En los últimos años, la Formación Profesional (FP) ha dejado de ser la “hermana pobre” del sistema educativo para convertirse en una pieza clave del desarrollo económico, territorial y social. Lo entendieron bien los gobiernos progresistas de la Comunitat Valenciana, presididos por Ximo Puig entre 2015 y 2023, que impulsaron una expansión sin precedentes de plazas, centros, titulaciones, profesorado y programas de FP Dual. También lo entendieron —al menos en el discurso— quienes llegaron al gobierno en 2023: Carlos Mazón y su conseller de Educación, José Antonio Rovira, afirmaron que la FP sería su prioridad. Sin embargo, dos años después, lo que muestran los hechos es un profundo retroceso, difícil de justificar y con consecuencias muy preocupantes.
El malestar se extiende ya por numerosos institutos valencianos, cuyos equipos docentes están alzando la voz ante los recortes, la sobrecarga laboral y el deterioro progresivo de las condiciones
En los últimos años, la Formación Profesional (FP) ha dejado de ser la “hermana pobre” del sistema educativo para convertirse en una pieza clave del desarrollo económico, territorial y social. Lo entendieron bien los gobiernos progresistas de la Comunitat Valenciana, presididos por Ximo Puig entre 2015 y 2023, que impulsaron una expansión sin precedentes de plazas, centros, titulaciones, profesorado y programas de FP Dual. También lo entendieron —al menos en el discurso— quienes llegaron al gobierno en 2023: Carlos Mazón y su conseller de Educación, José Antonio Rovira, afirmaron que la FP sería su prioridad. Sin embargo, dos años después, lo que muestran los hechos es un profundo retroceso, difícil de justificar y con consecuencias muy preocupantes.
Durante los últimos cursos del Pacte del Botànic, la FP valenciana vivió un auténtico salto de escala: se crearon más de 35.000 nuevas plazas, se implantaron más de 250 nuevos ciclos y se multiplicaron las experiencias de FP Dual. A ello se sumó una gran inversión en infraestructuras a través del Pla Edificant, que permitió consolidar la ampliación de plazas también en zonas rurales.
Pero, además de la inversión, se impulsó una transformación estratégica: a partir de 2021, se crearon los Consejos Territoriales de Formación Profesional, espacios de gobernanza compartida entre administraciones, centros, empresarios, sindicatos y ayuntamientos. Estos consejos ayudaban a planificar, comarca a comarca, qué itinerarios formativos ofrecía la FP y cómo responder a los perfiles profesionales que las empresas requerían. Una pregunta clave guiaba el proceso: “¿Qué quiere ser de mayor esta comarca?”. Así se desplegaron ciclos ligados al turismo, a la industria cerámica, a las renovables o a la atención sociosanitaria, con un fuerte componente de arraigo local.
Todo ese trabajo ha sido desmantelado por el actual gobierno. Los Consejos Territoriales han dejado de reunirse, los ciclos ya no se planifican desde el territorio y los recortes se imponen desde los despachos. A esto se suman la supresión de ayudas al alumnado, el cierre de ciclos en comarcas interiores, la reducción de profesorado y la conversión de ciclos presenciales en semipresenciales, sin el refuerzo docente necesario. La consecuencia es una pérdida evidente de calidad.
El malestar se extiende ya por numerosos institutos de la Comunitat Valenciana, cuyos equipos docentes están alzando la voz ante los recortes, la sobrecarga laboral y el deterioro progresivo de las condiciones en las que deben impartir ciclos que requieren acompañamiento, seguimiento de prácticas, orientación e innovación. La desvalorización de la FP no es solo presupuestaria: es también simbólica. Se menosprecia el esfuerzo y la profesionalidad de quienes han conseguido que esta etapa educativa se convirtiera en sinónimo de oportunidades reales para la juventud.
