El 15-M y el auge del independentismo catalán han representado los desafíos democráticos más serios hasta hoy planteados al régimen del 78. En lugar de afrontarlos por la vía del diálogo y la democracia, el régimen decidió responder mediante la guerra sucia y la represión. El punto álgido de esta deriva autoritaria lo constituyó la violencia contra los votantes del 1 de octubre de 2017, y el encarcelamiento de los que fuimos sus organizadores.
El poder judicial debe funcionar como un dique de contención ante posibles derivas autoritarias, protegiendo derechos y libertades fundamentales
El 15-M y el auge del independentismo catalán han representado los desafíos democráticos más serios hasta hoy planteados al régimen del 78. En lugar de afrontarlos por la vía del diálogo y la democracia, el régimen decidió responder mediante la guerra sucia y la represión. El punto álgido de esta deriva autoritaria lo constituyó la violencia contra los votantes del 1 de octubre de 2017, y el encarcelamiento de los que fuimos sus organizadores.
La Ley de Amnistía, arrancada por el independentismo al PSOE en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, constituye una medida clave de cara a revertir dicha deriva. Sin embargo, y como ya preveíamos, a pesar de haber sido aprobada hace ya un año por el Congreso de los Diputados, esta ley todavía no se está aplicando en plenitud. La causa: el obstruccionismo activo de una parte de la judicatura española, que pone en cuestión no sólo el alcance de esta ley sino la propia calidad democrática del Estado.
De hecho, no es una actitud nueva. Lamentablemente la actuación salvapatrias de esta misma parte de la judicatura que ahora boicotea la aplicación de la Ley de Amnistía fue la que hizo necesaria la aprobación de dicha norma. Los últimos años hemos presenciado y sufrido en propia carne como su cruzada contra el independentismo les llevaba a reinterpretar y retorcer las leyes vigentes y a ignorar y esquivar reformas legales cómo la del Código Penal para poder condenar y castigar ejemplarmente.
Una judicatura imparcial e independiente es una piedra angular de cualquier democracia. El poder judicial debe funcionar como un dique de contención ante posibles derivas autoritarias, protegiendo derechos y libertades fundamentales. Desgraciadamente, en todo el mundo hay ejemplos de países donde la judicatura, lejos de jugar este papel, se ha convertido en un elemento facilitador del autoritarismo (tenemos todavía en la memoria la guerra judicial contra el presidente Lula en Brasil, por citar solo un ejemplo).
España no se encuentra todavía en este nivel de degradación pero se encamina hacia él a velocidad de crucero. La trayectoria de buena parte de la judicatura española es clara y consistente: extrema dureza hacia independentistas, sindicalistas, movimientos sociales y otros “enemigos del Estado”; y notable benevolencia hacia la corrupción de las derechas, los vicios de la Casa Real, los excesos de determinados cuerpos policiales y la violencia de la extrema derecha.
Esta situación tiene raíces profundas. La Transición no incluyó una reforma de la judicatura franquista que fuese equivalente a la que se llevó a cabo (de forma limitada pero efectiva) con las fuerzas armadas españolas. Los mismos jueces que dictaron sentencias bajo la dictadura continuaron sus carreras sin más, transmitiendo a las nuevas generaciones una forma autoritaria, nacionalista y reaccionaria de entender el papel de la judicatura.
A esto se suma un problema social de base: acceder a la carrera judicial en España es carísimo. Se necesitan años de dedicación a tiempo completo, con preparadores privados y sin ningún ingreso durante todo este período. Esto supone una barrera a la entrada de personas (sobre todo mujeres) de clases medias y trabajadoras, consolidando una judicatura controlada por hombres de clase alta con una visión muy conservadora del derecho y la sociedad.
Afortunadamente, hay muchos magistrados y magistradas que luchan por aplicar la ley con rigor y equidad, que no se dejan intimidar por la presión mediática de la derecha española ni por la cultura de cuerpo autoritaria que impera en tantos sectores de la judicatura. Es necesario defenderlos y reforzarlos, porque son una pieza clave para la regeneración democrática. Y es por eso mismo que no podemos seguir permitiendo que los sectores más reaccionarios dentro de la judicatura española saboteen una ley aprobada legítimamente por el poder legislativo. El aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía es un primer paso en esa dirección, pero aún falta recorrer otro tramo: asegurar que la Ley es aplicada en plenitud y de acuerdo a la intención con la que fue elaborada y aprobada por el legislador.
Si España no es capaz de aplicar su propia Ley de Amnistía, si permite que la derecha nacionalista judicial actúe como una casta incontrolada que se cree por encima de la democracia, entonces la propia democracia española corre un peligro real. Y aquellos en el universo del Partido Socialista que hoy ven todo ello como un problema “de los independentistas”, mañana serán las siguientes víctimas, si no lo son ya hoy aunque no sean conscientes. Por esta razón, para defender la democracia hace falta valentía política. Valentía para afrontar los retos de una reforma del sistema judicial profunda y decidida. Y valentía para, en plena oleada autoritaria global, exigir la aplicación de la ley de amnistía porque defender la amnistía es defender la democracia.
