desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del TRLGDCU (el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). Así, desde Consumo se ha requerido a las dos plataformas la retirada de estos anuncios a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales. De no hacerlo o bloquear su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte del Ministerio.Esta medida se suma a las actuaciones que está llevando a cabo el departamento de Bustinduy para poner fin a las prácticas ilegales en materia de Vivienda. Consumo ya sancionó con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, y que supuso la retirada de más 65.000 anuncios en este portal. Booking también se vio obligada a retirar más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley. El Ministerio de Consumo ha exigido a dos plataformas que publicitan viviendas de uso turístico a que retiren 8.318 anuncios por incumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada recientemente por el Real Decreto-ley 29/2026.El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha identificado, a través de la Dirección General de Consumo, que estos más de 8.300 anuncios serían ilícitos al publicitar viviendas turísticas como alojamientos de temporada para las que se permiten reservas por menos de 31 días, que es la duración mínima para este tipo de contratos que establece la ley tras la reciente modificación.La mayoría de las viviendas ofertadas se ubican en ciudad de Madrid. En concreto, se ha identificado 6.523 alojamientos en la capital que incumplían la ley, a los que se suman alrededor de 200 repartidos por la misma Comunidad. El Ministerio destaca que esta actuación ha sido posible por la aprobación del Real Decreto-ley 29/2026 que recoge, entre otras regulaciones, limitar la oferta de alquileres de temporada a 31 días. La Dirección General de Consumo considera que estos anuncios podrían suponer una práctica de comunicación desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del TRLGDCU (el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). Así, desde Consumo se ha requerido a las dos plataformas la retirada de estos anuncios a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales. De no hacerlo o bloquear su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte del Ministerio.Esta medida se suma a las actuaciones que está llevando a cabo el departamento de Bustinduy para poner fin a las prácticas ilegales en materia de Vivienda. Consumo ya sancionó con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, y que supuso la retirada de más 65.000 anuncios en este portal. Booking también se vio obligada a retirar más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley.
El Ministerio de Consumo ha exigido a dos plataformas que publicitan viviendas de uso turístico a que retiren 8.318 anuncios por incumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada recientemente por el Real Decreto-ley 29/2026.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha identificado, … a través de la Dirección General de Consumo, que estos más de 8.300 anuncios serían ilícitos al publicitar viviendas turísticas como alojamientos de temporada para las que se permiten reservas por menos de 31 días, que es la duración mínima para este tipo de contratos que establece la ley tras la reciente modificación.
La mayoría de las viviendas ofertadas se ubican en ciudad de Madrid. En concreto, se ha identificado 6.523 alojamientos en la capital que incumplían la ley, a los que se suman alrededor de 200 repartidos por la misma Comunidad.
El Ministerio destaca que esta actuación ha sido posible por la aprobación del Real Decreto-ley 29/2026 que recoge, entre otras regulaciones, limitar la oferta de alquileres de temporada a 31 días. La Dirección General de Consumo considera que estos anuncios podrían suponer una práctica de comunicación desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del TRLGDCU (el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
Así, desde Consumo se ha requerido a las dos plataformas la retirada de estos anuncios a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales. De no hacerlo o bloquear su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte del Ministerio.
Esta medida se suma a las actuaciones que está llevando a cabo el departamento de Bustinduy para poner fin a las prácticas ilegales en materia de Vivienda. Consumo ya sancionó con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, y que supuso la retirada de más 65.000 anuncios en este portal. Booking también se vio obligada a retirar más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley.
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