El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado la concesión por parte del Gobierno vasco de dos nuevos permisos “fraudulentos” a presos de ETA. Esta vez se trata de Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. En un comunicado, la presidenta de la organización, Consuelo Ordóñez, critica que el Ejecutivo autonómico apruebe de nuevo “beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale”. Y pide la “dimisión” de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, al considerar que “ha quedado completamente desautorizada por la Audiencia Nacional”, órgano que ha corregido en varias ocasiones la política del Ejecutivo autonómico con los presos de ETA.
El colectivo de víctimas asegura que el Ejecutivo autonómico ha aprobado el tercer grado a Juan Antonio Olarra y Xabier Zabalo
El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado la concesión por parte del Gobierno vasco de dos nuevos permisos “fraudulentos” a presos de ETA. Esta vez se trata de Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. En un comunicado, la presidenta de la organización, Consuelo Ordóñez, critica que el Ejecutivo autonómico apruebe de nuevo “beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale”. Por ello, pide la “dimisión” de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, que a su juicio “ha quedado completamente desautorizada por la Audiencia Nacional”, órgano que ha corregido en varias ocasiones la política del Ejecutivo autonómico con los presos de ETA.
Para Ordóñez, estas dos nuevas concesiones constituyen “un nuevo episodio de la amnistía encubierta que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA”. Así, el colectivo denuncia una vez más que el Gobierno vasco está “utilizando” los terceros grados y los artículos 100.2 del Reglamento Penitenciario como “instrumentos para acelerar la semilibertad de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA”.
Covite considera que se trata de una “política deliberada” para “vaciar las cárceles de presos de ETA” bajo las “instrucciones de Sortu”. Tras responsabilizar de esta política penitenciaria a San José, la presidenta de Covite tilda de “especialmente grave” el caso de Juan Antonio Olarra Guridi, miembro de ETA condenado por “delitos de extrema gravedad”, entre ellos asesinatos, atentados, estragos, lesiones, tenencia de explosivos e integración en banda armada.
Según el colectivo, el recluso tiene 2036 como fecha prevista de fin de condena. Y, recalca, “ya disfrutaba desde julio de 2025 de un artículo 100.2″, una vía excepcional de flexibilización penitenciaria que, a su juicio, el Gobierno vasco “ha convertido en la práctica en una antesala del tercer grado para presos de ETA que no cumplen con la legalidad para acceder al tercer grado”.
Ordóñez destaca también que Olarra Guridi “sigue siendo reivindicado públicamente por el entorno de la izquierda abertzale”, siendo presentado como “un referente por ese entorno”. Por otro lado, también considera “significativo” que el Gobierno vasco conceda ahora un nuevo tercer grado a Xabier Zabalo Beitia, “después de que ya se le hubiera concedido anteriormente y esa progresión fuera revocada”.
La presidenta de Covite recuerda que Zabalo fue condenado a 25 años de prisión por delitos terroristas, entre ellos estragos, lesiones, tenencia de armas con fines terroristas y depósito de explosivos con finalidad terrorista. “Tras la revocación de su anterior tercer grado, Sare Sortu y el entorno político de la izquierda abertzale promovieron una manifestación en su localidad para protestar por aquella decisión judicial”, señala.
“Desautorización judicial”
Ordóñez enmarca estas dos nuevas concesiones en “un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco”. En este sentido, recuerda que el pasado abril la Audiencia Nacional dejó sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, Anboto, y Juan Ramón Carasatorre Aldaz”. A su juicio, la decisión del órgano judicial “confirma que el Ejecutivo vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir de verdad los requisitos legales”.
Asimismo, la presidenta de Covite sostiene que en el caso de Carasatorre “el juez llegó a constatar que ni siquiera existía el preceptivo plan específico de ejecución tratamental, requisito esencial para aplicar el artículo 100.2”. Para el colectivo, aquello fue una “actuación administrativa extremadamente grave” que puso de manifiesto hasta qué punto el Gobierno vasco está dispuesto a “utilizar vías excepcionales como atajos hacia la semilibertad”. Según la plataforma de víctimas, esta misma semana la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Carasatorre, “lo que supuso otro varapalo judicial a la política penitenciaria del Gobierno vasco”.
Ordóñez advierte de que la línea que ha adoptado el Ejecutivo autonómico “se sostiene sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento”. Y subraya que los recientes pronunciamientos del juez José Luis Castro “han confirmado el carácter instrumental de estos escritos, redactados en algunos casos inmediatamente antes de la concesión de privilegios penitenciarios”.