El riesgo más grave es el repunte del abandono escolar temprano, que la Comunitat Valenciana logró reducir al 13% gracias, entre otros factores, a la expansión de la FP. Si se recorta la oferta, si se deteriora la calidad y si se alejan las oportunidades formativas de los entornos rurales o vulnerables, muchos jóvenes abandonarán el sistema sin titulación y sin futuro. Un retroceso con consecuencias estructurales que nos aleja de los objetivos europeos y de los consensos construidos durante años.
¿Qué habría que hacer ahora? La solución no es sencilla, pero sí clara: hay que reconstruir una estrategia sostenida y coherente para la Formación Profesional, basada en la planificación, el diálogo y la equidad territorial. Para ello, es imprescindible que el actual Consell rectifique su rumbo y recupere el compromiso institucional con una política de FP que no puede estar sujeta ni a la improvisación ni al recorte continuo.
Esa rectificación debe comenzar por restaurar la inversión educativa destinada a la FP, garantizando que ningún joven se quede sin plaza en su comarca o ciudad por falta de previsión o por una voluntad política que prioriza otras partidas. La ampliación de la oferta no es una cuestión accesoria: es una herramienta esencial para reducir el abandono escolar temprano y para garantizar el derecho a la formación de calidad.
Asimismo, es urgente detener la conversión forzada de ciclos presenciales a semipresenciales, una medida que, lejos de modernizar el sistema, solo busca reducir costes a costa de la calidad de la enseñanza. Esta modalidad, si no va acompañada de una estructura adecuada de profesorado y atención individualizada, solo aumenta las desigualdades y debilita los vínculos pedagógicos que tanto necesita el alumnado de FP.
Otro paso imprescindible es revertir los recortes de profesorado que han afectado especialmente a las funciones más sensibles: la coordinación de ciclos, la tutoría, la orientación, la gestión de las prácticas formativas y el acompañamiento en la modalidad semipresencial. Estas tareas no son accesorios del sistema, sino componentes clave para su buen funcionamiento. Reforzarlas no es un lujo, sino una inversión inteligente y necesaria.
También se debe restablecer las ayudas al alumnado que han sido suprimidas y que son fundamentales para evitar que el origen social o económico condicione el acceso o la continuidad en la FP. La equidad no se declama: se garantiza con medidas concretas.
De igual modo, es fundamental reactivar los Consejos Territoriales de Formación Profesional, como espacios de diálogo y planificación compartida entre todos los agentes implicados. Estos consejos permiten adaptar la oferta formativa a las necesidades del tejido productivo de cada comarca y convierten a la FP en una verdadera palanca de desarrollo territorial, y no en un catálogo genérico impuesto desde una visión centralista.
Por último, cumplir los acuerdos firmados sobre plantillas docentes y recuperar el diálogo con el profesorado es una condición indispensable para dignificar el trabajo docente, cuidar la salud laboral de los equipos educativos y asegurar una formación de calidad para el alumnado.
En definitiva, no se trata solo de corregir errores recientes, sino de recuperar una visión estratégica y de futuro para la Formación Profesional. Una visión que entienda que sin FP no hay desarrollo económico sostenible, ni cohesión social, ni igualdad real de oportunidades. Actuar con ambición en este terreno es apostar por el talento, por la justicia y por un modelo de sociedad que no deja a nadie atrás.
Además, hay que mirar más allá de la urgencia y volver a situar a la FP en el corazón de un proyecto educativo y económico que apueste por el talento, la innovación, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. La FP es mucho más que una vía alternativa al bachillerato: es la columna vertebral de un nuevo modelo productivo, capaz de responder a los grandes retos del presente y del futuro.
Si de verdad queremos que la Comunitat Valenciana avance, necesitamos que la FP vuelva a ser una prioridad real y no un eslogan vacío. No hacerlo sería desperdiciar el camino recorrido y dar la espalda a miles de jóvenes que solo piden una oportunidad para formarse, para trabajar y para construir su vida con dignidad.
Miguel Soler es secretario de Educación de la ejecutiva del PSPV-PSOE.
