—No hay ninguna trama de corrupción institucionalizada y generalizada dentro del PSOE. Se lo afirmo también.
Las polémicas judiciales achican el espacio para las propuestas y condicionan los debates en la región capital, donde se mezclan polémicas autonómicas y nacionales
—No hay ninguna trama de corrupción institucionalizada y generalizada dentro del PSOE. Se lo afirmo también.
—¿Con la misma convicción con la que afirmaban la inocencia de Santos Cerdán?
El diálogo a quemarropa que mantienen el lunes el periodista Carlos Alsina (Onda Cero) y el ministro Óscar López (PSOE) resume la cadena que atenaza a la política madrileña. Hoy son el caso Cerdán, y sus derivadas, que en el caso del representante del Ejecutivo central opacan su labor como secretario general de los socialistas madrileños al centrarse en defender la labor del gobierno. Ayer, el caso Íñigo Errejón, fundador de Más Madrid denunciado por una presunta agresión sexual. Y desde hace meses, el caso que afecta a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, investigado por sus negocios durante la pandemia; como antes el que protagonizó el hermano de la líder por cobrar una jugosa comisión por intermediar a favor de una empresa en la compra de mascarillas destinadas la Comunidad de Madrid; o la concesión, antes de que llegara al poder, de un aval por una empresa semipública a una compañía participada por su padre (caso Avalmadrid).
El asunto es que López apura 45 minutos de entrevista sin que nada se centre en sus propuestas para Madrid. La actualidad judicial manda. En Madrid es tanta, y con protagonistas de tan primera línea, que amenaza con fagocitar la agenda política, secuestrando cualquier propuesta, y diluyendo las que se plantean en la Asamblea o el Ayuntamiento de la capital, donde los debates están marcados por la lucha partidista y el y tú más, precisamente, alrededor de los presuntos casos de corrupción y de la oposición frontal de las instituciones dominadas por el PP contra el gobierno de la Nación (PSOE y Sumar).
“Lo que existe es una estrategia deliberada de ruido por parte del Partido Popular, que incendia el debate público para que luego parezca que todos somos igual de incendiarios”, se queja un alto cargo de Más Madrid que pide expresarse desde el anonimato. “Pero quien llama al adversario terrorista (‘Hamas Madrid’) es el PP”, reprocha. “El objetivo es que la confrontación legítima de modelos, que está presente en cada debate en forma de propuestas y ofertas de entendimiento, sea un estercolero”, opina. “Lo cierto es que, al final, el ruido es lo único que se escucha. El PP busca deslegitimar a la oposición con un “ad hominen” ante cualquier propuesta o cuestionamiento que embarra toda acción política».
La política nacional se ha llenado de juicios con su origen en Madrid, región capital en la que se entrelazan como en ninguna otra las polémicas autonómicas y estatales. Una denuncia del PP madrileño, presentada por su secretario general, Alfonso Serrano, está en la raíz del caso Koldo, que ha destapado una presunta trama de amaños de contratos públicos que supuestamente implica al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y a un colaborador de ambos, Koldo García. Y el caso González Amador ha derivado en que el Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esté al borde del banquillo por un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de un email de esa causa.
En paralelo, la oposición ha llevado a los tribunales las polémicas que han rodeado a la familia de Ayuso, como ahora el proyecto de la F-1 en la capital; el caso FP, por el presunto fraccionamiento ilegal de contratos y facturas para obras en centros educativos; el de las 7.291 muertes en las residencias durante la pandemia; el que afecta a la número tres del PP, Ana Millán, por presunta prevaricación administrativa; o el caso Patio Campus, por el que ha sido destituido un director general del gobierno madrileño cuyo hermano preside una asociación que recibió una subvención de dos millones que investiga la Fiscalía. El gobierno regional niega que esa sea la causa, defiende el buen trabajo del afectado, y explica el cese como parte de una reestructuración para reducir costes.
