Dos empresarios del ‘caso Koldo’ se desvinculan de los tejemanejes de Aldama

Dos empresarios imputados en el caso Koldo, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, se han desmarcado este viernes en la Audiencia Nacional de los tejemanejes urdidos por el comisionista Víctor de Aldama para conseguir las adjudicaciones de compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus de 2020. Ambos han declarado ante el magistrado Ismael Moreno y, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, han insistido en la legalidad de los contratos firmados y en que no saben nada de las mordidas pagadas por Aldama a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y su asesor Koldo García.

El Tribunal Supremo ya condenó el pasado junio a cárcel a Ábalos, García y Aldama —aunque suspendió la entrada en prisión de este último— y dio por probado el abono de esas comisiones irregulares. Sin embargo, la Audiencia Nacional aún mantiene abierta la causa contra el resto de presuntos implicados en la trama, que no se sentaron en el banquillo en aquel juicio. Unas pesquisas que se encuentran en su fase final, según fuentes de la investigación.

Este viernes, Rotaeche ha sido el primero en declarar ante el juez. El empresario, que se encontraba al frente de la compañía Soluciones de Gestión (usada para conseguir las adjudicaciones), ha respondido a preguntas durante más de una hora. Después le ha seguido Cueto, que financió la operación para la adquisición del material sanitario que se revendió a la Administración. Según fuentes jurídicas, ambos han mantenido una línea similar de defensa. Han repetido que no tienen nada que ver con contratos ilícitos, ni con comisiones irregulares. Han dicho que nunca han pagado mordidas. Y han remachado que no sabían nada de las maniobras de Aldama para comprar al ministro Ábalos.

Ante esas evasivas, la Fiscalía Anticorrupción ha preguntado sobre uno de los principales indicios que consta en el sumario y que el Supremo consideró acreditado: cuatro días antes de que se publicase la orden ministerial para comprar ocho millones de mascarillas, Soluciones de Gestión y el grupo empresarial de Cueto firmaron un contrato para suministrar esa cantidad. Los imputados han asegurado que esa incongruencia se debe a que el acuerdo entre las compañías está mal fechado y han anunciado que están trabajando en una pericial para demostrar esa equivocación.