Maricarmen levanta la vista. Es lunes y faltan apenas 48 horas para que se ejecute su desahucio. Tiene 87 años. Hace siete que le llegó un primer burofax que le avisaba del peligro a la vista, quedarse en la calle, fuera de la casa donde ha vivido durante siete décadas. Su salud se ha debilitado en los últimos meses, le cuesta respirar, andar, necesita una silla de ruedas para moverse. Cuando llega el día, la sacan en camilla de su casa luego de haber escuchado durante horas los gritos y los golpes de la policía contra quienes actuaban en su defensa y trataban de impedir el desahucio. Duerme esa noche agotada en un hospital.
Sus desalojos provocaron movilizaciones, inspiraron cambios en las leyes de vivienda y llegaron hasta la ONU. Sin embargo, se quedaron en la calle sin alternativa habitacional
Maricarmen levanta la vista. Es lunes y faltan apenas 48 horas para que se ejecute su desahucio. Tiene 87 años. Hace siete que le llegó un primer burofax que le avisaba del peligro a la vista, quedarse en la calle, fuera de la casa donde ha vivido durante siete décadas. Su salud se ha debilitado en los últimos meses, le cuesta respirar, andar, necesita una silla de ruedas para moverse. Cuando llega el día, la sacan en camilla de su casa luego de haber escuchado durante horas los gritos y los golpes de la policía contra quienes actuaban en su defensa y trataban de impedir el desahucio. Duerme esa noche agotada en un hospital.
A sus oídos llega la indignación popular en Madrid por su desahucio, imágenes de una manifestación nocturna pidiendo medidas y que actúe la clase política enfrente del ático que compró el Gobierno de Ayuso. Maricarmen Abascal es ya solo Maricarmen para toda España y un grito pidiendo que pueda volver a su casa.
Maricarmen había hecho una pregunta unos días antes. “¿Qué pasó con Pepi?“. Necesitaba saber cómo le había ido a una mujer en un estado muy parecido al suyo. “Se quedó sin casa y se la llevaron a un albergue provisional del Ayuntamiento”, responde una representante del Sindicato de Inquilinas. La voluntaria sabe que no tiene sentido mentir. Maricarmen respira hondo y responde.
—Bueno, espero que esto también sirva para que se luche por la vivienda.
Hasta la mañana del miércoles 23 de septiembre, Maricarmen contará hasta el último detalle de su vida para ganarse el apoyo de la gente y que su caso se convierta en un símbolo del problema de la vivienda en España.
La policía derriba la puerta del portal. Dará igual: a ojos de la fría estadística, Maricarmen será un caso más entre los 2.267 desahucios registrados en Madrid el año pasado, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una media de 6,2 al día.
Desde una casa en Usera, que no es aquella en la que vivió una parte de su vida, Pepi Santiago, 72 años, sigue por la televisión lo que le está pasando a Maricarmen y, casi sin querer, retrocede en el tiempo siete años, cuando ella era Pepi, la vecina del famoso inmueble de la calle de Argumosa, 11, en Lavapiés, el barrio donde vivió 20 años. En aquel entonces, con 65 años, vivió el duodécimo intento de desahucio y también acabó en la calle. “Maricarmen me recordó muchísimo a nuestro desahucio. Aparte de que un desahucio ya es doloroso en sí mismo, no sientes que eres una persona vulnerable, sientes algo peor, sientes un desamparo, porque tu vida, tu casa y lo que representa tu hogar no sirven de nada. Por dinero, un fondo buitre te echa a la calle. Eres un animal, no tienes derechos”, cuenta a EL PAÍS por teléfono.
No es la única que se acuerda. Valeria Racu, miembro del Sindicato de Inquilinas, también quiso tener unas palabras para ella el pasado miércoles desde la casa de Maricarmen: “Hay que acordarse de lo que pasó con Pepi en 2019, que perdió su casa y provocó la reforma de la ley de vivienda”.
Tal y como está sucediendo ahora, la repercusión del caso fue tan grande que los políticos se apresuraron a actuar. Al día siguiente del desahucio de Pepi, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que aquello no se podía repetir y utilizó el caso para impulsar la actual ley de vivienda.
Lo mismo ha ocurrido esta semana. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha exigido que el próximo martes se lleve al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de Vivienda que, de haber estado en vigor, dice, habría evitado el desahucio de Maricarmen. Sánchez ha insistido en esa idea al ser preguntado desde Nueva York y ha dicho que hay que “modificar la ley y reforzar la ley frente a estos casos”.