“La agenda política la condiciona, claro que sí, ya que los medios preguntan por estos casos y piden reacciones”, explica Pilar Sánchez Acera, la secretaria de organización del PSOE de Madrid. “La estrategia, en nuestro caso, no tanto”, sigue, recordando que los socialistas proponen la aplicación de la ley de vivienda para topar los alquileres, que la vivienda pública nunca pueda salir al mercado, o regular más estrictamente los pisos turísticos. “Quizás la Asamblea, en especial los días de pleno, se ha convertido en un espacio poco interesante para los ciudadanos”, concede. “[Pero] No podemos obviar la corrupción en una comunidad que lleva 30 años en manos del PP (…) ni que su entorno se enriqueció en lo peor de la pandemia y que [la presidenta] vive en piso más un ático valorado en 1’8 millones pagado supuestamente con comisiones ilegales y dinero defraudado a Hacienda”.
En el PSOE no olvidan el “me gusta la fruta” del PP, un trampantojo impulsado por Ayuso para insultar como “hijo de puta” al presidente del gobierno. Y culpan a los conservadores de haber embarrado el terreno de juego hasta lograr que las polémicas desvíen la atención de la supuesta falta de iniciativa política de sus gobiernos en la región. Una interpretación que el PP rechaza.
“La Comunidad de Madrid no deja nunca de gestionar y de impulsar políticas, pero también hemos defendido que no hay que poner la otra mejilla”, opina Alfonso Serrano, la mano derecha de Ayuso como secretario general del PP de Madrid. “La izquierda pretende, también en esto, ejercer el monopolio sobre lo que se puede y no se puede denunciar”, sigue. “Nosotros no vamos a dejar de denunciar la corrupción del PSOE o los casos de acoso en Más Madrid [en referencia al caso Errejón y la dimisión de la diputada Loreto Arenillas] porque hacerlo significaría complicidad”, añade, argumentando que eso es compatible con ampliar la red de metro, o construir nuevos centros de salud y residencias. “El problema es de quienes no tienen propuestas y se dedican solo a criticar al adversario”, afea. “Nosotros tenemos tiempo para todo”.
Ese tiempo incluye haber convertido a la Comunidad en la región con más litigios pendientes de resolución con el Estado en el Tribunal Constitucional, a lo que se une que el gobierno regional haya registrado una veintena de recursos contra el Estado desde 2019 en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. En paralelo, el ejecutivo central también ha llevado al autonómico a los tribunales, y el PSOE, por ejemplo, ha recurrido decisiones como la de conceder una medalla honorífica al presidente de Argentina, Javier Milei.
El torrente de casos supone que cuando hay propuestas difícilmente pueden competir en impacto mediático y resonancia pública con la pelea política en los tribunales. Entre otras cosas, porque el recurso a la justicia hace ya tiempo que ganó mucho peso en la estrategia de los partidos. En la época de la polarización, el choque va por delante de las ideas.
Un circo
“Desde que el Gobierno de Ayuso centró su actuación en la defensa del ciudadano con “proyección social” [en referencia a González Amador] se han inundado los debates de acusaciones cruzadas en la Asamblea y desgraciadamente las propuestas en materia de vivienda, desigualdad en el territorio, falta de atención primaria, cambio climático… no se atienden, porque solo se escucha el ruido», lamenta un veterano político socialista. “Deberíamos insistir en difundir nuestras propuestas“, plantea.
Su desencanto es solo un síntoma de la dolencia que aqueja a la política madrileña. La oposición se queja de que los plenos del Ayuntamiento y la Asamblea se han convertido en “un circo” animado por “la barra libre” de la mayoría absoluta del PP. Señalan la responsabilidad en ello de las respectivas presidencias, a las que acusan de sordera selectiva. Pero nadie está libre de culpa. Los gritos se responden con gritos, no con silencio. La apuesta por intervenciones más pensadas para lucir en X que para desatascar un problema de los ciudadanos es la norma general. Y así el ruido se impone, sin que se escuchen las ideas.
