Carlos Mur, el ex alto cargo de la Consejería de Sanidad madrileña que alertó de la falta de médicos en las residencias de mayores debe comparecer ante un juzgado el martes a las 10.00, según han comunicado este viernes las asociaciones de familiares. La citación es la primera que se conoce después de que EL PAÍS revelara un correo interno del 20 de marzo de 2020, al principio de la crisis sanitaria, en el que avisaba a sus superiores y a los de la Consejería de Políticas Sociales de que no estaba llegando un refuerzo médico a las residencias de mayores. Además, también debe comparecer el médico que redactó los protocolos que restringieron drásticamente las hospitalizaciones, Francisco Javier Martínez Peromingo; y el ex gerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca.
Carlos Mur debe comparecer en otro procedimiento junto al médico redactor de los protocolos y el gerente de las ambulancias
Carlos Mur, el ex alto cargo de la Consejería de Sanidad madrileña que alertó de la falta de médicos en las residencias de mayores debe comparecer ante un juzgado el martes a las 10.00, según han comunicado este viernes las asociaciones de familiares. La citación es la primera que se conoce después de que EL PAÍS revelara un correo interno del 20 de marzo de 2020, al principio de la crisis sanitaria, en el que avisaba a sus superiores y a los de la Consejería de Políticas Sociales de que no estaba llegando un refuerzo médico a las residencias de mayores. Además, también debe comparecer el médico que redactó los protocolos que restringieron drásticamente las hospitalizaciones, Francisco Javier Martínez Peromingo; y el ex gerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca.
El procedimiento, en el juzgado de instrucción 37 de Madrid, es uno de varios abiertos contra estos responsables en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que gestionaron la respuesta a la primera ola de la pandemia de coronavirus, cuando Madrid se convirtió en el epicentro europeo de la debacle sanitaria. Se les investiga una supuesta discriminación en el acceso a la sanidad pública por una serie de decisiones tomadas durante una crisis en la que miles de personas murieran en condiciones indignas en las residencias de mayores.
Los hechos se investigan en distintos juzgados en función del partido judicial donde residían los fallecidos. Peromingo ha declarado en dos ocasiones, Mur en una y Busca aún en ninguna. Además, hay un cuarto imputado que no ha comparecido aún como investigado, el ex asesor Antonio Burgueño.
Las asociaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia 7.291 han enviado sendos comunicados en los que vuelven a pedir a Mur que responsabilice a sus superiores. Recuerdan que el protocolo de triaje para las residencias era conocido por el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la viceconsejera Ana Dávila.
También piden que la presidenta Ayuso dé explicaciones sobre por qué dio prioridad al envío de médicos al hospital de campaña de Ifema, que bautizó como “hospital milagro”. La dirigente madrileña llamó la semana pasada “plataformas de frustrados” a estas dos asociaciones, sobre las que dijo que llevan 143 casos judiciales perdidos. Este jueves en la Asamblea rectificó al decir que se refería a que en esas asociaciones hay ex políticos del PSOE y Más Madrid.
“Ayuso tiene que dejar de esconderse tras sus insultos a las víctimas y explicar a toda la sociedad madrileña por qué tomó esta decisión, que afectó a la vida y la salud de miles de residentes madrileños”, dicen en su comunicado.
Las partes aún están pendientes de una decisión que puede dar un vuelco a la causa: la Audiencia Provincial sigue sin comunicar si ha decidido sobre la petición de las familias y de un imputado, Peromingo, de acumular todos los procedimientos en un solo juzgado, al estilo de lo que ha sucedido en la macrocausa de la Dana valenciana.
El juzgado 37 investiga una querella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la pandemia, según han informado las asociaciones. Además, está citada a declarar como investigada la que entonces era la geriatra del Hospital Ramón y Cajal que se encargaba de aplicar el filtro de los protocolos a las residencias de su zona de influencia.
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