Hoy, Pepi tiene 72 años y vive con sus dos hijas en un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que la familia obtuvo por sorteo hace tres años en el distrito de Usera. “El día en que nos echaron, como no teníamos una alternativa habitacional, el Ayuntamiento de Madrid nos mandó a una pensión de mala muerte en Cuatro Caminos. Allí tuvimos que pasar seis meses, las tres metidas en una habitación, hasta que no pudimos más”, recuerda Fernanda Santiago, la hija mayor de Pepi, de 38 años.
Después, las trasladaron a otra pensión, esta vez más céntrica. Entre un alojamiento y otro pasaron cerca de un año y medio. “Fue muy difícil salir mentalmente de aquella situación y caímos en una depresión. Yo no tengo palabras para explicar lo que se siente cuando te desalojan de tu casa. Es como si hubieras perdido tu vida anterior. Todo el tiempo piensas: ‘¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar ahora?”. La familia asegura que cuando los focos se apagaron, todos los apoyos políticos desaparecieron. “Solo seguimos en contacto con la gente del sindicato que nos defendió”.
La historia de Pepi se repite ahora en el rostro de Maricarmen. A ambas mujeres el desahucio les llega pasada la edad de jubilación. Pero esto no es lo único que les une: en el momento de la comunicación del desalojo, ambas pagaban algo menos de 500 euros por su alquiler, una en Retiro y la otra en Lavapiés, dos zonas céntricas y particularmente gentrificadas, dos territorios que quienes viven en Madrid han perdido en favor de los fondos de inversión y los rentistas dispuestos a explotar al máximo el alquiler vacacional.
Tras el desahucio de Pepi en Argumosa 11, casi todos los pisos de ese inmueble se destinaron al alquiler turístico o regresaron al mercado por rentas mucho más altas. De los antiguos vecinos, solo queda en el edificio un hombre de 81 años con contrato de renta antigua. “Te pido tanto dinero y, si no puedes pagarlo, te vas y busco a alguien que lo pague”, resume Fernando Bandera, que acompañó a Pepi en su lucha durante años. Ese puede ser también el futuro de la casa de Maricarmen: reformarla y alquilarla por varias veces los 500 euros que pagaba ella.
A ambas las representa el Sindicato de Inquilinas, creado en 2017, y en ambos casos un fondo eligió un método inequívoco para comunicarles que ya no eran bienvenidas en la casa en la que habían estado siempre: triplicarles el alquiler de un momento a otro. Lo hicieron porque pueden, porque, sobre el papel, los dos edificios pertenecen a grandes empresas inmobiliarias. En el caso de Maricarmen —quien como inquilina subrogada al contrato de sus padres no está protegida por el tope al alquiler— a Urbagestión SL; en el de Pepi, el fondo era Inversiones Proindivisos S. L.. “Dos pobres pymes”, como se definieron ambas.
Todo cambió para ellas cuando estas empresas entraron en juego. También por eso son un símbolo: su patrón se repite en cientos de casos de madrileños víctimas del mercadoespeculativo de la vivienda. Representan a muchos.
Pepi piensa que casi nada ha cambiado en este tiempo y que todas las buenas palabras que recibió en su día fueron papel mojado: “Nunca cumplieron. Ahora tenemos una vivienda porque tuvimos suerte”, afirma. “Nuestro caso fue muy mediático. Salimos en todas partes y la presión social hizo mucho, pero no fue suficiente”. Durante un tiempo siguió apoyando la lucha contra otros desahucios, pero luego perdió la fe en que las cosas puedan cambiar.
Pepi y Maricarmen se han convertido en símbolos de la resistencia antidesahucios. Y no es casualidad. Como reconoce Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH, los casos mediáticos suelen ser aquellos que presentan víctimas con las que resulta fácil identificarse: mujeres mayores, vulnerables, que han pagado siempre el alquiler y se expresan con claridad. Los define como “casos blancos”, historias sin aristas incómodas para la opinión pública ni para unos medios que, según denuncia, suelen ignorar desahucios más complejos, como los de familias endeudadas, personas que han ocupado una vivienda porque no tenían alternativa o afectados con menos capacidad para comunicar su situación.
Maricarmen y Pepi reunían esas condiciones. Estos días, el eslogan más repetido entre los defensores del derecho a la vivienda ha sido “Todas somos Maricarmen”. En 2019, España entera también fue Pepi. Pero Pepi y Maricarmen nunca quisieron ser Pepi y Maricarmen. Solo aspiraban a que no las echaran de su casa. Para ellas, el precio de ser un símbolo ha sido altísimo: su vivienda y la vida tal y como la conocían.
